La transformación del Estado de bienestar en nuestro país ha sido un proceso marcado por cambios estructurales en la política económica y social, impulsados en la última década principalmente por los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Esta evolución ha respondido a una reinterpretación del papel del Estado en la redistribución del ingreso y la justicia social, que encuentra muy probablemente, fundamento o al menos referencia, en las teorías económicas y sociales de grandes pensadores en la materia como Keynes, Piketty y Temple.
John Maynard Keynes defendió la intervención estatal en la economía para garantizar el pleno empleo y evitar crisis económicas mediante políticas fiscales y monetarias expansivas.
En este sentido, el gobierno de López Obrador implementó un ambicioso esquema de inversión pública y programas sociales financiados por una política de austeridad y combate a la corrupción, aumento del salario mínimo, becas para estudiantes y los programas de apoyo a adultos mayores han sido pilares en esta estrategia, siguiendo la lógica keynesiana de que el gasto público fortalece la demanda agregada y reduce la desigualdad.
Por su parte, Thomas Piketty ha enfatizado la importancia de la progresividad fiscal para evitar la concentración excesiva de la riqueza, tema con el que han simpatizado la anterior y actual administración federal, buscando aplicar este principio mediante una reforma tributaria implícita basada en una mayor eficiencia recaudatoria y el cierre de privilegios fiscales, aunque sin trascender a realizar cambios profundos en la estructura impositiva, pero sí con un énfasis en la recaudación de los “grandes contribuyentes” y la eliminación de condonaciones fiscales, medidas alineadas o coincidentes con las propuestas de Piketty para fortalecer el Estado de bienestar sin incrementar desproporcionadamente la deuda pública.
Las posturas William Temple, con su visión sobre el papel de la ética en la política social, destacan en el enfoque de la Cuarta Transformación respecto a la moralización del ejercicio gubernamental, a la idea de que el bienestar social debe ser garantizado por el Estado no solo como una cuestión económica, sino como un deber moral, tema que ha sido recurrente en el discurso político de periodo del denominado gobierno de la “transformación” y que se puede ver aterrizado en la práctica, con la eliminación de intermediarios en la entrega de apoyos y en la centralización de los programas sociales pensados en el impulso al bienestar para evitar así, la discrecionalidad y el desvío de recursos.
La Presidenta Sheinbaum representa una continuidad, por supuesto con los matices de su estilo personal de gobernar que sugiere un enfoque más técnico y basado en evidencia para la implementación de políticas sociales, de este modelo, en lo que su trayectoria ha mostrado su postura respecto a que, el bienestar no solo implica transferencias monetarias, sino también inversión en infraestructura y servicios públicos de calidad, con una visión integral orientada a fortalecer el Estado de Bienestar, con un enfoque en políticas de desarrollo sustentable y digitalización de servicios para mejorar la eficiencia gubernamental.
México ha transitado de un modelo de predominancia del libre mercado a un esquema de mayor intervención estatal en la economía y en la redistribución del ingreso; proceso que no está libre de imperfecciones, pues conlleva riesgos en la sostenibilidad fiscal de los programas sociales e impide un crecimiento económico robusto que garantice una mejora estructural del desarrollo nacional; por tanto, el reto para el siguiente tramo de la “transformación”, será consolidar un modelo de Estado de Bienestar que sea financieramente viable y capaz de adaptarse a las transformaciones globales, con un fuerte avance en la digitalización y la transición energética, pues si bien el modelo actual ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y el incremento del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del Gobierno de México para fomentar el crecimiento económico, atraer inversiones y garantizar una distribución equitativa de los recursos sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
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