Las gobernadoras, como Evelyn Salgado, y los gobernadores como Rubén Rocha Moya, que padecen crisis de seguridad y que, para tratar de combatir al crimen organizado en sus estados, en un principio sólo se dedicaron a nombrar y a cesar secretarios estatales de seguridad que llegaron procedentes de las áreas federales de Marina y Defensa, pero sin responsabilizarse de la seguridad pública, que no sólo debe estar a cargo de la Federación, sino también de las propias entidades federativas y desde luego de los municipios.
Ahora, su “plan de acción estratégico” para aparentar que al menos hacen algo, es declarar código rojo en sus estados, luego de actos criminales que cimbran las estructuras del poder, como el reciente asesinato de Edmundo Román Pinzón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, cuando salía de los juzgados de Caleta, en el Puerto de Acapulco.
En la actualidad, el gobierno federal –a pesar de lo dicho por la presidenta Sheinbaum– está a cargo de las áreas de seguridad estatales y municipales en prácticamente toda la República, no solo a través de las secretarías de los gabinetes estatales, sino de despliegue normal y extraordinario de tropas enviadas de emergencia por Defensa y Marina ante eventos de violencia.
A solo un día de que se desarrollara la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Acapulco, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de seguridad García Harfuch; el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero; gobernadores y otros funcionarios federales, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) de Guerrero informó que activó el Código Rojo en el Puerto de Acapulco tras el asesinato del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, ejecutado por sujetos armados cuando salía de los juzgados.
Durante la sesión, la presidenta de México hizo un “llamado respetuoso” a las y los gobernadores estatales para que asuman su responsabilidad en seguridad, pues no sólo es obligación del gobierno federal.
El reclamo de la presidenta Sheinbaum no fijó límites temporales estrictos para que los gobiernos estatales se hagan cargo de la seguridad de sus espacios territoriales, por lo que la crisis de seguridad en los estados es grave, y permanecerá por tiempo indefinido, hasta que la autoridad federal y la misma sociedad reaccionen y les exijan el cumplimiento de sus deberes que como autoridades electas les corresponde.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado ha fracasado en materia de seguridad, además, como ya se indicó, no sólo ha utilizado el código rojo, si no que ha abusado de este recurso para que el gobierno federal asuma el control total de la seguridad, porque la delincuencia ha rebasado a las autoridades locales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) de Guerrero, el protocolo permite desplegar operativos estratégicos que incluyen patrullajes intensivos, instalación de filtros de revisión y vigilancia de monitoreo en tiempo real a través del sistema de videovigilancia para identificar y detener a los generadores de violencia.
SE INVESTIGA EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO
El anuncio se da horas después de que un grupo de sicarios asesinara al magistrado a la salida de los juzgados.
Los reportes refieren que una vez que Román Pinzón subió a su vehículo fue atacado.
“En relación a los hechos ocurridos esta tarde en el Fraccionamiento Las Playas, municipio de Acapulco, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que se investiga el delito de homicidio calificado en agravio de Edmundo ‘N’”, detalló el Ministerio Público estatal
Agregó que se realiza una recopilación de evidencia como cámaras de videovigilancia privadas y públicas para identificar a los agresores del magistrado asesinado era integrante de la Segunda Sala Penal de Acapulco y previamente se había desempeñado como presidente del Tribunal Superior de Justicia.
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