Para el fin de la eliminación del enemigo político, durante la década de los 1950, se usaron las técnicas y tecnologías propias del periodo de la “guerra sucia”: levantamientos, torturas, encierro en cárceles clandestinas, desapariciones transitorias y forzadas, prisión política, hostigamiento, etc. Caso concreto de la implementación de la violencia política de Estado fue la ejecución extrajudicial de Marco Antonio Lanz Galera por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y las ejecuciones extrajudiciales e intento de desaparición forzada de los principales jefes del “Grupos de los 400”.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Ciudad de México se
ha podido rastrear la violencia política de Estado y los operativos represivos a pesar de que los gobiernos intentaron, y casi lograron, borrar, burdamente, las huellas de la represión de los archivos.
En el interior del país, a pesar de que, según indicios documentales, las prácticas represivas se vuelven sistemáticas, los crímenes y la extensión de la violencia política de Estado fuera de la capital permanecen aún en la oscuridad.
Caso Miguel Henríquez Guzmán
Henríquez Guzmán lanzó su candidatura en dos ocasiones. La primera fue en 1945, para representante del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al parecer contó con el respaldo de Cárdenas y de buena parte de las bases partidistas, pero el presidente Ávila Camacho prefirió apoyar a quien era su secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien resultó electo en esa jornada electoral. Sin embargo, pese a no haber podido competir a nivel presidencial, Henríquez Guzmán y sus seguidores, los henriquistas, no se dieron por vencidos, reorganizándose para las siguientes elecciones, en 1952.
Durante el gobierno de Miguel Alemán, México, la pobreza se volvió una constante, pero la memoria de la revolución y el cardenismo aguijonearon el sentir de la mayoría a favor de un cambio reivindicador de aquellos ideales. Con su campaña, el movimiento henriquista enarboló estos principios.
Así, entre los hechos represivos posteriores que se han logrado documentar, se encuentra un mitin convocado por la FPPM conmemorando el aniversario de la Revolución Mexicana el 25 de noviembre de 1952, donde encarcelaron a más de 100 asistentes.
El 1º de marzo de 1954, un grupo de personas celebraron un mitin por el aniversario de la
Constitución. El evento fue infiltrado y se detonó la violencia represiva que dejó varios heridos y 106 detenidos. Los hechos fueron utilizados por el Estado mexicano para justificar la cancelación del registro de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM).
En 1955, se llevó a cabo un operativo masivo en una concentración en la casa del Gral. Henríquez. Participaron grupos de granaderos, el Servicio Secreto, la Policía Judicial y la Dirección Federal de Seguridad, así como incondicionales de Ruiz Cortines. La represión tuvo saldo de más de 70 detenidos, heridos y un muerto registrado por la Cruz Roja. Esos son los datos de la extensión de la represión que se supieron públicamente.
Finalmente, la ejecución extrajudicial del abogado henriquista, Marco Antonio Lanz Galera, quien fue detenido y desaparecido de manera transitoria por mandato del Coronel Leandro Castillo Venegas, Director de la DFS. Lanz Galera fue asesinado en el trayecto del secuestro y le llevaron a una cárcel clandestina ubicada en Miguel Schultz 136, para luego dejar su cuerpo frente a la Cruz Roja.
Cárceles clandestinas
La práctica de la desaparición forzada indefinida o transitoria fue posible a través del uso de lugares de desaparición: lugares geográficos concretos para incomunicar o desaparecer a los opositores políticos por periodos de tiempo concretos o que su desaparición se extendiese indefinidamente.
Los lugares de desaparición de los que hay registro que operaron en la década de 1950 fueron las oficinas de la DFS en el tercer piso del edificio Plaza de la República #6, la oficina “migratoria de Miguel Shultz 136 y el Campo Militar No.1.
El primer dato que se tiene del uso de cremaciones clandestinas en su interior fue en los sucesos represivos del 7 de julio de 1952.
El informe de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) también habla de otra cárcel clandestina que operó durante 1953, de la que no se tiene información hasta cuándo operó, ubicada en Miguel Schultz 136, en la Colonia San Rafael, “a la que llevaban a todos los detenidos de la DFS”.
Borrar sus huellas
A decir de esta compilación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado mexicano fue sumamente exitoso limpiando las huellas de la violencia política que ejerció contra sus opositores en aras de su eliminación.
Por una parte, la práctica persistente, desde 1951, de limpiar la escena de los crímenes de lesa humanidad que perpetró: limpiar y desaparecer los cuerpos después de las masacres del 7 de julio de 1952, del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, entre tantos más. Tan exitoso que aún ahora no tenemos cifras claras de cuántos y quiénes perecieron y desaparecieron en los crímenes citados.
El Estado borró de manera tan burda las huellas de sus crímenes que es evidente su paso cercenador por los archivos: para la fecha del 7 de julio de 1952, no hay una sola ficha en el fichero del archivo de Presidencia de Miguel Alemán Valdés, haciendo evidente que se eliminaron con el fin de mantener la impunidad sobre dicho crimen.
Lo mismo se hizo con los archivos de la DFS y la DIPS, que hasta el año 2020 fueron abiertos al público, a pesar de incansables intentos por mantenerlos censurados a través de legislaciones de archivos a modo.
Lo que demuestra que la desmemoria de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano se logró a través de su propia estrategia durante el periodo en que fueron cometidos, pero también incluso mediante las propias investigaciones reivindicatorias que se realizaron con aparente ánimo de justicia y de verdad.
