El doctor Córdova Vianello al revisar la trascendencia de las reformas de 2014 destacó en la introducción al libro Cien años del sistema electoral mexicano: continuidad y cambio que el acompañamiento del INE persigue “robustecer la autonomía” de los órganos locales, aunque en ocasiones se hayan tomado medidas drásticas en el ejercicio de la facultad de atracción, “subrogando al Consejo General del OPLE para conducir los trabajos de la elección local (Durango, 2016) con estricto apego a los principios rectores de la función estatal…la intervención del INE fue literalmente para blindar al OPLE frente a la injerencia de los poderes locales”. El reconocimiento de que las estructuras electorales locales funcionan bajo el control de gobernadores y otros actores políticos, más la centralización de las funciones sustantivas de la organización de elecciones en el Consejo General del INE, son todavía motivo de conflictos políticos a ocho años de distancia.
El haber blindado “los procesos electorales subnacionales…propósito fundamental de la reforma de 2014…muchos, en su momento, consideramos un abuso en la interpretación del legislativo constitucional…la determinación de que la potencial intervención del INE sirva para contribuir a la equidad, estandarización e imparcialidad de las contiendas locales”. El entonces recién electo consejero presidente tenía plena conciencia de la formalidad legal sobre la que fue diseñada la centralización de las funciones esenciales del INE -la estructura vertical de la línea de mando del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva- y “Algunos acuerdos…provocaron…Y lo digo así, sin medias tintas, aunque esto pudiera generar escozor: un acuerdo del INE hoy está o puede estar colocado jerárquicamente por arriba de una constitución local”.
No solo esta intervención centralista de la máxima autoridad electoral provocó escozor entre las fuerzas políticas al “dilucidar qué jerarquía normativa tiene un reglamento o un acuerdo” dentro del derecho constitucional, sino otras reacciones se dieron en el Poder Legislativo contra el abuso interpretativo que hizo el INE de las reformas constitucionales y demás leyes secundarias para atribuirse facultades legislativas de que carece cuando emite acuerdos subrogatorios al orden jurídico Federal y locales.
El último párrafo de la introducción del doctor Córdova Vianello contiene esta conclusión: “estamos en esta función de árbitro de una competencia, pero de una competencia más ruda que es la disputa por el poder…(competencia) dentro de los límites…y reglas que todos aprobaron, para que el resultado, cualquiera que éste sea, se acepte y sea legítimo. Esa es la lógica de la reforma de 2014: fortalecer la imparcialidad y equidad en la que transcurre la competencia democrática por los poderes públicos, con una institucionalidad electoral robustecida en su autonomía”. El voluntarismo del presidente del INE, desprendido de las reformas constitucionales de 2014, ha mostrado cómo la confrontación política de los procesos electorales habidos después de ese año revelan que el sistema electoral correspondiente al régimen de aquella representación partidista hegemónica (PRIAN) no admite modificaciones impulsadas por otras fuerzas políticas progresistas.
No se trata sólo de acabar con los privilegios de la alta burocracia del INE, la opacidad total de los fideicomisos sobre el manejo millonario de recursos públicos y, lo peor, utilizar la autonomía como escudo contra el escrutinio público y la crítica al desempeño de algunos consejeros que pretenden atajar todo intento de modificación de la estructura electoral que consolidó un sistema ominoso de parcialidad, sino cerrar la época hegemónica del PRI-PAN sustentada en la repartición de cuotas de poder dentro del Consejo General; y hoy luchan esos partidos por conservar el control del INE con una “lluvia” de recursos legales alineados con los intereses políticos de la SCJN, reducto del conservadurismo y trinchera de los intereses económicos de la extrema derecha mexicana.
Discurso sesgado
El discurso sesgado de Lorenzo Córdova Vianello es producto de las circunstancias políticas que rodean su salida del INE, a principios del mes próximo, y revela además los conflictos de interés creados desde hace más de una década. Estos aspectos fundamentales condicionan su activismo político desplegado en razón de conservar el sistema electoral que posibilitó la llegada al poder de las élites tecnocráticas responsables de instaurar el modelo neoliberal derivado del Consenso de Washington, y con ello, la transición democrática hacia un régimen de gobiernos plutocráticos.
