Más de 50 oficiales de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés), en su momento, considerados entre los mejores del país, dejaron de operar de forma oficial en México. Entre sus misiones estuvo la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.
Se trata de un grupo de élite que durante más de dos décadas trabajó con la agencia antidrogas de
Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, por lo que especialistas calificaron como un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.
De acuerdo a información de Forbes, este tipo de grupos operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.
Además de la nueva política gubernamental criticada por la oposición, ante los altos índices de inseguridad en México, el cierre de este programa, donde los agentes eran entrenados por la DEA, se interpreta como un paso atrás en los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México.
Entre los cuestionamientos a la medida, está que la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio en 2021, cuando notificó formalmente a la DEA, pero no lo anunció públicamente en su momento.
El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.
Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno de AMLO hace un desdén a la agencia norteamericana, basta con recordar que en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no ejercería acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, bajo el argumento de “falta de pruebas”, López Obrador respaldó la decisión y responsabilizó a la DEA de “fabricar” delitos.
Así, la abolición de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.
Incluso, en 2020, México suspendió la inmunidad penal de los agentes extranjeros e impuso límites estrictos a sus contactos con homólogos mexicanos, bloqueando el trabajo de la agencia para investigar a los cárteles de tráfico que operan en suelo mexicano.
Pese a ello, a finales de 2021, Estados Unidos consiguió que México extendiera visas a sus agentes, a pesar de que el discurso oficial había advertido que no les daría más permisos para operar en el país.
SIU también sucumbió ante corrupción
Si bien los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país, la ola de corrupción también involucró a miembros de este grupo.
Un ejemplo fue el exjefe del SIU, Iván Reyes Arzate, quien entregó información tanto a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) como a cárteles mexicanos se declaró culpable el martes de un cargo de conspiración para distribuir cocaína.
Reyes Arzate fue enlace durante años entre la DEA y la policía mexicana. Sin embargo, Estados Unidos lo acusa de entregar información a carteles de droga como el de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39, asociado al Cartel de Sinaloa, a cambio de miles de dólares.
