Agenda de Seguridad y Defensa
La declaración del Parlamento Europeo sobre el asesinato de periodistas mexicanos pudo haber tenido una utilidad si antes se hubieran analizado los expedientes de los comunicadores fallecidos. Políticos locales y grupos criminales están atacando la libertad de expresión porque afecta sus intereses.
El sentido de la declaración del Parlamento Europeo fue político y no de seguridad, porque destacó la confrontación cotidiana del presidente de la república con la prensa crítica a sus acciones, pero sin reconocer que la lista de periodistas asesinados involucra grupos caciquiles de poder y sobre todo bandas delictivas.
FUENTE: Quadratín
En lo local han fallado todos los mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, porque se trata de organismos institucionales y legislativos sin capacidad operativa y ajenos a la supervisión de los procesos judiciales de investigación de esos crímenes.
En este sentido, los propios periodistas y sus organizaciones gremiales debieran construir organizaciones de supervisión judicial para indagar no solo las razones que se encuentran detrás de los asesinatos, sino para acompañar con exigencias estrictas las indagatorias procesales de las autoridades. Más del 95% de los expedientes de agresiones contra periodistas no van avanzado la estructura judicial que de manera tradicional ha protegido los intereses de las bandas criminales.
El gobierno federal debe de reorganizar su estructura de protección de las labores de grupos disidentes, pero en realidad tienen que ser los propios periodistas y defensores de derechos humanos los que construyan sus mecanismos de protección y seguimiento de los casos de agresión. Y los partidos políticos de oposición deben aprovechar la coyuntura para reorganizar el marco jurídico de la libertad de expresión en México.
Zona Zero
La principal preocupación sobre la crisis de seguridad en Quintana Roo se centra en la elección del nuevo gobernador en junio próximo, pero sin que el tema de seguridad haya sido tomado en cuenta por los partidos que seleccionaron a los candidatos y sin que la sociedad estableciera exigencias concretas de programas específicos de seguridad pública como punto de decisión del ejercicio de su voto. A veces los ciudadanos se niegan a vincular política con seguridad.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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