Durante el largo proceso de transición hacia la democracia neoliberal se contuvo el avance de movimientos obrero-populares y la desarticulación de éstos de la ya simbólica influencia del PCM -cuando corrían paralelamente los años de exterminio de grupos guerrilleros urbanos y rurales- y la aparición de partidos auspiciados desde el poder para cooptar la unificación de fuerzas progresistas dentro de los partidos Revolucionario de los Trabajadores, Socialista Unificado de México y de la Revolución Democrática, en la primera etapa de éste. Las nuevas élites gobernantes terminaron por desplazar viejos cuadros de políticos herederos de la ideología del nacionalismo revolucionario de la familia revolucionaria, y determinó el replanteamiento de relaciones de poder a través de un sistema electoral a modo de la “la renovación pacífica y periódica del poder político”, para utilizar las palabras del doctor Córdova, sin contrapesos y equilibrios hasta 2014, según él.
En el seminario de 2017, el expresidente del IFE (2008-2013) Leonardo Valdés Zurita, profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuvo una participación muy distinta a la del actual consejero presidente del INE. Sin la ostentación de ningún cargo público presentó el ensayo “Cien años de reformas políticas y electorales” -incluido en el libro Cien años del sistema electoral mexicano: continuidad y cambio (México, IEEM, 2021)- una revisión documentada que permite contextualizar las condiciones políticas de otros fenómenos subyacentes determinantes de la conformación del régimen presidencialista, erigido para contener y retrasar la apertura democrática exigida desde bases sociales en lucha, no siempre a través de los partidos. La evolución de ese sistema electoral validó mecanismos de control, primero a través del voto de la mayoría priista en la Cámara de Diputados y, posteriormente, la instrumentación de un sistema de partidos periféricos para fragmentar el voto entre la oposición oficialista y los partidos progresistas.
La postura inamovible como rotunda de Lorenzo Córdova sobre la equidad de la contienda electoral garantizada por el sistema electoral, sin las reformas lopezobradoristas, dista mucho de aquella “noche del 2 de julio de 2006, (cuando) el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, emitía un anuncio en cadena nacional para señalar que el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar era tan estrecho que, en ese momento, resultaba imposible anunciar a un candidato ganador en las elecciones presidenciales”. La cita del libro Poder político ¿control mediático? Apuntes sobre política y reforma electoral de 2007 (México, IEEM, 2022) de Carlos R. E. Gómez Rodríguez ilustra la falacia de que elecciones han sido ciertas, confiables, equitativas e imparciales, ya que ese 0.56 % desató uno de los conflictos poselectorales más significativos de cómo las reglas aprobadas por la partidocracia representada inequívocamente, de forma hegemónica, en el Consejo General del IFE-INE son rebasadas por fuerzas políticas rupturistas.
De los aspectos fundamentales del orden constitucional, de 1917, sobresalen el establecimiento de normas básicas para la elección popular del presidente y la construcción de gobiernos representativos. En 1946 inició una nueva etapa del sistema electoral mexicano caracterizada por la intervención del gobierno federal, afirma Valdés Zurita, en la organización de las elecciones, el registro de partidos y la elaboración del padrón electoral por la Comisión de Vigilancia Electoral. Otras reformas constitucionales (1977, 1990, 1996, 2008 y 2014) expresan la naturaleza de fenómenos políticos que les dieron origen, y todas relacionadas con el sistema electoral, o mejor dicho, encontraron en éste los mecanismos mediante los cuales se impusieron restricciones contra la lucha por acceder al poder a través de la vía electoral, cuando el agotamiento de la representación del partido único tuvo que recurrir a la caída del sistema y a prácticas ostentosas de fraudes electorales, causas de la ilegitimidad de gobiernos constituidos por el PRIAN.
Nota. Los datos históricos, de resultados electorales y las citas entre comillas fueron tomados del libro Cien años del sistema electoral mexicano: continuidad y cambio. Coordinador Leonardo Valdés Zurita (México, IEEM, 2021). La contextualización e interpretaciones son responsabilidad del autor.
