Por: Juan Antonio Cruz Bautista
El México que todos temíamos, cuando hace 16 años se declaró la guerra al narcotráfico, está en Michoacán, el estado más sangriento que un gobernador haya dejado a su sucesor, con 3 mil 334 ejecuciones de alto impacto, el 98 por ciento en la impunidad, entre los que se cuentan cuerpos decapitados, desollados, desmembrados, sin corazón, sin ojos, lengua, orejas, falanges; masacrados, fusilados y con el tiro de gracia; calcinados, disueltos en ácido o sosa caustica; enterrados en fosas clandestinas o dejados a la intemperie, de noche o a plena luz del día, sean miembros del crimen organizado, funcionarios públicos, civiles, defensores de los derechos humanos o periodistas.
Este saldo de impunidad que dejó Silvano Aureoles obligó a la Fiscalía General de la República a investigarlo, 
por la denuncia que interpuso el actual gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dada la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad de la entidad.
Se ha documentado que el principio del desastre para Michoacán comenzó en 2006 cuando un comando armado arrojó seis cabezas humanas en la pista de baile del centro nocturno Sol y Sombra, del municipio de Uruapan, lo que dio origen a una estrategia de seguridad fallida, que en la entidad degeneró hasta 2015 con la relación entre el crimen organizado y el gobernador Silvano Aureoles.
A la fecha, los sicarios se dan tiempo para formar a sus víctimas, fusilarlas, limpiar la escena del crimen y llevarse los cadáveres, gracias a la infiltración que mantienen con las policías y fiscalías de la entidad, así se consigna en el expediente de la masacre en San José de Gracia, y en el caso de Aguilillas en abril de 2021.
Y no es la única investigación en la que señalan a Aureoles Conejo, fuentes consultadas en la Fiscalía General de la República confirmaron que el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó la investigación directa contra su antecesor por cuatro ejecuciones extrajudiciales, diez casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y 56 allanamientos ilegales cometidos por la policía de ese estado el 5 de abril de 2017, en el pueblo purépecha de Arantepacua.
El 31 de marzo, el Concejo Indígena de Gobierno de Arantepacua, el órgano de gobierno de esa localidad, acudió a la Fiscalía General de la República a entregar evidencias de la masacre, porque la fiscalía consideraba que no había elementos suficientes para atraer la investigación, a pesar de que existe el argumento legal por un conflicto de interés del actual fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, para investigar lo acontecido en abril de 2017, cuando era el secretario de Gobierno de Aureoles Conejo.
De ese nivel es la infiltración que tiene el crimen organizado en el gobierno en Michoacán, lo que deriva en la investigación para determinar si la orden de la acometida al poblado de Arantepacua salió de la oficina del entonces gobernador Aureoles Conejo.
Y más, “el operativo fue encabezado por el entonces subsecretario de seguridad pública del estado de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta (hoy procesado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa).
Desplazados y sin autoridad que les garantice su seguridad, la familia Alanís Aviña nos releva aún temer por su vida, reconocen que la Fiscalía se había negado a atraer el caso porque se opusieron a que exhumaran los cuerpos.
“Querían sacar los cuerpos, pero por costumbre de la comunidad no lo quisimos permitir”, todo, aseguran, está en sus declaraciones.
Uno de los sobrinos, recuerdan, esa tarde del 5 de abril de 2017 iba caminando por las colinas cercanas a Arantepacua, venía de la secundaria cuando fue visto por los elementos de la Policía Estatal, que había mandado el gobernador, cuando dispararon en su contra.
Herido “intentó levantarse para huir hacia el bosque, y fue que lo rodearon, lo patearon y le dieron un tiro de gracia detrás de la oreja”, aseguran con base a la declaración de varios testigos que observaron el hecho a la distancia.
Para Elpidio Cohenete Olivo, miembro del Concejo de Gobierno de Arantepacua, “los hombres son los dueños de su destino”, y la masacre está relacionada por la determinación que tomaron de hacerle saber al entonces Gobernador Silvano Aureoles que no iban a desistir en ser un pueblo indígena autónomo, regido bajo sus propios usos y costumbres.
Desde hace cuatro años Arantepacua se rige por sus propias leyes, principalmente para el uso del presupuesto de la localidad, es la región con más maestros y estudiantes del municipio de Nahuatzen. Sin duda, “un centro de resistencia y de conciencia social”, agregó Cohenete Olivo.
“Así hemos ido mejorando la educación, la pavimentación de calles, el alumbrado público y la seguridad del pueblo”, afirma, hasta que el gobernador Aureoles mandó a la policía estatal. Esa tarde del 5 de abril de 2017 más de 800 policías llegaron al pueblo disparando contra los hombres del pueblo, los sometían donde los encontraban y se los llevaban, incluso entraban a las casas y los sacaban a la fuerza.
Michoacán es el estado que más padece, desde hace 16 años, el levantamiento y asesinato de tres o más personas en un sólo acto criminal, y es el de mayor registro de ejecutados desde que Silvano Aureoles asumió el cargo de Gobernador.
La organización Causa en Común, que lleva el registro de ejecutados documentó hasta 600 masacres en un sólo año, por la disputa del territorio que encabeza el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, sin piedad ni gloria, se ufana con videos de las ejecuciones en la “Deep-web”, a la que tuvimos acceso.
Tomar como rehén a un presunto miembro de una organización rival, desnudarlo mientras ve como afilan un cuchillo tipo comando, al punto que corta la carne como mantequilla, no les da validez a sus palabras aun cuando lo obligan a decir para quien sirve y a que se dedica, aun cuando expone las narcomantas donde también resalta el nombre del Gobernador Silvano Aureoles, esto es lo que investiga la Fiscalía General de la República.
Al tipo en la imagen lo tienen sobre tres cadáveres, ya desmembrados, es claro que estas personas mueren y matan por una orden superior, se divierten con él, lo descuartizan vivo, miembro por miembro, gritando el nombre de sus “patrones”, advirtiendo que eso les pasará a todos los que se metan en su territorio… sin brazos ni piernas, pero aun vivo, comienzan a tasajearle el pecho, le cortan la piel y grasa, por pedazos, hasta descubrir la caja torácica, con la punta del cuchillo se abren paso entre las costillas hasta llegar al corazón, que en la imagen se ve que aun late, hasta que finalmente lo arrancan con las manos y sacan del pecho de la víctima.
Esto es Michoacán, un estado que, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, registran una tasa de impunidad del 98 por ciento, que se encuentra rebasado por la delincuencia organizada desde hace tres administraciones. Y peor, desde que Silvano Aureoles tomó el poder, en 2015, pasó a un vínculo directo con las organizaciones criminales, que es lo que la Fiscalía General de la República investiga.
En su primer año de gobierno, Silvano Aureoles registró 765 homicidios dolosos, cifra que en 2020 pasó a mil 976 y para 2021 a 2 mil 711 muertes violentas, sin contar la cifra negra, siendo los municipios de Buenavista, Múgica, Huetamo, Aguililla y Apatzingán los más peligrosos, donde se libra una guerra sin cuartel entre el CJNG y Cárteles Unidos (CU), –que aglutina fuerzas de Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Blancos de Troya y La Nueva Familia Michoacana–, donde tienen bien delimitado su territorio y sus reglas, y tal es su poder que su incumplimiento significa la muerte.
