Se sumarán al llamado de urgencia que hicieron las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula ante la violencia por el crimen organizado en la entidad.
En un comunicado conjunto, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de varios estados del país se pronunciaron ante la violencia que se vive en el estado de Chiapas
De esta manera, las organizaciones se sumaron al llamado de urgencia que hicieron las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula la semana pasada, donde acusan de “complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales”.
El sábado 23 de septiembre, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aseguró en un comunicado que la presencia de grupos criminales en la entidad demuestra un Estado fallido y rebasado ante la falta de respuestas de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Señalaron que desde hace más de dos años, la disputa por el territorio de las estructuras criminales se ha agudizado, generando un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada.
CORTES DE SUMINISTROS BÁSICOS MANTIENE A LA POBLACIÓN EN VILO Y ZOZOBRA
Las organizaciones señalaron que los cortes de suministros básicos, “como alimentos, gasolina, gas LP, luz eléctrica o servicios de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa”.
Destacaron que si bien la violencia se concentra en la frontera, esta también se presenta en otras partes de la entidad, al tiempo que “existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice”.
“El Estado tiene un deber de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población”, apuntaron.
Argumentan que los habitantes de los municipios fronterizos con Guatemala se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves de derechos humanos, aunado “a la histórica marginación del territorio”.
Los grupos enlistaron una serie de denuncias y exigencias al Estado mexicano. Apuntaron que hay un incremento de violencia, como asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones o “cobro de piso”, así como irrupción en asambleas comunitarias, entre otras.
Por otro lado, pidieron al Estado que diera atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
“Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro; atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia”, menciona el comunicado.
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