Para el MenC Emmanuel González Rogel, director de la UPIICSA del IPN, por hacer de la educación inclusiva una práctica cotidiana.
La lucha política detonada por la sucesión revela que ya no es la de grupos de un mismo partido peleando por ascender al poder. La confrontación facciosa durante el periodo de cuando el presidente mantenía la designación del candidato bajo control, la sucesión presidencial se ajustaba a la parafernalia de ritos sexenales para ocultar los métodos arbitrarios del régimen priista, los cuales aseguraban la continuidad y mantenían a la oposición marginada del poder. El agotamiento de la democracia simulada produjo la inviabilidad del dedazo, y en 1988, el fraude electoral fue seguido de la legitimación del gobierno de facto a través del pacto con el PAN, la oposición de derecha beneficiada de la escisión del partido de Estado.
El asesinato del candidato presidencial, en 1994, fue la manifestación cruenta de cómo llegó a su fin el dedazo. La violencia política cada vez más evidente en las relaciones de las élites gobernantes, agravada por la de las organizaciones criminales del narcotráfico, principalmente, modificó las facultades metaconstitucionales post revolucionarias de que se sirvió la clase política para alternar el poder entre facciones del PRI. Después de 1988, la concertación obligada determinó otros mecanismos de cooptación, los cuales, con el paso del tiempo, se transformaron en pactos electorales hasta llegar a coaliciones de gobierno de derecha. La alternancia del PRIAN no sólo dio lugar al cierre de una apertura democrática, sino que consolidó el sistema electoral y de partidos como controles para contener las fuerzas políticas progresistas en la condición de minorías marginales; otras (MC, PRD) acabaron siendo útiles minorías instrumentales del oportunismo y golpismo.
El pujante avance de movimientos sociales populares -criminalizados por la extrema derecha patronal que ordena la intervención del gobierno para sofocarlos sin fintas– ha erosionado y acotado algunos mecanismos de dominio de la democracia neoliberal; mecanismos convertidos en poderes normalizados de la gobernanza para la cual “El poder estatal moderno no es otra cosa que un comité que administra los negocios comunes de la clase burguesa…Allí donde ha llegado al poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones…idílicas…Ha sustituido, en una palabra, la explotación velada por ilusiones políticas y religiosas por la explotación franca, descarada, directa y escueta”.
El radicalismo, polarización y laconismo caracterizan el estilo literario del Manifiesto -escribe Jacobo Muñoz Veiga para la edición crítica Marx (editorial Gredos, España, 2012) en la que se compila Textos de filosofía, política y economía Manuscritos de París Manifiesto del Partido Comunista Crítica del programa de Gotha– y a ciento setenticinco años de haber sido redactado, la descripción de que hace de las relaciones de clase sigue respondiendo a la imposición de “los objetivos políticos de dominio” capitalista. “Toda lucha de clase es, sin embargo, una lucha política”, argumenta Marx. Y la defensa que le posibilitan los mecanismos de dominio de la democracia neoliberal a las ahora minorías políticas contra la pretendida soberanía del “pueblo” -terminó expresamente usado por Francisco José Paoli, el lunes 15, en el programa Primer Plano- da cuenta del grado de confrontación de la lucha por el poder.
Los “estratos intermedios” al hacer frente a las tendencias de pauperización social los convierte en “conservadores. Más todavía, son reaccionarios, tratan de hacer girar hacia atrás la rueda de la historia…Las leyes, la moral, la religión son para (el proletariado) el moderno sojuzgamiento bajo el capital…Todas las clases que en el pasado lograron convertirse en dominantes, trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo la sociedad entera a las condiciones de su modo de apropiación…La condición esencial de la existencia y del dominio de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza”. El proceso histórico de dominio de la democracia neoliberal determina la evolución de la lucha política de los partidos de derecha contra gobiernos progresistas y la utilización de mecanismos desarrollados en la división de poderes, como la guerra judicial.
La presión que ejercieron legisladores, dirigentes partidistas, ex consejeros del INE y aspirantes presidenciales de oposición a la SCJN para emitir resoluciones antes de junio contra las reformas politico-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, forma parte de la guerra judicial. La anulación de la primera parte del Plan B no fue por “graves violaciones al proceso legislativo”. Lorenzo Córdova Vianello, el 8 de mayo, denunció “las inaceptables presiones desde el poder” (sin especificarlas) contra la Corte, la cual mostró un “encomiable ejercicio de autonomía…En toda democracia constitucional el poder tiene reglas y límites”. Sin embargo, pasó por alto las acciones de sabotaje de la oposición para la deliberación legislativa y que la Corte ignoró deliberadamente. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández acusó que la “SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares”. Intereses representados por PRIAN-MC al defender “los objetivos políticos de dominio de la burguesía” que encabeza Claudio X. González.
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