México vivió en las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo XX una explosión de grupos guerrilleros. Estos surgieron en el marco de movilizaciones de diversos sectores: magisteriales, ferrocarrileros, médicos, campesinos en demanda de tierras, y estudiantes universitarios.
La mayoría de estos movimientos fueron violentamente reprimidos: campesinos, médicos, ferrocarrileros, maestros y estudiantes encarcelados y muertos fue la respuesta que el Estado mexicano dio a las demandas de estos sectores.
Muchos de los reprimidos, y otros que vieron de cerca la represión, llegaron a la conclusión de
que no quedaba otra ruta que la vía armada; esto es, la toma de las armas significó para muchos de ellos la última opción que el poder les dejaba.
El control social que no funcionó dio paso a formas intolerantes de ejercicio de poder, violentas ellas, a quienes desafiaban el orden imperante.
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En este segundo análisis del Informe sobre la violencia política de estado en México, se puede observar cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece quiénes fueron los principales personajes de esta represión.
Nombres como Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, Federico Amaya, Raúl Caballero Aburto y Luis de la Barreda Moreno, salen a flote como piezas clave en la estructura represiva de los 60, 70 y 80.
Fernando Gutiérrez Barrios
Gutiérrez Barrios fue uno de los actores más siniestros y más emblemáticos de la llamada “Guerra Sucia” inicia su carrera en la DFS entre los años de 1948-1949.49 De hecho Gutiérrez Barrios pasó información de vigilancia a la DFS de los henriquistas para 1953, donde empieza su carrera como agente del Estado represor.
Él personifica la política de “doble cara” del Estado mexicano, por un lado es cercanísimo a personalidades tales como Fidel Castro y por otro lado, ejecutó la violencia más cruel contra los que luchan por proyectos revolucionarios dentro del país.
Luis de la Barreda Moreno
Luis de la Barreda Moreno, otro personaje relevante de la violencia política de Estado, es parte de los militares que se integran el 1 de abril de 1947 a la DFS50 y fue un cuadro represor clave para el periodo de la “Guerra Sucia”.
Fue la década de los 1950 el inicio de tales personajes quienes se tecnificaron junto al engranaje de la violencia política de Estado para que la represión tan amplia y tajante de los 70 fuera posible. Fueron parte de la construcción de la estrategia de exterminio.
Una relación dialéctica entre estos personajes, el Estado y elementos contextuales es la que los forja como los criminales que llegaron a ser. Estos elementos son los que crearon las condiciones para que la violencia exterminadora del Estado fuera posible.
Prácticas represivas de la violencia política de Estado
Desde 1951 las fuerzas armadas del Estado ejecutaron operativos coordinados para contener las
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acciones de la disidencia política. En 1952 el aparataje que se había construido desde el año anterior, llega a ser implementado de manera coordinada, contundente y masiva en las represiones tumultuarias del 1º de mayo y del 7 de julio de 1952.
El 1º de mayo dejó la fotografía de Luis Morales Jiménez como huella emblemática. Fue muerto en la fiesta del trabajo, que dejó, hasta donde se sabe, dos muertos.
Un ensayo a menor escala de las prácticas represivas que se usaron dos meses después, el 7 de julio en la Alameda Central, donde tuvo lugar un operativo más letal y masivo, igualmente premeditado y coordinado por varias instancias estatales. Estas mismas prácticas represivas son las que se volverían tristemente célebres a partir de 1968.
Aún es necesario estudiar a fondo el operativo que funcionó entonces, pero fuentes hablan de agentes infiltrados, provocadores y fuerzas policiales: Alfredo Portes Tagle, teniente de las Guardias Presidenciales y Silvestre Fernández, jefe del Servicio Secreto fueron responsables de dicho operativo. Así lo relata la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
Dos meses después, en 1952, en la masacre de la Alameda, actúan las distintas corporaciones policiacas radicadas en la Ciudad de México. En la cima de la jerarquía del mando estuvo el Gral. Santiago Piña Soria, jefe del Estado Mayor presidencial durante la presidencia de Miguel Alemán.
Piña Soria dirigió la acción coordinada y planificada expresamente para eliminar a los henriquistas que celebraban la “Fiesta de la Victoria” después de las elecciones presidenciales de 1952.
Estuvieron presentes en el lugar de los hechos Francisco Quezada y Joaquín Foullón, ambos jefes del famosamente corrupto Servicio Secreto. La policía montada, que arremetió contra la población, mientras que elementos policiales vestidos de civil identificados con gabardinas azuzaron la violencia. El teniente Alberto Uribe Chaparro, jefe del grupo de granaderos, fue alcanzado por un disparo anónimo que provocó y justificó el tiroteo contra la población desarmada, reunida en la Alameda Central.
El enfrentamiento se esparció por toda la zona céntrica de la ciudad, hubo disparos en el Zócalo de manifestantes contra las fuerzas del Estado Mayor y contra soldados de la Brigada Motomecanizada al mando de Federico Amaya y de la Primera División de Infantería comandada por el Gral. Raúl Caballero Aburto. Se usaron bombas de gas que inundaron la zona y se sabe que días antes la DFS había solicitado una compra gigantesca de máscaras de gas.
Autos sin placas y camiones oruga mantuvieron vigilancia en toda la zona, amedrentaron a los transeúntes con armas largas, en las que se habían convertido zonas de combate: Peralvillo, Lagunilla y la Doctores.
El toque final de la estrategia de violencia política de Estado para la eliminación del enemigo político: la coordinación y contubernio con la Cruz Roja y Verde mexicanas, comisionadas en su totalidad a atender a las víctimas de la masacre, quienes no se daban abasto para recoger los cuerpos, limpiando la evidencia de inmediato. Los cadáveres, se sabe, fueron recogidos por Sanidad Militar para ser incinerados en el Campo Militar No.1.
Las cifras oficiales fueron: 524 detenidos y decenas de heridos. Las cifras que los henriquistas calcularon ascienden a entre 300 y 500 muertos. La aparición de comités de familiares de las víctimas del 7 de julio nos da pista que la gravedad de la represión fue brutal. No se tiene cifras de desaparecidos, pero ante los hechos se puede asumir que los hubo. Por otra parte, cifras no oficiales estimaron que fueron al menos 500 elementos de la policía y el Ejército los que ejecutaron el operativo.
La desmemoria de estos hechos en la sociedad mexicana no es gratuita. Lo que se sabe de la masacre ahora es a partir de los escasos testimonios de quienes se atrevieron a hablar, de la prensa y algunos vestigios que historiadores han logrado armar de los pedacitos de historia que el régimen no logró borrar de este episodio sangriento. En los archivos presidenciales del AGN, la fecha del 7 de julio de 1952 desaparece; y en los catálogos de la DFS se encuentran poco más que menciones ambiguas.
*Con datos obtenidos del Informe sobre la violencia Política de Estado en México consultado en: https://www.cndh.org.mx/documento/informe-sobre-la-violencia-politica-de-estado-en-mexico
