La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Estado mexicano reprimió movimientos sociales y violentó los derechos humanos de la ciudadanía desde 1960 hasta mediados de 1980, especialmente en la década de los 70, todos bajo la tutela del partido en el poder, el PRI.
En la presentación del Informe sobre la violencia política de estado en México, se contemplan datos sobre la llamada “Guerra Sucia” de los años 60-80, periodo que se califica como un “auténtico genocidio”.
Al respecto, CNDH establece que la mayoría de los historiadores que se han dedicado, en los últimos años, a estudiar la violencia ejercida por el gobierno mexicano hacia sus disidentes políticos, se han centrado en temporalidades en las últimas décadas.
Muchos han utilizado la categoría de “Guerra Sucia” para denominar al periodo, un término que se acuñó por la historiografía latinoamericana para estudiar a los regímenes de los Estados militaristas y/o autoritarios que, durante los años de 1964 a 1985, gobernaron en países como Argentina, Chile, México, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Aunque el organismo establece que la misma historiografía latinoamericana desecharía “Guerra Sucia” para utilizar la categoría de “Terror de Estado”, que permite acercarse a los procesos históricos con más fidelidad.
Bajo este contexto, la CNDH reconoce que México, contrario a países como Argentina y Guatemala, lleva un atraso significativo tanto en los procesos académicos como de justicia cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos, lo que ha hecho que aún no se haya creado un marco conceptual propio para nombrar los procesos vividos en el país.
Para el caso de México, estas categorías han sido insuficientes para encasillar los procesos de violencia política sufridos en el país. El uso de estas categorías muchas veces ha sido favorable para el estudio de casos específicos, sin embargo, lamentablemente, también ha cercenado y fragmentado la historia de la represión del país, ayudado por la amnesia colectiva que el mismo régimen ha procurado a través de su hegemonía: los medios de comunicación, los sistemas de educación, la misma represión y hasta destruyendo, a su beneficio, acervos documentales elementales para entender la magnitud y extensión de la violencia política en México.
Como consecuencia de nuestra memoria cercenada, según en análisis, hemos tenido la revictimización las víctimas de dicha violencia, la desmemoria de proyectos alternativos de nación, el olvido de los actores, etc., y la permanencia un pacto de silencio e impunidad que ha impedido el castigo de los perpetradores.
Ante ese contexto, durante la presidencia de Vicente Fox se creó en el 2002 la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objetivo de investigar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas entre las décadas de 1960 a 1980.
Pese a que fueron años de diligencias y trabajo, el final de la FEMOSPP fue abrupto. Su investigación no fue reconocida por el Gobierno Federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles.
Sin embargo, ahora se rescata para de este trabajo, elaborado con entrevistas a actores de los movimientos sociales y armados socialistas, algunos textos académicos y, principalmente, tres acervos documentales: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Dirección Federal de Seguridad (DFS), y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS).
CNDH desnuda la censura como parte de la estrategia del Estado
Mediante su análisis, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que las masacres, la persecución y exterminio del enemigo político se reflejaron en la opinión pública brevemente, para luego desaparecer, por el férreo control que los gobiernos ejercían sobre la prensa; de tal manera que, a pesar de los esfuerzos de las víctimas, pronto, todo rastro de dicha violencia fue sacado de la memoria. Y de los archivos.
Más aún, los “enemigos políticos” del Estado mexicano de la década de 1950 se han caracterizado como amenazas “poco efectivas” para el poder del PRI, el partido de Estado que estuvo en el poder desde 1929 porque tácticamente no convenía, ni al gobierno de Alemán, ni al de Ruiz Cortines, encarar la realidad de una revolución en gestación.
Bajo esta lectura, se establece que la violencia política, entonces, depende de sus posibilidades contextuales, técnicas y prácticas, que responden a un mismo fin, antes y después de 1968: eliminar al “enemigo” política y/o físicamente para garantizar un sistema de aparente “estabilidad” y “democracia”, sin los riesgos de la democracia.
Para este fin, fueron constantes y varias prácticas de la represión a lo largo de varias décadas, desde 1951 hasta, al menos 1988: la clandestinidad de la violencia, la ilegalidad de las actuaciones de los cuerpos represivos, la procuración de un marco legal que diera lugar a la represión, la sistematización y modernización de dichas prácticas, y la utilización integral de las instituciones del Estado en la planificación y ejecución de estas prácticas.
Usar cuerpos policiales vestidos de civil, grupos de choque en la represión, el enterramiento o cremación de los asesinados, la muerte clandestina, la desaparición forzada y, finalmente, la desaparición de dichos hechos en los archivos, fueron formas de borrar sistemáticamente las huellas del engranaje represivo.
Por otro lado, en las masacres, al dejar cuerpos moribundos frente a nosocomios, en las prisiones políticas, y hasta en los caminos y las carreteras, la violencia se presenta también de manera performativa y ejemplarizante.
La desaparición forzada ha sido tomada como eje rector y práctica definitoria del periodo, sine qua non de la estrategia de violencia política sistemática llevada a cabo por el Estado.
Finalmente, la burocratización, jerarquía y especialización de los aparatos represivos y su vinculación institucional para llevar a cabo la violencia política, está documentada desde la conformación y operatividad de la Dirección Federal de Seguridad, cuya misma creación, aproximadamente en 1947, ilumina la estrategia integral por parte del Estado de perseguir, hostigar y eliminar el peligro que significaron los disidentes políticos.
El fin de esta violencia represiva desde el Estado es la eliminación física y/o política del enemigo político, pero la táctica funciona en dos sentidos: el de infundir terror a la sociedad civil. Este Terror es posible a través de la misma exposición pública de la violencia ejercida como “legítima”, explayando una violencia ejemplarizante, y el de lograr “la prevención, por medio de la intimidación, del surgimiento público o incubación privada de disidencia alguna, cualquiera que esta fuera, o solo ni principalmente política, más aún, su objetivo estratégico, la desarticulación social”.
La violencia política establecida por el Estado mexicano entre 1951 y 1988 es tan compleja que se sirve de varios aparentes opuestos: por un lado, es clandestina, y por otro lado es escenificada y ejemplarizante; ora se apoya a los gobiernos izquierdistas internacionales, ora elimina la oposición interna; ora opera la represión desde la legalidad, ora opera con recursos ilegales, entre otros.
*Con datos obtenidos del Informe sobre la violencia Política de Estado en México consultado en: https://www.cndh.org.mx/documento/informe-sobre-la-violencia-politica-de-estado-en-mexico
