El expresidente del IFE, José Woldenberg presentó el jueves 2 de este mes Izquierda y democracia en la Feria Internacional del Libro de Minería. El salón permaneció casi vacío y contadas fueron las personas solicitantes de una dedicatoria al final del acto. Salió a los pasillos y recorrió la ruta de salida del recinto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM sin que fuera interrumpido su paso. Nada hubo que recordara la multitudinaria concentración del Monumento de la Revolución de aquel mediodía del domingo 13 de noviembre, donde fue aclamado como orador en defensa de #El INE no se toca.
Woldenberg no hizo ninguna contribución académica para explicar la naturaleza de las reformas al sistema electoral o análisis comparativo alguno sobre la actual normatividad y los cambios introducidos legalmente a las leyes secundarias. Repitió los argumentos sobre temas como el origen viciado del proceso legislativo por el cual fue aprobado el Plan B; los recursos de inconstitucionalidad que pueden ser ya presentados ante la SCJN -hoy fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, dijo- las controversias de los partidos y amparos de particulares; el despido de miles de trabajadores; la inexistencia de condiciones para introducir los cambios a la estructura del INE; las funciones sustantivas de las Juntas Distritales y demás órganos de gobierno; el recorte presupuestal y las afectaciones a la expedición de credenciales y capacitación de ciudadanos, entre otros. La presentación se utilizó para exponer un discurso ajustado a las consignas políticas de la oposición, nada más.
Al igual que el activismo del doctor Córdova Vianello, Woldenberg acudió a la FIL de Minería para instalar un foro opositor a la aplicación del Plan B. Borran intencionalmente ambos la historia del sistema electoral mexicano. Cuando a los partidos se les concedió el monopolio de la postulación de candidatos, en 1946, ese mismo año nació el PRI, heredero del corporativismo del PRM, y no fue hasta el primero de abril de 1977, con el discurso de Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, en Chilpancingo, Guerrero, que se anunció otra etapa relevante de reformas constitucionales del sistema electoral, con el fin de contener los conflictos poselectorales generados por el indiscutible triunfo de José López Portillo, candidato presidencial único, el año anterior.
El desprendimiento de la Corriente Democrática del PRI, en 1987, fue antecedido de otros. En 1948, de la CTM salió el grupo que fundó al Partido Popular, cambiando de nombre, PPS trece años después, y en 1954 se creó el PARM con facciones militares relegadas de posiciones políticas. Con la reforma constitucional de 1953 se reconoció el voto de la mujer, y diez años más tarde, se incorporó a la Constitución la figura de diputados de partido. Comenzaba el deterioro del dominio priista evidenciado por movimientos sociales del magisterio, campesinos y estudiantiles atajados brutalmente con toda la fuerza militar del Estado, la cual se extendió contra la guerrilla surgida en distintas regiones del país, incluyendo el Distrito Federal.
Las reformas constitucionales de 1963 establecieron para los partidos que alcanzaran el 2.5 % de la votación la asignación de 5 diputados de partido y uno más por cada medio punto porcentual hasta llegar a un total de 20 diputados, descontando de ese total los triunfos distritales ganados. Este mecanismo legal aseguró el predominio territorial del PRI y posibilitó el desarraigo de los candidatos distritales de los partidos minoritarios de oposición, de entre quienes saldrían los diputados de representación partidaria de acuerdo con los mayores niveles de votación obtenidos. Cuando se aplicó esta normatividad del sistema electoral, en 1964, se requirió de acuerdos políticos. Al no alcanzar el porcentaje de 2.5, el PPS y PARM quedaban sin diputados de partido, por lo cual el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados decidió atender el espíritu de la ley para otorgar las cinco curules a cada uno de esos partidos, y en el caso del PAN, con el 11.5 %, obtuvo dos triunfos distritales y 18 de partido. El imperativo de ese entonces era legitimar la retención del poder en manos del PRI a través de reformas constitucionales que no atentara el predominio del partido de Estado.
Esta composición de la Cámara de Diputados reconstruida por Valdés Zurita, junto con la elección presidencial de Díaz Ordaz, no fueron las causas de la crisis política de ese gobierno. Los movimientos sociales reivindicatorios de justicia pusieron de manifiesto que los cambios de la representación política entre las élites partidistas para gobernar ya no corresponden a los reclamos democráticos de los intereses de las clases obrera, campesina y de sectores de la clase media, y evidenciaron que la familia política posrevolucionaria había abandonado sus causas al haberse encumbrado en un régimen autoritario, represor.
