1996. La crisis económica incidía sobre la estabilidad política del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Arrastrando la crítica descomposición del PRI mostrada en el magnicidio del candidato presidencial y otros asesinatos producto de la violencia política, la injerencia del expresidente Carlos Salinas de Gortari a raíz de la acusación y detención de su hermano Raúl, las presiones del PAN por alcanzar otras posiciones y la movilización de bases sociales de la izquierda, obligaron a introducir nuevas reformas constitucionales al sistema electoral frente a las presiones de Estados Unidos y otros organismos internacionales que cuestionan la fortaleza de la democracia mexicana.
La caída del sistema fue el punto que marcó la crisis del sistema electoral mexicano. La necesidad de legitimar el ejercicio del poder de gobiernos que mantienen el control de las instituciones electorales, por un lado, y contener el avance del entonces recién fundado PRD presidido por Cuauhtémoc Cardenas, por el otro, en 1990, se modificó el tramado institucional para acotar aparentemente las atribuciones electorales del gobierno. Seis años después, las reformas a modo no satisficieron las demandas de eliminar la injerencia gubernamental en el sistema electoral y controles en los procesos electorales. Los obstáculos al avance democratico evidencian el agotamiento que acabó por deslegitimar la lucha y relaciones de poder, provocando a la vez, crisis políticas al propio gobierno.
El 4 de julio de 1996, Giovanni Sartori participó en la Tercera Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Federal Electoral. Límites de la ingeniería constitucional, tituló su conferencia, en la que aseguró: el propósito de la ingeniería constitucional “es controlar y limitar el ejercicio del poder politico…Dependiendo de qué sistema electoral forma qué tipo de sistema de partidos,…y es que los sistemas de partidos pueden ser moldeados y cambiados por un sistema electoral”.
El problema de las democracias se encuentra cuando el gobierno se apropia del sistema electoral para darse el sistema de partido que requiere, de ahí “la importancia de las reglas constitucionales en sí…No obstante,…una buena constitución no puede dar mucho si se ve socavada por un mal sistema de partidos”. Los planteamientos de Sartori a veintiséis años de distancia resultan ser un diagnóstico de la problemática que enfrenta la iniciativa presidencial de reformas constitucionales al sistema electoral.
En Límites de la ingeniería constitucional -México, INE, Colección Conferencias Magistrales, 2020- Sartori aseguró, en 1996, que “Desde hace mucho tiempo sostengo que los sistemas electorales son los instrumentos de mayor manipulación de la política. Por el mismo motivo, aquí empieza la ingeniería constitucional”. Esta premisa describe con precisión la resistencia del presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello contra las reformas propuestas por el presidente López Obrador. La “manipulación de la política” se encuentra tanto en los procedimientos legales de integración del Consejo General como en todo el tramado jurídico del sistema electoral que determina un sistema de partidos útil a los intereses económicos y políticos gubernamentales.
Esto es posible porque “los sistemas electorales convierten los votos en curules de muchas maneras distintas, y ya he detallado en otros escritos cómo los sistemas electorales o renuncian a, o permiten la multiplicación del número de partidos, determinando así la naturaleza del sistema de partidos, su desempeño sistémico…y, en cierto grado también, la naturaleza de los partidos per se”, explica Sartori. La compleja problemática derivada entre sistema electoral y sistema de partidos para admitir reformas constitucionales tendientes a controlar y limitar el ejercicio del poder político, apunta hacia la conservación del orden establecido toda vez que la institución electoral, pese al estatus de ente autónomo, es resultado de la lucha política de las élites gobernantes por seguir controlando el sistema electoral para contener la ampliación de derechos intrínsecos de las democracias directas, aunque ello implique socavar el fin de la ingeniería constitucional. Los partidos per se definen la orientación política a partir de los intereses de clase que representan y defienden a través del sistema electoral que legitima las relaciones de poder en las democracias, sin excluir la mexicana.
