Tuvieron que pasar, desde 1944, veinte años para la publicación de la segunda reimpresión en español de Economía y sociedad Esbozo de sociología comprensiva, y a partir de entonces, la obra de Max Weber comenzó a cobrar importancia entre los círculos intelectuales y académicos de mediados de la década de los setenta del siglo pasado. Este interés hacia la sociología política corrió paralelo con la desaparición del Estado de bienestar, y en su lugar, el Estado mínimo correspondiente al modelo económico neoliberal encontró en el pensamiento de Weber -según Wright Mills es un “clásico” y revisionista del marxismo más elaborado- el referente ideológico para legitimar los mecanismos de dominio de la democracia liberal.
Apartado de la concepción materialista de la historia, Weber identifica los tipos de dominación -entendidos como “la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)…de ejercer ‘poder’ o ‘influjo’ sobre otros hombres”- con la “autoridad…(que) puede descansar en los más diversos motivos de sumisión…Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, sea de interés…en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad”. En el voluminoso tomo, Weber termina por negar la lucha política como resultado de clases sociales antagónicas. “No toda dominación se sirve del medio económico. Y todavía menos tiene toda dominación fines económicos”, premisa weberiana sobre la cual erige “La ‘legitimidad’ de una dominación debe considerarse como (aceptación) irremediable en virtud de debilidades individuales y de desvalimiento”.
Así, la gobernabilidad democrática soportada sobre mecanismos de dominación legitimados por la autoridad para ejercer la obediencia irremediable, ésta se estructura “por magistraturas que, por derecho propio, se colocan al lado de la jerarquía burocrática y que poseen el control y eventual comprobación del cumplimiento de las normas, o el monopolio, también, de la creación de todas las normas o de aquellas decisivas para la libertad de disposición de los funcionarios”. El subrayado de Weber para destacar el “derecho propio” de la jerarquía burocrática para ejercer el control, confiere a las magistraturas y al legislativo poder para mantener el orden establecido desde el derecho, no por las relaciones sociales de clase.
El dominio idílico weberiano se extiende a los partidos, los cuales “tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes” para otorgar a “sus miembros activos de determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de fines objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas)”. Entendidas de esta manera las relaciones políticas de la democracia liberal, la jerarquía burocrática cuenta con la “libertad” para disponer de las ventajas de la máxima dejar hacer, dejar pasar. Este esbozo weberiano permite legitimar ideológicamente la guerra judicial no sólo como una expresión de dominio sino el instrumento para socavar actos de gobierno desde la legalidad.
La embestida del Poder Judicial contra las transformaciones institucionales del Estado mínimo, las políticas públicas de redistribución de la riqueza, inversión pública en infraestructura, seguridad pública, soberanía energética, educación y salud, entre otros rubros, revela una lucha política abierta contra el gobierno no desde la falsa perspectiva de la independencia de poderes -”no vengan con demagogia”, afirmó el presidente de la República al hacer referencia de ubicar el debate público en términos de la defensa de la Constitución- cuando la SCJN se ha dedicado a proteger a los “potentados” que creen ser “dueños de México”.
Las aportaciones de la sociología, particularmente la de Weber, han dado soporte ideológico a la dominación que ejercen los grupos de presión y partidos de oposición en contra del gobierno lopezobradorista, y explican los múltiples motivos que tienen para lograr la sumisión a través de la guerra judicial. Las expresiones del ministro Alberto Pérez Dayán y de la propia presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, de que “nada nos va doblar” o el lenguaje “directo y frontal” para conducir las relaciones entre los Poderes de la Unión (recuérdese su acercamiento con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y la conversación con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva) son indicativas de la confrontación no institucional sino del derecho propio de la jerarquía burocrática judicial para alinearse a los intereses de la oposición de derecha.
La trama de corrupción de Genaro García Luna admitida ahora formalmente dentro de la estructura administrativa del Consejo de la Judicatura de la Federación, así como la poderosa acción del Consejo Nacional de Litigio Estratégico desplegada para socavar las facultades legales del Ejecutivo, ponen al descubierto los diversos frentes de lucha política que la extrema derecha abre en el contexto de la sucesión presidencial. “La relación auténtica de autoridad” weberiana la observamos cuando el magnate Claudio X. González Guajardo exigió la intervención del gobierno para acabar con el radicalismo magisterial -”no es autoritarismo, es Estado de derecho”, dijo- y tras la criminalización de los movimientos sociales, la respuesta represiva gubernamental fue la “libertad de disposición de los funcionarios” para ejercer la dominación de la democracia liberal.
