Al encontrarse culpable de haber conformado una empresa criminal conspirativa para propiciar la introducción de drogas a Estados Unidos, García Luna acusa la responsabilidad política de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que desde las estructuras de seguridad e inteligencia del Estado mexicano en las que trabajó el inculpado, se protegió a uno de los poderosos cárteles del narcotráfico. El veredicto obliga a revisar el tramado de colusión con el narco para encauzar la judicialización de otros implicados en México, por lo que el deslinde del PAN no es una exculpación ni políticamente aceptable.
La corrupción es el aspecto visible de esa red del más alto nivel. Sin embargo, aún catalogada como delito grave en México, García Luna no fue juzgado por corrupción. Los cargos por los que fue sometido a juicio en Estados Unidos están relacionados con el narcotráfico y se realizaron en nuestro país bajo el amparo del poder presidencial. Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderon, bajo esta premisa, han de ser investigados por la FGR y comisiones legislativas nombradas exprofeso.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel exigió, el último día de febrero, de inmediato la publicación de las reformas electorales ya aprobadas -convencido de que su exigencia tiene el respaldo de la fuerza política de la manifestación del Zócalo- quien aspira a la candidatura presidencial por segunda ocasión, desestima las consecuencias del juicio de la corte neoyorquina y, de esa manera, pretende evitar esa contaminación que le signifique a su partido perder márgenes de negociación dentro de la coalición Va por México para definir los mecanismos de elección de la candidatura presidencial.
Los cálculos políticos del PAN están en el interés de silenciar las consecuencias de culpabilidad del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. No obstante, otros casos, el involucramiento de legisladores de este partido en supuestos sobornos provenientes de Odebrecht para aprobar las reformas peñistas de privatización del petróleo y la industria eléctrica; los negocios del cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez gobernada por el PAN; la protección del Congreso de Tamaulipas al exgobernador García Cabeza de Vaca para impedir el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados; o los perseguidos políticos que viven en Estados Unidos que tienen expedientes judiciales abiertos, comprometen directamente al PAN. Para sacar del debate público estos asuntos, la oposición utiliza el #Mi voto no se toca para intensificar campañas de odio, propagar mentiras y diseñar coberturas de desinformación acerca de las reformas politico-electorales del gobierno lopezobradorista. La actuación de los dirigentes del PRI y PAN ha provocado una crisis de credibilidad transferida a toda la oposición, aparte de enfrentar pugnas internas que presionan su salida estatutaria con el fin de que otros cuadros políticos desplazados hoy se hagan del control del partido y así manejar el proceso de selección de candidatos con la patronal que auspicia Va por México.
En estas circunstancias, Unid@s, FCN y otras 120 organizaciones de la sociedad civil -la postura de la derecha de presentar un “movimiento ciudadano” por la defensa de la democracia y en contra de la dictadura electoral de un solo hombre– encuentran en declaraciones de funcionarios estadounidenses posicionamientos en contra de las reformas del Plan B. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de “gran debate” de una “democracia vibrante” el curso de acontecimientos alrededor de las reformas electorales. El reconocimiento de “la soberanía de México” para darse “instituciones electorales independientes, bien estructuradas que fortalezcan el proceso democratico y el Estado de derecho, (observa) en “las protestas contra cambios electorales en México…retos de la democracia…que han puesto a prueba y continúan poniendo a prueba la fuerza de instituciones electorales y judiciales independientes…un sistema electoral independiente con buenos recursos y respeto a la independencia judicial apoya una democracia saludable”. Un semanario apuntó como una crítica “entre líneas” estas declaraciones en momentos de mayor valoración mediática de la manifestación del domingo 26.
El viernes 24 los presidentes de los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado, Michael McCaul y Bob Menéndez, firmaron una declaración conjunta sobre la aprobación de las reformas electorales que al “recortar las capacidades de financiamiento y fiscalización del INE…ha puesto en peligro el futuro de las instituciones democráticas (y) devolver a México a su oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente”, luego de la publicación del artículo de portada The New York Times, donde se asegura que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar envió informes a Washington para advertir sobre los riesgos a la democracia que representa el Plan B.
La coyuntura desarrollada a través de estos sucesos entrecruzados incide sobre el curso de la sucesión presidencial, más aún si la injerencia estadounidense es vista como factor para fortalecer a la extrema derecha mexicana.
