La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 46/2022 a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como a autoridades federales y estatales, a fin de realizar acciones para que el Estado garantice el derecho a la verdad, a la memoria y, sobre todo, a la democracia y al pleno ejercicio de los derechos humanos en México.
En un comunicado, el organismo refirió que la Recomendación, es la primera emitida por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desaparición Forzada por la Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, creada en enero de 2020, y está dirigida a más de 200 autoridades, entre otras las personas titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas.
La Recomendación, que tiene el carácter de General, se emite a partir de la investigación llevada a cabo por la 
Oficina Especial, con el objetivo de esclarecer los hechos que se plantean, y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional, por lo que ha constatado que la sistematización y perfeccionamiento del aparato de inteligencia-represión, dirigido por el Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad.
Si bien en el siglo XX en México no hubo golpes de Estado ni dictadura militar, lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militar-policiaco que tuvo efectos similares, en la violación a los derechos humanos, a los gobiernos militares centro y sudamericanos; que impidió el desarrollo de la vida democrática por décadas, pues el ejercicio del poder soberano del pueblo fue duramente limitado a los actores adeptos al poder político, configurando un margen de poca o nula permeabilidad de los movimientos sociales disidentes, como claramente fue el caso de los “henriquistas”, vedando así por la vía de hecho el derecho a la democracia como mecanismo legítimo de participación en la vida pública.
Esta investigación permitió documentar 49 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y de sus partidos aliados, que incluyen la masacre de la Alameda en la que se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado.
La CNDH asegura que fue en ese período en que se registraron los primeros casos de desaparición forzada, algunos de ellos fallidos, quizá por la insuficiencia técnica de los perpetradores que, creyéndoles muertos, los dejaban abandonados en parajes solitarios, siendo que algunos lograron sobrevivir y así fue como se conocieron los hechos.
Al respecto, el organismos establece que la experiencia de los hechos vividos en el período 1951-1965 demuestra que hubo una estrategia represiva sistemática y además cobijada institucionalmente por parte del Estado mexicano, que normalizó, y además encubrió y ocultó, en la total impunidad, múltiples violaciones a derechos humanos cometidas particularmente en contra de ciudadanas y ciudadanas militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias al partido del titular del Poder Ejecutivo en ese tiempo. Violaciones que es la fecha, no podemos identificar ni esclarecer totalmente.
Esta Comisión Nacional destaca la intrínseca relación entre la verdad y la democracia. El encubrimiento a la verdad ha sido, a lo largo de décadas, no una práctica aislada sino una política pública por lo menos, desde inicios de los años 50, que ha impuesto olvido e impunidad. Se identificó una estrategia estructural de manipulación y ocultamiento de documentos que permitieran la identificación tanto de las graves violaciones como de los perpetradores.
La Recomendación se enmarca en un análisis contextual, jurídico, político y social, que permite recordarle a las y los mexicanos lo difícil que ha sido la construcción de nuestra democracia, y abonar a la Verdad y a la Memoria de las luchas de ciudadanas y ciudadanos, brutal y sistemáticamente reprimidos por la violencia política de Estado, por el sólo hecho de ejercer sus derechos cívicos y pretender pugnar por elecciones libres y transparentes, así como incorporar ejercicios de la democracia participativa, como lo son la consulta popular, el referéndum y la revocación de mandato, plasmados en el Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que sostuvo la candidatura de Henríquez Guzmán hace 70 años.
La Recomendación General prueba que la legislación que se confeccionó con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se mantenía vigente de manera artificial aún después de terminada ésta, para justificar la represión de quienes pensaban distinto a la línea oficial. El proceso histórico de institucionalización de la violencia a manos del Estado mexicano, fue urdiéndose sobre la base de disposiciones jurídicas que de poco en poco fueron incrementando su talante inhibitorio de la vida pública de la ciudadanía, y del ejercicio de sus derechos civiles, acotando progresivamente el margen de libertades, hasta develar en la cúspide de su degradación legal una faceta claramente autoritaria y represiva.
La CNDH destaca que la concurrencia de los factores descritos bajo los criterios enunciados, incluidos en la Recomendación General, particularmente en la época histórica que abarca el periodo 1951 a 1965, se caracteriza por sentar las bases jurídicas, organizacionales y operativas, que sistemáticamente extendieron un estado de guerra de hecho contra los disconformes políticos del régimen, en franca ruptura del orden constitucional, lo que a su vez sirvió de antesala y causa directa para lo que después sería identificada nítidamente como la etapa de la “Guerra Sucia”, es decir, los años 60 a los 90, e incluso hasta entrado el siglo XXI.
