La guerra judicial la intensificará el FAM y los recursos de impugnación que presente en contra de las candidaturas morenistas serán atendidos puntualmente por el Comité de Quejas y Denuncias…
La estructura jerárquica clave del Poder Judicial posee un cúmulo de información en los expedientes archivados de la entonces PGR o judicializados de casos de corrupción, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal, delincuencia organizada, pederastia, narcotráfico, contrabando de armas, precursores químicos, secuestro, extorsión, desaparición forzada, tortura, feminicidio o ejecuciones extrajudiciales, donde aparecen involucrados mandos policíacos, políticos, prestanombres y empresarios, quienes al amparo de redes de complicidades y encubrimiento permanecen impunes.
Sin embargo, dentro de esta guerra judicial, la delación incriminatoria estará al servicio de los fines políticos del FAM. Jueces, magistrados y ministros abrirán procesos de causas acumuladas contra aspirantes y candidatos morenistas, a modo de las denuncias del PRIANRD.
El sustento real o presunto de los dictámenes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral -órgano investigador del INE- a solicitud de los consejeros del Comité de Quejas y Denuncias, o de los magistrados del TEPJF tendrá en las filtraciones que se hagan de las carpetas de investigación o de los casos judicializados la evidencia suficiente para inhabilitar cualquier candidatura morenista, en la lógica de impedir que se concrete el Plan C lopezobradorista, es decir, “ni un voto al conservadurismo”.
La información privilegiada que dispone el Poder Judicial pesa sobre el curso de las candidaturas que llegue a postular Morena.
La guerra judicial la intensificará el FAM y los recursos de impugnación que presente en contra de las candidaturas morenistas serán atendidos puntualmente por el Comité de Quejas y Denuncias -cuya estructura operativa no fue desmantelada a la salida del secretario Ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina y otros funcionarios del más alto nivel pertenecientes al círculo del doctor Lorenzo Córdova– como lo fueron los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, retirados a última hora por “consigna” -dijo el presidente López Obrador- colocando en la primera fila de golpeteo a esta entidad “autónoma” del Estado mexicano.
Y en esta guerra judicial, en meses pasados, el despacho de abogados Pénte+Soluciones ofreció asesoría sobre coaliciones y candidaturas, procedimientos administrativos sancionadores, financiamiento y fiscalización, desarrollo de campañas y propaganda electoral, entre otros servicios especializados.
La inhabilitación “de por vida” será para quienes cometan violencia política en razón de género. La acusación de Gerardo Fernández Noroña va más allá: el INE carece de facultades legislativas para dictar “lineamientos” sancionadores utilizados, además, discrecionalmente.
La violencia política de género es la causa jurídica convertida en “ley mordaza”. El nombre del presidente de la República se inscribió en el registro público de personas sentenciadas por ejercer violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, a pesar de haber demostrado que sus declaraciones fueron tergiversadas.
Entre las medidas cautelares está la de no mencionar el nombre de la legisladora panista, con la cual se pretende atajar toda referencia de los presuntos delitos de tráfico de influencia y conflicto de interés cometidos desde 2015, como delegada de Miguel Hidalgo y senadora, en la actualidad, envuelta en escándalos inmobiliarios, incluyendo la “casa roja”.
La postura de la SCJN alineada a los intereses políticos del FAM se observó en otro momento con el proyecto del ministro Aguilar Morales para destituir al presidente López Obrador. No obstante de haberlo retirado, el golpeteo escaló en el marco del presupuesto del Poder Judicial para el año 2024. Con el mismo sentido argumentativo del entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova -si no se autoriza el presupuesto solicitado no se podrá garantizar “la calidad electoral acostumbrada”- la ministra Norma Lucía Piña Hernández condiciona: la suficiencia presupuestal (84 mmdp) garantiza el correcto funcionamiento del aparato judicial. El intento de “asfixia presupuestal” tendrá como “consecuencia directa…colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
El presidente López Obrador contestó al amago: “representan (los ministros, no todos) a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender a los grupos del poder económico, para eso están y es muy claro”.
En los informes quincenales de “cero impunidad” se exhiben a jueces, magistrados y ministros que favorecen con sus resoluciones a políticos y abogados vinculados con empresarios que enfrentan, todos, presuntos cargos de corrupción, sobornos, desvío de recursos públicos, evasión fiscal, o como representantes de esa “minoría rapaz”: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado.
Y en este contexto, el discurso barroco de la presidenta de la Corte, Piña Hernández: “desde el Poder Judicial Federal reiteramos nuestro compromiso con México, no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para, así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.
El diputado morenista Ignacio Mier, quien en reiteradas ocasiones extendió invitación a la SCJN para participar en el parlamento abierto sobre la reforma del Poder Judicial, salió a descubrir el condicionamiento -formulado en preguntas- de que “si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México…si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes”.
El Poder Judicial, con la excusa de actuar con independencia y autonomía, asume la postura política opositora muy afín a la del Frente Amplio por México, expresada concretamente a través de las decisiones patronales-partidistas como la de nombrar a José Ángel Gurría responsable de redactar el Proyecto Económico (neoliberal), y del que la senadora panista Gálvez Ruiz -por más que se presente como ciudadana- va delineando con el aval del empresario Claudio X. González Laporte.
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