Pese al discurso del gobierno de Joe Biden sobre el fortalecimiento en los trabajos de seguridad en su frontera, en sintonía con la administración de Andrés Manuel López Obrador, la política migratoria de EE.UU. parece ir de forma distinta, pues se convirtió en un terreno fértil para el fortalecimiento del crimen organizado.
De acuerdo a un reciente estudio realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), la región norte de América se ha convertido en la de mayor incremento en la movilidad irregular de personas al pasar de 7 a 15 millones en ese periodo, es decir, es “el corredor más grande del mundo”.
En todo este contexto, México se convirtió en un país de tránsito y destino, acentuado en los últimos años por intensificación de la movilidad de miles de extranjeros, sin embargo, lo que la administración de Biden no contempló es que el 70 por ciento de migrantes utilizan polleros vinculados al crimen organizado.
Es decir, el reciente plan de EE.UU., que contempla “expulsiones rápidas” de indocumentados y un refuerzo de los efectivos desplegados en la frontera, con la suma de 600 más para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que significaría que miles de migrantes se conviertan en una presa sencilla para el crimen organizado.
Tal situación abre el debate si las políticas fronterizas y migratorias de los Estados Unidos se estaban diseñando de alguna manera con el aporte de los grupos del crimen organizado mexicano, pues parece traducirse en el fortalecimiento al sistema que más beneficia a los cárteles.
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Se estima que los cárteles del Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen una disputa por el tráfico de migrantes, pues ahora los famosos “polleros” dejaron de actuar de forma individual, sino son parte de los negocios ilegales del crimen, lo que ha convertido al tráfico de migrantes en una actividad mucho más violenta y lucrativa.
Según datos de la Wola, Tamaulipas es un estado que limita con más de 200 millas de Texas desde Laredo hasta el Golfo de México. De los seis estados fronterizos de México, es el único que tiene una advertencia de nivel cuatro de “No viajar” del Departamento de Estado de EE. UU., “debido a delitos y secuestros”.
Pese a ello, la Patrulla Fronteriza detiene a más migrantes en el Valle del Río Grande en el sur de Texas (McAllen, Brownsville y pueblos aledaños), frente a la mayor parte de Tamaulipas, que en cualquier otro de los nueve sectores en los que divide la frontera.
A medida que Texas desciende hacia el sur aquí, este es el punto más cercano en la frontera con América Central, por lo que la agencia se encuentra aquí con decenas de miles de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses cada año, junto con mexicanos desplazados por la violencia en otras partes del mundo.
Caso San Fernando, una posibilidad latente de repetir
Desde hace al menos una década, los cárteles de la droga vislumbran al tráfico de migrantes como un atractivo negocio, primero aprovechando el dominio en el territorio fronterizo, que obliga al pago por el tránsito, además de aprovecharse de la indefensión de los indocumentados y finalmente la ausencia de una ley que proteja a los migrantes.
Cabe recordar que en 2010 ocurrió una de las peores matanzas contra migrantes centroamericanos. En una finca, en San Fernando, Tamaulipas, 72 indocumentados fueron asesinados por el sanguinario grupo criminal de Los Zetas, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente, ante la falta del pago por su rescate, sólo había una opción, enrolarse en la organización criminal, de negarse, debían morir, como sucedió.
Migración, la “gallina de los huevos de oro” para el narco
Mientras se prevé que se viva la mayor ola migración hacia Estados Unidos, por lo cual el gobierno de Joe Biden enfrenta a una gran crisis humanitaria y decidió establecer una política migratoria que impide en la medida de lo posible más ingresos irregulares a su país, en México, el crimen organizado comienza a cuantificar ganancias nunca antes vistas, producto de la extorsión y secuestros que muchos extranjeros vivirán.
Incluso, hoy, los que intentan cruzar sin haber pagado una cuota son golpeados, o algo peor. Los que carecen de una “contraseña” u otra prueba de que han pagado tarifas exorbitantes a los cárteles son secuestrados. Los migrantes, incluidos padres e hijos, son retenidos en casas de escondite fétidas, mientras que sus captores envían mensajes de texto con videos aterradores a familiares en los Estados Unidos, indicándoles que transfieran pagos de rescate por miles de dólares. Si nadie paga, son desaparecidos, esclavizados, obligados a trabajar para los cárteles, o incluso asesinados.
Así, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es consciente de los peligros y las consecuencias, el gobierno de los EE. UU. entrega más víctimas a los delincuentes, incluso, a muchos hace pensar que la política actual de EE.UU. fue diseñada para beneficiar a los cárteles.
Si los migrantes que temen regresar a sus países pudieran cruzar México de manera segura, luego presentarse en un puerto de entrada y hacer que sus casos sean procesados, considerados y adjudicados tan pronto como lo permita el debido proceso, el modelo de negocios de los cárteles implosionaría, en cambio, cerrar los puertos de entrada y entregar a los migrantes al peligro ha creado incentivos ideales para ese modelo de negocio.
Incluso, distintas organizaciones aseguran que el gobierno de EE.UU. debe actuar para quitarles el negocio a los delincuentes que se aprovechan de los migrantes. Lo que debe hacer ya está establecido en la ley estadounidense. No se requiere nueva legislación.
Desde 1980, la ley de inmigración de EE. UU. ha dejado en claro que los puertos de entrada oficiales son un lugar adecuado para que los solicitantes de asilo se acerquen y expresen a los oficiales de CBP su temor de regresar a sus países. Sin embargo, durante más de dos años, el Título 42 hizo imposible acercarse a un puerto de entrada.
Incluso, pese a que el Título 42 sea levantado, el panorama no luce nada halagador, pues el gobierno de Biden pretende “expandir de forma significativa” las expulsiones rápidas en la frontera a través del Título 8, que es la norma estándar por la que EE.UU. realiza las deportaciones.
La expansión de esas expulsiones rápidas de indocumentados es uno de los pilares del plan presentado la semana pasada.
De ahí que organismos como la misma ONU establece la urgencia de trabajar conjuntamente en respuestas regionales para prevenir el desplazamiento, asegurar la protección a refugiados y brindar alternativas migratorias a personas que buscan un futuro mejor para su familia.
