Con el crimen de la abogada y defensora de comunidades indígenas en Tijuana, Baja California, Patricia Susana Rivera Reyes, cometido el pasado 19 de marzo, suman 102 personas defensoras asesinadas desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), el estado de Oaxaca es la entidad más peligrosa para esta actividad, pues en estos tres años tres meses de gobierno morenista, han perdido la vida 22 defensores.
En lo que va del año, murió asesinada Ximena García, activista de la comunidad LGBTTI+ e integrante de la Secretaría Nacional de la Diversidad
Sexual de Morena, crimen cometido en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México el pasado 22 de enero.
Cinco días después, el crimen fue contra Ana Luisa Garduño Juárez, activista que buscaba justicia por el feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea, ocurrido en Temixco, Morelos. El 11 de febrero, la víctima fue Francisco Vázquez, defensor del agua en la región oriente de Morelos e integrante del Consejo de vigilancia de la Asociación de del Río Cuautla (ASURCO). El crimen ocurrió en el municipio de Ayala, Morelos, luego que denunció amenazas en su contra.
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A mediados de marzo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el asesinato del defensor comunitario José Trinidad Baldenegro, ocurrido el 7 de marzo. En su mensaje lamentó la impunidad imperante en el país, así como los crecientes índices de violencia.
Por su parte, el indígena rarámuri José Trinidad Baldenegro fue atacado en Coloradas de la Virgen, Chihuahua por hombres armados, quienes además quemaron su vivienda y su vehículo. Logró salvar la vida.
Pero el homicidio de Patricia Susana Rivera Reyes, en Baja California, es el quinto crimen ocurrido hacia este gremio en 2022, todos perpetrados contra activistas reivindicados por una organización social o de derechos humanos.
