En México la historia de ministros, jueces y magistrados ha sido siempre evitar la aplicación de la ley en perjuicio de la sociedad, pues esos juzgadores han preferido llenar sus bolsillos con dinero sucio a cambio de sentencias arregladas y mal dictadas, por lo que la figura legal de los “jueces sin rostro” sale sobrando en nuestro país
Para mi estimado amigo Alejandro Capdeville. e. p. d.
Dentro del paquete de la reforma al Poder Judicial se incluyó la figura jurídica de los “jueces sin rostro”, una vieja práctica aplicada en países como Italia, Colombia, Perú y Brasil, en donde las mafias del narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, fraudes financieros, trata de personas y otros delitos, cometían atentados en contra de jueces y magistrados que se atrevían a aplicar la ley y a librar órdenes de aprehensión para que los mafiosos cumplieran largas condenas en prisión.
Sin embargo, el caso mexicano ha sido distinto a esas naciones europeas y latinoamericanas que se vieron obligadas a tapar el rostro de los juzgadores para que no fueran asesinados cuando cumplían con la ley dentro de su importante función social, porque en nuestro país los cárteles del narcotráfico y otros bandas criminales, algunas de “cuello blanco”, les ha bastado el dinero para sobornar prácticamente a todo el Poder Judicial, desde jueces de barandilla hasta magistrados y ministros corruptos.
En México la cifra de jueces y magistrados víctimas del crimen organizado ha sido simbólica, cuatro o cinco juzgados sufrieron atentados en las últimas tres décadas, y la razón de ello es porque históricamente el Poder Judicial ha estado corrompido desde las mismas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los tribunales donde despachan los togados, quienes siempre han estado dispuestos a vender sus voluntades y conciencias al mejor postor, al que les pague más.
La lista de los corruptores es larga y en ella aparecen en primer lugar los empresarios del gran capital y los integrantes del crimen organizado, quienes constantemente son absueltos y puestos en libertad por supuestas deficiencias procesales fabricadas desde las oficinas de los ministerios públicos y fiscales o cocinadas directamente en los juzgados por secretarios y jueces. De allí que un alto número de criminales son liberados los fines de semana, conocido popularmente como el “sabadazo”.
En México la historia de ministros, jueces y magistrados ha sido siempre evitar la aplicación de la ley en perjuicio de la sociedad, pues esos juzgadores han preferido llenar sus bolsillos con dinero sucio a cambio de sentencias arregladas y mal dictadas, por lo que la figura legal de los “jueces sin rostro” sale sobrando en nuestro país mientras no se concluya la obligada y necesaria reforma judicial para que disminuya considerablemente la corrupción.
A la hora de que dictan sus sentencias, jueces, magistrados y ministros ignoran las sentencias justas a sabiendas de que sus conclusiones afectan la vida, la libertad y el patrimonio de las personas.
Por eso hace unos días la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló incluir en el dictamen de reforma judicial la sugerencia que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para adicionar dicha figura de “jueces sin rostro”.
Con ello, el jefe del Ejecutivo busca resguardar la identidad de las personas juzgadoras en casos relacionados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, principalmente.
Por tratarse de una iniciativa del partido en el poder, la propuesta fue presentada por la legisladora morenista Lidia García Anaya, quien argumentó que tiene el objetivo de “salvaguardar la identidad de los jueces y sus familias”.
Lo que se busca es adicionar en la fracción X del apartado A del artículo 20 que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Igualmente, se avaló modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, para garantizar la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación (PJF). “Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cuatro hombres. […] Para el Tribunal de Disciplina Judicial podrán ser hasta tres mujeres y hasta tres hombres. Para magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres”.
La tarde del lunes 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa de reforma judicial con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, tras la presentación de 330 reservas. Por tal motivo, el dictamen fue remitido a la mesa directiva para sus efectos constitucionales.
“JUECES SIN ROSTRO” PERO HONESTOS
Durante muchas décadas, algunos países han tenido que lidiar con el crimen organizado. Los gobiernos de Estados Unidos, Italia, Colombia, Brasil y Perú, por citar sólo casos emblemáticos, tienen experiencia en esa materia y ahora el gobierno mexicano busca sumarse a ese bloque porque libra una de las batallas más intensas en contra de grupos criminales que atacan a la sociedad en todos los frentes posibles: homicidios, secuestros, extorsiones, robos, narcotráfico, migración, trata de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero.
Fue primero en dos países, Italia y Colombia, en donde se instrumentó aquellos llamados “jueces sin rostro”, que no era otra cosa más que procurarles protección mediante el anonimato a los impartidores de justicia que se enfrentaban a líderes mafiosos que los amenazaban y amedrentaban. Para los gobiernos esa fue una manera de enviar a criminales a prisión sin que la vida e integridad de los jueces corriera tanto peligro.
En otros momentos también se pensó en México instrumentar esa figura, pero pronto se abandonó, y ahora el tema ha vuelto a sugerir esa posibilidad para darles seguridad y confianza a la hora de dictar sentencias justas.
Por supuesto que nadie desea que más personas sean asesinadas en nuestro país, ya sean jueces, periodistas, obreros, empresarios o servidores públicos, pero tampoco queremos seguir con esquemas corruptos en la impartición de justicia que tanto daño ha causado a la sociedad.
Los crímenes que se cometieron en contra de la población en gobiernos priistas y panistas prácticamente quedaron impunes, y en la actual administración donde ahora si se investigan los casos, resulta muchas veces infructuoso porque en las salas de los juzgadores se dictan sentencias en favor de los criminales y se les deja en libertad.
Muchos impartidores de justicia también se han corrompido y han torcido la ley, y no precisamente por presiones del crimen organizado, sino por cuestiones de dinero, de sobornos viles que los hace cambiar veredictos en favor de quien más pague. Por ello casi nunca se ve a empresarios o políticos pisar las cárceles, pues hay un manto de impunidad e injusticia que los protege permanentemente.
Esto ha permitido que la corrupción esté enraizada en el Poder Judicial como una moneda de cambio de la justicia en favor de quienes tienen mayores recursos.
De eso debería ocuparse la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien al mismo tiempo preside el Consejo de la Judicatura y, en consecuencia, es la principal responsable de la corrupción que allí existe porque se niega a combatirla por la complicidad que existe entre ellos, sin importarle que muchos mexicanos siguen siendo víctimas de abusos que se cometen diariamente en tribunales, ante la mirada complaciente de la Corte y de su Consejo de la Judicatura Federal.
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