Por Arnulfo R. Gómez
Si bien el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el pasado 18 de febrero que su programa de inspección de aguacates en Michoacán se reinició y por lo tanto, las exportaciones también se reanudaron, no significa que todo quedó resuelto.
Las amenazas al funcionario de la USDA se originaron porque, realizando la inspección en una empacadora en Michoacán, se dio cuenta de que estaban introduciendo aguacate procedente del estado de Puebla como si fuera de Michoacán, motivo por el cual canceló su procesamiento.
Casi inmediatamente, el oficial norteamericano recibió una llamada telefónica amenazándolo de muerte si no aprobaba el embarque.
Como consecuencia, la USDA decidió retirar a su personal residente en Michoacán, el único estado de la República autorizado por EEUU para exportar a la Unión Americana, teniendo como base el principio de la OMC de áreas libres de plagas y áreas de baja prevalencia de plagas.
Conviene señalar que, de acuerdo con varios productores, empacadores y otros agentes involucrados en la exportación del aguacate de Michoacán, esta práctica ilegal se ha dado, cada día más frecuentemente, con aguacate procedente de Jalisco, del Estado de México y de Puebla, lo que han denunciado a las autoridades de estado y del Gobierno Federal, sin que haya habido respuesta, ni acción preventiva alguna.
Como consecuencia, al no seguir los protocolos de exportación que, desde el año de 1988, se establecieron y que vinieron perfeccionándose a través mejoras en la supervisión de las huertas, de las empacadoras, del transporte y del producto, se adoptó la decisión de parar la importación de aguacate de México a partir de las 19.00 horas de aquel sábado 12 de febrero.
Los comentarios vertidos por productores, empacadores, transportistas etc. señalaron un perjuicio muy grave, generado por lo que se denomina “contrabando interno” con total disimulo de parte de las autoridades.
Conviene señalar que, por las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Nogales, independientemente del Super Bowl, el promedio de tráileres semanal es cercano a 1,000 unidades, con carga individual de 20 toneladas equivalentes a $85,000 dólares que, al año, superan los $3,000 millones de dólares.
El problema inmediato se tradujo en que miles de toneladas de aguacate en camino a EEUU que ya no pudieron pasar la frontera y, otros miles de toneladas en proceso en las empacadoras y almacenes en Michoacán, que quedaron pendientes de despacho y que, por su corta vida en anaquel, irremisiblemente con pérdidas millonarias para productores y exportadores que siempre cumplieron con los protocolos mismos que se fueron afinando durante casi 35 años de trabajo fecundo y creador.
La intervención decidida de las autoridades mexicanas es necesaria ante un problema que pone en peligro, en Michoacán, a más de 70,000 puestos de trabajo directos y 250,000 indirectos.
Crimen organizado y el “Oro verde”
De acuerdo a datos del USDA, en 2021, Estados Unidos importó $3,000 millones de dólares en aguacates a nivel mundial, de los
cuales $2,800 millones de dólares provinieron de México, es decir, el 92%.
De ahí que la multimillonaria industria del aguacate de México, con su principal sede en el estado de Michoacán, se convirtió en un objetivo principal para los cárteles, que han estado incautando granjas y limpiando bosques protegidos para plantar los suyos de lo que los lugareños llaman “oro verde”.
Según medios como Los Ángeles Times, más de una docena de grupos criminales están luchando por el control del comercio de aguacate en y alrededor de la ciudad de Uruapan, aprovechándose de los ricos propietarios de huertos, los trabajadores que lo recogen y los conductores que la transportan al norte hacia Estados Unidos.
