Según la resolución judicial, los deudos de los estudiantes pudieron constatar que los militares han ocultado arbitrariamente los reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Los cuales contienen información relevante para entender qué pasó el 26 de septiembre de 2014.
Fuente: Comunicado del Centro Prodh
Por disposición del Poder Judicial de la Federación (PJF) el Ejército tiene prohibido destruir documentos que tienen que ver con el caso Ayotzinapa. Según la determinación que se difundió en un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro dh).
Demanda de los padres
De acuerdo a la información oficial, el 15 de agosto los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa interpusieron una demanda de amparo. Lo hicieron ante el PJF el 15 de agosto contra la cadena de mando del aparato de inteligencia militar. Debido que consideran que los militares no cumplieron el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a las dependencias del gobierno colaborar en el caso.
Según la resolución judicial, los deudos de los estudiantes pudieron constatar que los militares han ocultado arbitrariamente los reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que contienen información. Lo que es relevante para entender qué pasó el 26 de septiembre de 2014.
Luego de que fue presentado el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) los familiares concluyeron que el Ejercito ocultó información sensible sobre la desaparición de sus hijos. Así que pidieron que no fueran destruidos dichos documentos.
Militares no podrán destruir documentos relacionados
En ese sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó el primero de septiembre a las autoridades militares que se abstengan de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información” que ya fue identificada en la demanda.
Tras nueve años sin esclarecerse el caso Ayotzinapa, todavía no se puede conocer la verdad de los hechos. No obstante el avance de la investigación. Señala el comunicado del Centro ProDh que fue difundido el domingo 3 de septiembre.
“El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten señaladamente en las instituciones castrenses. Que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia. Desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018″
Señalan culpables de interponer obstáculos para conocer los documentos a diversas autoridades militares. Entre las que identifican al jefe del Estado Mayor de la Sedena, al titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la dependencia. Y al secretario de la misma, general Luis Cresencio Sandoval, entre otros.
Los padres y madres de los normalistas piden una reunión con el presidente López Obrador. Esto para establecer un diálogo directo para llegar a esclarecer el caso. Pero advierten que seguirán exigiendo justicia en instancias legales nacionales e internacionales para hacer valer sus derechos.
The New York Times dio a conocer que encontró nuevos mensajes de texto. Presuntamente se pone en evidencia que hubo colusión de policías, militares, funcionarios y miembros del crimen organizado. Y que funcionarios involucrados en el caso trabajaron subrepticiamente con un grupo criminal. Fueron revisados e interceptados por la DEA 23 mil mensajes de texto de testigos y archivos del caso, según reveló el medio.
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