Bajo el contexto de la urgencia de una ciberseguridad estratégica, especialistas parten de que la industria del cibercrimen genera ya mucho más dinero y beneficios a las mafias que el crimen tradicional y los ciberataques pueden llegar a ser tan peligrosos o más que los ataques físicos.
De acuerdo al Compendio de Ciberdelincuencia Organizada, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han transformado las concepciones de la delincuencia organizada. En concreto, las TIC han influido en la naturaleza de las actividades de la delincuencia organizada y en los tipos de personas que pueden participar en ella.
Dicha transformación incluye no solo los cambios en los tipos de delitos cometidos y los modus

operandi utilizados por los grupos delictivos organizados, sino también la variedad de personas que pueden participar en la delincuencia organizada. Algunos grupos delictivos organizados tradicionales están ampliando gradualmente sus actividades delictivas fuera de línea hacia la ciberdelincuencia, aunque hasta la fecha no se ha observado una transición completa en este sentido.
Lo que se ha observado es que estos grupos han pasado a realizar en línea ciertas actividades y operaciones ilícitas. Esos grupos también buscan cada vez más cooperar con los ciberdelincuentes que tienen las aptitudes cruciales y fundamentales que pueden utilizar o que de hecho necesitan para realizar ciertas operaciones.
Estas personas pueden ser, por ejemplo, codificadores (es decir, personas responsables de desarrollar programas maliciosos, exploits (códigos que aprovechan la vulnerabilidad de los programas informáticos o fallos de seguridad para permitir el acceso no autorizado a un sistema) y otras herramientas utilizadas para cometer delitos cibernéticos) y piratas informáticos (es decir, personas responsables de aprovecharse de las vulnerabilidades de los sistemas, redes y aplicaciones).
De tal modo, los criminales han encontrado un nicho en el ciberespacio donde pueden llegar a obtener enormes ingresos y causar grandes perjuicios a un adversario, incluso, se pueden inhabilitar instalaciones estratégicas como la distribución de combustibles, poner en riesgo la salud y la vida de las personas atacando infraestructuras críticas o manipular sistemas de armamento.
México, entre los países más vulnerables
Hasta 2020, se estimaba que México era el segundo país con más ciberataques en el mundo; la mayoría van dirigidos a la ciudadanía.
Incluso, los reportes por delitos cibernéticos en México se duplicaron en los últimos seis años, al pasar de seis mil 393 en 2015 a 15 mil 16 en 2020, y en la primera mitad de este año se registraron siete mil 661, de acuerdo con datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional (GN) obtenidos vía transparencia.
La institución tiene identificados 30 ciberdelitos en los que el fraude en comercio electrónico y la difamación son los que predominan con más reportes. También hay acoso, amenazas, suplantación de identidad, extorsión, fraude al usuario de la banca electrónica, phishing, robo de contraseñas en redes sociales y otros cometidos contra menores de edad.
De ahí que desde 2020, en el foro “Ciberdelitos y Ciberseguridad en México”, organizado por el Senado, especialistas, funcionarios y activistas urgieron a generar un marco jurídico apropiado que permita hacer frente a los ilícitos digitales, los cuales aumentaron durante el confinamiento ocasionado por la pandemia.
Se identificó que en la cuarentena se incrementó el mal uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que este foro servirá para hacer conciencia sobre esta problemática e impulsar la iniciativa de ley de ciberseguridad que presentó hace un año.
Adolfo Arreola, especialista en ciberseguridad y académico de la UNAM, dijo en su momento que según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo ocurre un ataque informático cada 39 segundos. Además, por la pandemia de Covid-19 este tipo de embates aumentaron 600 por ciento en contra de instituciones sanitarias, lo que puede generar nuevos delitos.
Indicó que sólo 12 países cuentan con estrategias nacionales de ciberseguridad. Señaló que México está ubicado en el segundo lugar como la nación que recibe más ciberataques.
Consideró que es indispensable impulsar la ciberseguridad estratégica, a efecto de atender de manera precisa y preventiva los riesgos y amenazas que surgen en una sociedad interconectada, con estricto apego a derecho y de manera integral, multifactorial y multidisciplinaria.
Opinó que es recomendable una ley que atienda la ciberseguridad y no la seguridad de la información, pues ésta última se enfocara únicamente en los datos contenidos en algún dispositivo. En cambio, precisó, la ciberseguridad abarca más aspectos en todo el ciberespacio.

Al igual que el análisis de la Guardia Nacional en 2021, en el encuentro se estableció que la mayoría de estos delitos están enfocados a los ciudadanos, quienes son víctimas de suplantación de identidad, extorsión, robo de tarjetas bancarias y compras fraudulentas.
Incluso, muchos de estos ciberdelitos no siempre se desarrollan desde el país, sino que vienen de otras partes del mundo; de ahí que se necesita una ley alienada a marcos internacionales para lograr una cooperación internacional “porque sin ello no se podrán resolver estos problemas”.
Se estima que el cibercrimen en México genera pérdidas a la industria y a los consumidores entre 3 mil y 5 mil millones de dólares anuales, lo que afecta el comercio electrónico y además merma la confianza de la población en los sistemas digitales.
Para lograr tales cifras, los cibercriminales utilizan tecnologías más sofisticadas que vulneran la seguridad de miles de usuarios.
Actualmente 70 países ya cuentan con regulaciones o normativas que hacen referencia a la educación cibernética, a la protección de la infraestructura crítica, al crimen cibernético y a la seguridad digital, informó.
Cárteles mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas presentado por la Organización de las Naciones Unidas en 2021, la pandemia de coronavirus aceleró la digitalización del mercado de drogas, con menores ventas callejeras y más en la web, con compra de narcóticos en Internet y la entrega por correo.
El informe apunta que en el futuro se puede crear un mercado globalizado de drogas ilegales en Internet, con lo que teme que se facilite el acceso y eso afecte a los patrones de consumo. Buena parte de esas transacciones se realizan con criptomonedas.
La ONU destaca la gran capacidad de adaptación de los traficantes al entorno tecnológico y pide una mayor regulación internacional sobre criptomonedas, con las que se suele pagar en la web oscura, y que son muy difíciles de rastrear. El reporte señala que un fenómeno global solo puede tener una respuesta también global y que todos los países deben desarrollar capacidades para investigar delitos en Internet como el narcotráfico.
“El mercado globalizado de las drogas, que probablemente se desarrollará a través de Internet, requerirá una respuesta global con herramientas innovadoras pero compatibles con los derechos humanos”, subrayó la ONU.