A siete años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México, la organización Artículo 19 y la coordinación de la defensa por el multihomicidio de la colonia Narvarte, denunciaron irregularidades y encubrimiento por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el caso.
Además, los familiares y defensores acusaron que se trató de un acto de “encubrimiento” por la impunidad que rodea desde hace casi siete años el caso, donde perdieron la vida el fotoperiodista Rubén Espinosa y un acto de feminicidio de otras cuatro mujeres.
Sin embargo, la crítica no fue para la administración de Miguel Ángel Mancera, pues las familias descubrieron nuevas inconsistencias de la actual Administración en la indagatoria sobre la muerte de Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz.
En conferencia el abogado Edgardo Calderón señaló que a casi siete años la defensa tuvo acceso a los videos de la investigación que ponen en entredicho la actuación de las autoridades, así como la teoría del caso que se ha presuntamente dictaminado.
“La Procuraduría fue hermética y negaron los datos de la investigación a las familias, por ello pensamos que hay un posible encubrimiento por parte de las autoridades. De manera dolosa se ocultó información”, acentuó.
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El multiasesinato sacudió al país en julio de 2015, cuando los cinco aparecieron brutalmente asesinados en la calle Luz Saviñón de la Narvarte, con indicios de extrema violencia.
El entonces Gobierno de la capital detuvo a tres personas dos meses después del crimen pero sin esclarecer del todo el caso, por lo que la nueva Administración de 2018 prometió resolverlo por completo con la nueva Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX), que reemplazó a la Procuraduría.
Pero, tras acceder a 22 tomos de la indagatoria y videos, las familias ahora descubrieron por su cuenta inconsistencias como la participación de cinco personas en vez de tres, un segundo vehículo que acompañó a los perpetradores y llamadas con los presuntos autores intelectuales del crimen.
“Pasaron casi siete años de que esta información se había generado. Casi siete años en los cuales la Procuraduría tenía en sus manos todos los datos para hacer una debida investigación, sin embargo, no hicieron un análisis”, insistió Calderón.
Además, detectaron omisiones de las autoridades, irregularidades, falta de investigación, ocultación y destrucción de pruebas y evidencias como la ropa de las víctimas, expuso Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete.
“La Fiscalía no ha trabajado lo suficiente y lo presentado en esta conferencia de prensa ha sido investigación de las familias y sus representantes”, observó.
Promesas incumplidas
El crimen marcó a la Administración del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de la oposición, pero las familias y defensores criticaron a la actual jefa de Gobierno, la oficialista Claudia Sheinbaum, por la falta de resultados.
“Después de tres años del nuevo Gobierno es ya inadmisible que sigan sin investigar, sin dar con el móvil, con todos los autores materiales y con los intelectuales de este crimen”, expuso Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de la ONG Artículo 19, que acompaña a las familias.
La madre de la fallecida Yesenia Quiroz, Indira Alfaro, acusó a la Fiscalía de “obstruir” la investigación, de filtrar información a los medios y de abandonar cinco de las ocho líneas de investigación sin avisarles.
También dijo que ha circulado información no constatada sobre el rol del cártel de Los Zetas y sobre un posible caso de tráfico de drogas a pequeña escala (narcomenudeo).
“Pareciera ser que la estrategia de la Fiscalía para eximir sus obligaciones de conducir una investigación, objetiva, diligente y con enfoque de derechos humanos es presentar información errónea y no comprobada sobre la supuesta posesión de drogas”, mencionó.
