De acuerdo a Global Financial Integrity (GFI), la falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe.
Según el portal Insight Crime, el creciente uso de las criptomonedas en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México, describe una región donde la tecnología ha sacado una ventaja importante a la capacidad de las leyes de mantener su vigencia.
Para entender el contexto, se estableció que entre 2017 y comienzos de 2020, Latinoamérica y el Caribe representaban el 6 % de las bitcóins a nivel global. En 2020, esa participación saltó a 15,8 % y desde entonces su aumento ha sido vertiginoso, como también la actividad delictiva en el sector.
El informe insistió en que un mapa de los marcos regulatorios de la región por países puso en evidencia la falta de un control sólido a nivel gubernamental. Solo seis países de los 32 analizados en el compendio regional de GFI en 2021 habían implementado tanto «leyes como normativas». Esto cubrió todo el espectro, desde la total prohibición de las criptomonedas en Bolivia hasta la designación del Bitcoin como moneda legal en El Salvador.
En específico de México, hablando de México, GFI identificó la Ley de Tecnología Financiera de 2018, como una regulación sólida en este campo y punto de referencia para la región. Aunque brinda una hoja de ruta sólida para el control y acompañamiento del crecimiento de las criptomonedas, aún requiere actualizaciones en lo que respecta a la política contra el lavado de dinero. Esto es especialmente válido si se considera la rápida adopción de las criptomonedas por parte del crimen organizado mexicano.
GFI observó el aumento en el uso de criptomonedas en organizaciones criminales y cárteles transnacionales que se dedican al lavado de dinero, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, aprovechando la incapacidad de rastreo de transacciones entre distintas criptomonedas.
El carácter descentralizado de las criptomonedas agrava los riesgos de lavado de dinero, por la mayor dificultad de rastreo de información específica de los titulares de las transacciones.
Cabe señalar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, ya había señalado a inicios del año, que las criptomonedas son utilizadas cada vez más por carteles mexicanos y colombianos para blanquear millonarias sumas del narcotráfico y otras actividades delictivas.
En su momento advirtió que, “sólo en México, los carteles mexicanos blanquean unos $25 mil 000 millones de dólares al año», y subrayó que los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, los más poderosos del país, son los que más utilizan las monedas virtuales.
«Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones», indica el reporte de la JIFE citando conclusiones de la agencia estadounidense antidrogas DEA.
Las transacciones se realizan por cantidades menores para no activar las alarmas de los mecanismos de control puestos en marcha por México en 2018, que obligan a las plataformas de criptomonedas a reportar operaciones por más de $2 mil 830 dólares.
«Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo», añadió en su momento el informe.
Además, señaló que las redes criminales también blanquean ganancias de otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y personas y la explotación sexual.