Campaña
Los mitos del doctor Lorenzo Córdova contra las reformas del sistema electoral están definidos para sostener la campaña en los medios de comunicación -que “seleccionan, editan, alteran y hasta llegan a manufacturar realidades…Con ello, la agenda gubernamental puede prosperar o sucumbir según el acuerdo de esos intereses”, afirma Carlos R. E. Gómez Rodríguez, autor del libro Poder político ¿control mediático? Apuntes sobre política y reforma electoral de 2007 (México, IEEM, 2022)- y de paso, presentar la historia electoral de México, desde el poder, como el ideal alcanzado para legitimar la democracia del pacto fundacional de 2014, del que él forma parte.
La lucha por el control del INE ha involucrado a la SCJN y al TEPJF, instituciones que se perfilan para resolver la inconstitucionalidad de las reformas y el desmantelamiento de la aplicación del Plan B en dos sentidos: el primero, impedir la modificación de la estructura del Instituto; segundo, los procesos electorales de éste y el año próximo no sean regulados por la normatividad ya aprobada. La restitución de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva ordenada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, así como la resolución esperada sobre si las consejeras Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz pueden aspirar a la presidencia del INE, son actos de cómo la intervención del Poder Judicial blinda al sistema electoral, que aún conserva el predominio del régimen impuesto por el PRIAN.
La autoridad del presidente del INE radica en que sus argumentos siguen siendo útiles para instrumentar contenidos ideológicos en contra de las reformas lopezobradoristas. Esta necesidad ideológica para legitimar las reformas politico-electorales tiene referentes. El 4 de agosto de 1977, Jesús Reyes Heroles daba por concluidas las audiencias públicas en las que se habían expuesto consideraciones y posicionamientos políticos sobre la realidad democrática mexicana. La Comisión Federal Electoral, “acatando los deseos del Presidente de la República…Nos ceñimos estrictamente a las instrucciones presidenciales” -decía el secretario de Gobernación, con esa disciplina institucional que caracterizó al régimen priista- conoció de los partidos, organizaciones y ciudadanos opiniones acerca de la reforma política propuesta, órgano electoral que procesaría todos los planteamientos presentados. Hoy, las afirmaciones del doctor Lorenzo Córdova fundan la acusación de la intromisión del gobierno a la autonomía del INE.
La aplicación del espíritu de la ley también requirió de la respuesta ideológica dada la transgresión a la Constitución por parte del Colegio Electoral. Por ello, en 1971, ordenó el presidente Echeverría reformar el ordenamiento constitucional para reducir a 1.5 el porcentaje de la votación con la finalidad de asignar diputados de partido, aumentando el número a 25, y para las elecciones intermedias, promulgó una nueva ley electoral donde se reguló el acceso a tiempos gratuitos en radio y televisión a los partidos, pero esta prerrogativa quedó bajo el criterio discrecional de la CFE controlada por el gobierno y el PRI, por lo que esa gestión se redujo a la mínima presencia de los partidos minoritarios. Y en todas estas reformas constitucionales y legales no hubo acuerdo alguno con las fuerzas políticas, a las que se les impone el deseo presidencial a través de la abrumadora mayoría priista en el Congreso de la Unión.
De la incorporación de fuerzas minoritarias a “nuestra unidad democrática” -enfática convicción del ideólogo Reyes Heroles para fijar los fines de la reforma política: mantener la apropiación del sistema electoral por tiempo indefinido- la concertacesión para legitimar el gobierno de facto, en palabras de Luis Héctor Álvarez durante las reuniones llevadas a cabo en Palacio Nacional, hasta el Pacto por México establecido un día después de la posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, los cambios constitucionales y legales al sistema electoral responden a nuevas condiciones de la lucha política por el poder público. Si en 1977 se llevó a cabo una reforma política para la reconfiguración del sistema de partidos bajo el control de la Comisión Federal Electoral y del Colegio Electoral, ambos órganos electorales dominados por el gobierno y el PRI, cuarenta y cinco años después, el INE conserva una estructura de mando y de representación de cuotas de poder de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, los cuales han encontrado en el consejero presidente del Consejo General un aliado ideológico y político para frenar los cambios al sistema electoral a través de la Corte, porque es su tiempo de definir su autonomía e independencia.
Nota. Los datos históricos, de resultados electorales y las citas entre comillas fueron tomados del libro Cien años del sistema electoral mexicano: continuidad y cambio. Coordinador Leonardo Valdés Zurita (México, IEEM, 2021). La contextualización e interpretaciones son responsabilidad del autor.
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