El financiamiento de los partidos con recursos públicos, regulado legalmente, responde a la necesidad de erradicar el legado de prácticas corruptas del régimen priista, y recientemente, combatir el procedente de organizaciones del narcotráfico o civiles operando fondos públicos o privados a través de triangulaciones financieras ilícitas. Esta problemática, por sí misma, da cuenta de la consolidación del sistema de partidos desarrollado desde el poder durante décadas del siglo pasado -partidos creados por instrucciones presidenciales (PST, PFCRN) o conservados otros artificialmente (PPS, PARM)- y en la actualidad atraviesa una crisis de representación política determinante de otra etapa de la transición democrática.
Las pugnas y desprendimientos priistas de fines de los años ochenta propiciaron la conformación de fuerzas políticas opositoras que habían optado la vía electoral para acceder al poder, y al mismo tiempo se daba la alianza de otras emergentes entre las nuevas élites tecnocráticas gobernantes y la derecha pragmática del PAN. Estos acontecimientos políticos influyeron para definir el modelo de financiamiento de partidos, no visto solamente como instrumento de cooptación sino de predominio de los intereses de la partidocracia neoliberal que ya tenía bajo su control el sistema electoral, desde principios de los años noventa.
Entre 1996-2014 tuvieron lugar la alternancia y las elecciones presidenciales más conflictivas. De las secuelas críticas destaca la responsabilidad política de las autoridades electorales sobre la fiscalización de fondos no reportados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y también en este periodo se introdujeron reformas importantes al financiamiento de los partidos, hasta hoy vigentes con algunos cambios. La secrecía con la que se manejan los ingresos de los partidos utilizados en campañas electorales, la presidencial de manera relevante -incidencia que impacta la inequidad proselitista y los resultados electorales- a pesar de la regulación que prohíbe el desvío de recursos públicos y donaciones privadas anónimas, en 2000, permitió se introdujera ilícitamente fondos para beneficiar las candidaturas de Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, lo que provocó la inconformidad del candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El Pemexgate y Amigos de Fox fueron escándalos no conflictos electorales que pusieran en riesgo la legalidad de la elección presidencial. Incluso, las sanciones (un mil y 545 mdp de multas impuestas al PRI y PAN, respectivamente) se dieron tres años después y descontadas del financiamiento anual aprobado para 2004. Así de laxa la legislación. Las reformas constitucionales de 2014 introdujeron al modelo de financiamiento criterios para distinguir entre campaña presidencial y del Congreso de la Unión, y la fórmula de cálculo de la distribución de fondos públicos, esencialmente definidos, en 1996. Lo que sí provocó la centralización de las funciones sustantivas del INE fue el abuso interpretativo de la ley por parte del Consejo General, el cual aprobó acuerdos de fiscalización de gastos de precampañas y campañas electorales, alterados sin previo aviso y a modo, para sancionar prácticas que podrían llegar a la cancelación de candidaturas, como ocurrió en 2022. La discrecionalidad de la aplicación de estas sanciones por parte del INE fue denunciada por Mario Delgado, dirigente de MORENA.
El financiamiento de campañas con dinero del narco representa una problemática de graves consecuencias, porque esta injerencia es una amenaza a la seguridad nacional y factor de intervencionismo militar en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, además, una presión condicionante de la política exterior mexicana. Las prácticas corruptas de financiamiento de los partidos con recursos públicos indican que los controles legales son insuficientes, pero el procedente del narco infiltrado a las campañas ha puesto a límites muy peligrosos la legalidad de gobiernos locales y del Federal. En razón de esto, el caso García Luna, es el antecedente más delicado que ha incidido en el umbral de un narco Estado durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo con las evidencias testimoniales reveladas en el juicio de la Corte de Nueva York. Los sobornos millonarios de dólares derivaron en la erosión de la capacidad institucional para combatir la violencia criminal de las organizaciones del narco, y comprometieron los mecanismos de contrainteligencia del Estado mexicanao.
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