Agenda de Seguridad y Defensa
Detrás de las cifras oficiales mensuales sobre violencia y seguridad y el dato de disminución de homicidios dolosos se localiza una fase de profundización negativa en la inseguridad que perciben los ciudadanos.
Mientras los informes mensuales revelan declinación de homicidios dolosos, las páginas de los periódicos se
llenan de datos sobre violencia desbordada entre las bandas criminales que combaten en las calles como zonas de guerra por el control territorial de sus posiciones de operación y las encuestas de percepción de inseguridad ciudadana han vuelto a registrar un repunte de la preocupación social ante la violencia.
El dato más revelador se localiza en las evidencias de guerras criminales en estados de la república que cambiaron gobiernos estatales y municipales y que carecieron de la observación estratégica federal y no tuvieron la supervisión adecuada de las autoridades electorales.
El involucramiento directo de bandas criminales para favorecer determinados candidatos y partidos y afectar a otros hoy está expresándose en la impunidad para expandir el control delictivo sobre porciones adicionales del territorio.
Sobre todo, la violencia en Colima, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero y Quintana Roo –entre las más importantes– parece obedecer a la falta de sensibilidad y capacidad operativa de los nuevos gobiernos estatales y municipales para administrar sus políticas de seguridad locales, con algunos indicios de complicidad estructuras institucionales con las bandas de la delincuencia.
El problema más grave se percibe en la reproducción de los mismos errores de filtros de seguridad en candidaturas ahora para las elecciones de seis gobiernos estatales de este año y la forma en que las bandas criminales aprendieron de las elecciones anteriores para mantener controles o pactos secretos con las nuevas autoridades.
Zona Zero
El Senado anunció reuniones especiales sobre el tema de seguridad, aunque hasta ahora sin ninguna coordinación con la estructura federal para esos temas, dejando la impresión de que nadie está cumpliendo con las funciones de coordinación en los dos niveles de gobierno y las dos áreas legislativas. Los gobiernos estatales y municipales siguen sin entregar planes operativos ni informes evaluatorios y se han confiado en que el único responsable de la seguridad pública es el gobierno federal. A tres años de distancia, hace falta un replanteamiento de la estrategia nacional de seguridad pública.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh
