El encontronazo ocurrió en la Calzada México-Tacuba y avenida de los Maestros, colonia Tlaxpana, delegación Miguel Hidalgo, ahora alcaldía
Hace 53 años, el 10 de junio de 1971, quedó manifiesto el terrorismo de Estado con la masacre de Corpus Christi, que trascendió en la memoria de varias generaciones como El Halconazo, cuando fue reprimida una manifestación de jóvenes de educación media y superior en apoyo a estudiantes de Monterrey y en contra del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que se dirigía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución.
Unos mil agresores de un grupo paramilitar denominada Los Halcones, al servicio del gobierno de la República y de la regencia del entonces Distrito Federal salieron al paso de la manifestación pacífica de muchachos que fueron atacados con varas de bambú y a balazos, con la participación de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, soldados del Estado Mayor Presidencial, Granaderos, Policía Federal de Caminos y golpeadores afiliados al desaparecido Departamento del Distrito Federal. El encontronazo vespertino ocurrió en la Calzada México-Tacuba y avenida de los Maestros, colonia Tlaxpana, delegación Miguel Hidalgo, ahora alcaldía.
El saldo del artero ataque que tomó de sorpresa a los muchachos fue de aproximadamente 225 estudiantes de entre 14 y 22 años, asesinados a balazos y a golpes por los paramilitares entrenados en las artes marciales. La mayoría de ellos habían participado en la Marcha del Silencio y la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Hubo periodistas, fotógrafos y corresponsales extranjeros entre el número indeterminado de heridos para silenciar a los medios, pero fue imposible ocultar el escándalo.
Una parte de ellos cayeron en el lugar del choque armado, junto con algunos testigos y otros fueron perseguidos hasta rematar a algunos heridos y otros que lograron huir y esconderse en domicilios particulares donde fueron alojados y escondidos por los vecinos, durante la persecución, en las calles de las colonias Santo Tomás, Agricultura, Plutarco Elías Calles, Tlaxpana, Santa Julia, Atlampa, Tlatilco, San Rafael y Santa María la Ribera, persecución que se mantuvo hasta altas horas de esa noche. Al día siguiente se reportaron algunos desaparecidos y otros, lesionados que fueron llevados de urgencia al hospital Rubén Leñero.
Era la primera vez que los estudiantes se atrevieron a tomar las calles luego de la masacre del 2 de octubre. Además de asesinatos hubo detenciones ilegales, torturas a los detenidos, otros fueron desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales aún después de la fecha. Para entonces el gobierno mantenía un férreo control de los medios que, aun así, difundieron los hechos.
“Fue un crimen de Estado en el que se perfeccionó la represión del gobierno con Los Halcones, por lo que el Comité 68 Pro Libertades Democráticas se avocó a una batalla jurídica y en 2002 se abrió la Averiguación Previa PGR/Femospp/002/2002 que sirvió de base para denunciar los hechos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Suprema Corte de Justicia determinó que hubo genocidio, pero ninguno de los responsables fue a la cárcel”, dijo a El Independiente Dulce González, coordinadora del Comité 68.
Además de Echeverría Álvarez, contra quien se libró orden de aprehensión el 3 de junio de 2006 y que fue sentenciado a dos años de cárcel domiciliaria, fueron señalados como responsables Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación; Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional; Alfonso Corona del Rosal, director del Estado Mayor Presidencia; el regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez y Rogelio Flores Curiel, jefe la Policía, entre otros, pero ninguno está preso, comentó Dulce González.
Investigaciones periodísticas revelaron que los paramilitares fueron entrenados para la ocasión por el gobierno de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y se documentaron los hechos por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación; medios de comunicación nacionales y extranjeros divulgaron decenas de fotografías de la masacre y demostraron el contubernio de los paramilitares y las corporaciones policíacas, aunque Echeverría negó la autoría de su gobierno y pidió la renuncia a Martínez Domínguez, a quien apodaron “halconso” y Flores Curiel, pero no fueron sujetos a proceso penal.
Meses después se organizaron grupos de izquierda clandestinos que decidieron la solución armada y luego de Echeverría el gobierno de José López Portillo desató la guerra sucia contra los guerrilleros que surgieron en diversos puntos del país cuando se cerró la puerta a los familiares de las víctimas que buscaron justicia. Hasta que en 2002 fueron acusados de genocidio Echeverría, Moya Palencia, Luis de la Barrera Moreno, Miguel Nazar Haro, José Antonio González Aleo, Manuel Díaz Escobar (a) “el maestro” o “el comandante”; Rafael Delgado Reyes “el Raffles”; Sergio San Martín Arrieta, “el Guatusi”, Alejandro Eleazar Barrón Rivera, Sergio Mario Romero Ramírez, “el Fish” y Víctor Manuel Flores Reyes “el coreano” en la causa penal PGR/FEMOSPP/011/2002.
Este día, a 53 años del “halconazo”, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que está conformado por 66 organizaciones, volverá a marchar, como cada año, del metro Normal al Zócalo, a las 4.00 de la tarde, a la cabeza de Félix Hernández Gamondi, Víctor Guerra, David Roura, Mirtha Gallardo, Pastora del Moral y Luis Tuñón, para demandar que las iniciativas de la Cuarta Transformación como la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia se hagan realidad después de casi seis años de omisiones, para que se castigue a los responsables del genocidio, ya que el caso no está cerrado. Esperan que el gobierno próximo sí les dé respuesta.
Fuente: hemeroteca y Comité 68.
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