Luego de una temporada de cuestionamientos al Poder Judicial y una posterior reforma plagada de irregularidades, aún queda un tema candente sobre la mesa: la existencia de juezas y jueces que liberan de forma sistemática y “a modo” a miembros del crimen organizado. Esto en víspera de la elección judicial que se realizará el 1 de junio.
Miguel Ángel Teposteco Rodríguez (@Ciudadelblues ) en su investigación para EMEEQUIS ubicó a las juezas y jueces que han liberado a personas vinculadas con el narcotráfico u con otras actividades delictivas, con documentos en los que resaltan las resoluciones “blandas” que han dado para liberar a personas acusadas de crimen organizado, peculado y otros delitos graves, dejándolos en libertad.
Uno de los nombres más recurrentes por este tipo de prácticas es el de Gregorio Salazar Hernández, juez que dictó la liberación de “El Contador”, José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén (conocido por su liderazgo en el Cártel del Golfo).
Esto ocurrió en 2024.
Gregorio Salazar Hernández participó en seis casos públicos de liberación de personas acusadas de delitos graves.
Este patrón de trabajo generó un escándalo que escaló a tal punto que en 2024 la FGR abrió una carpeta de investigación en su contra y hasta fue mencionado en la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador por participar en el presunto esquema de corrupción judicial conocido como “Sabadazo”, en el que jueces suelen liberar a imputados cuando las fiscalías se encuentran cerradas.
Pese a estas controversias, en 2023 se pidió la ratificación de este juez, como así lo revela información de transparencia.
Este actuar es sistemático en la carrera de Gregorio Salazar, como así lo demuestran resoluciones judiciales impulsadas por el funcionario contra imputados de delitos graves como peculado y delincuencia organizada.
Por ejemplo, según documentos de transparencia en poder de EMEEQUIS, en la causa penal 43/2023, en el Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de México, este juez ordenó que a un imputado de peculado y delincuencia organizada se aplicaran “medidas cautelares” blandas: revisiones periódicas semanales con la autoridad, prohibición para salir del país y “vigilancia”.
Sin embargo, consideró que no requería prisión preventiva, por lo que ordenó su liberación, como así consta en el documento:
“Por lo anterior, se ordenó girar atento oficio al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 ‘Altiplano’, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que se sirva poner en libertad de inmediato al justiciable”.
Gregorio Salazar dictó una resolución similar en 2023, en el caso de una imputada por “Operaciones con recursos de procedencia ilícita” y “Delincuencia organizada”.
Como en el caso anterior, ordenó restricciones como no salir del país, vigilancia y brazalete, pero no permaneció en prisión.
Ordenó su inmediata liberación.
El documento señala que “se instruye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 ‘CPS Femenil Morelos’ para que proceda a dar inmediato cumplimiento a dicha libertad, en el entendido de que la misma es única y exclusivamente por lo que a esta causa penal se refiere, y sin perjuicio de que deba permanecer preventivamente privada de su libertad personal por causa penal y autoridad diversa.
Asimismo, deberá informar a este centro de justicia el debido cumplimiento a esta determinación judicial con la misma inmediatez”.
Otra jueza recurrentemente señalada por la liberación de presuntos criminales es Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, quien participó en la resolución que liberó a Ramón Ángel “N”, un activo importante del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Chávez Montelongo tuvo otro caso similar de medidas cautelares “blandas” para una persona que fue encontrada delinquiendo en flagrancia con armas de uso exclusivo del ejército, narcóticos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto fue procesado en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, el febrero de 2019.
La jueza, sin embargo, ordenó las siguientes medidas cautelares:
“Se impusieron a **** ***** ******* ***** las medidas cautelares de presentación periódica semanal, exhibición de garantía económica y prohibición de salir del Estado, las que deberán subsistir hasta en tanto se dicte sentencia en la presente causa o se dé por terminada la misma por cualquiera de los supuestos establecidos en el código adjetivo de la materia”.
El monto que se le pidió pagar al imputado fue de tan sólo 10 mil pesos.
También está presente en la lista Sara Olimpia Reyes García, quien promovió la liberación de José Rafael “N”, conocido como “El Dover”, del Cártel de Cancún, un caso que se volvió mediático.
Ella tuvo un caso polémico en otra ocasión, cuando confirmó el auto de no vinculación a proceso a una mujer que fue detenida con 830 mil 739 pesos en efectivo, cartuchos para pistola calibre .380 y varias tarjetas bancarias.
Esto pese a que la fiscalía argumentó que existían indicios de “ilicitud” en los actos de la señalada, ya que estaba vinculada con una persona dedicada a actividades delictivas.
Según la fiscalía, la mujer era familiar y cónyuge de un narcotraficante que no fue identificado.
Este hombre también se habría encargado de traficar armas a Estados Unidos.
“en concreto su relación sentimental y consanguínea con *************** y/o ****************, a quien se señaló como padre y esposo de ****************** y ********************, respectivamente, y que por ello es viable considerar que el origen y naturaleza de los recursos sea ilícita”, se lee en el documento judicial.
Sin embargo, la defensa logró “acreditar” la procedencia del dinero y el permiso para portar armas.
De esta forma se revocó el auto de formal prisión por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
OTROS JUECES RELACIONADOS CON LA LIBERACIÓN DE IMPUTADOS POR DELITOS GRAVES RELACIONADOS CON EL NARCOTRÁFICO
La lista de juezas y jueces que han estado involucrados en la liberación sistemática de presuntos miembros de la delincuencia organizada es larga.
Por ejemplo, Daniel Ramírez Peña absolvió en 2022 a Leticia “N” por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Otro caso similar ocurrió con la jueza María Dolores Olarte, quien en 2023 facilitó la liberación de Héctor “El Güero” Palma, famoso líder del Cártel de Sinaloa, aunque este sigue en prisión, en el Altiplano, por estira y afloja con la FGR.
En 2023, el juez Salvador Hernández Martínez intervino en la liberación de Miguel Ángel “N”, alias “El Gato”, ex alcalde de Piaxtla que fue acusado de homicidio.
Jorge Quiroz Quintero también liberó a Fernando Emmanuel, alias “El Panther”, presunto miembro del Cártel de Santa Rosa de Lima.
También destaca el caso de Andrés Cascamilla González, que liberó a Vicente Javier “N”, El Cholula, en 2023, quien era acusado de homicidio calificado, robo con violencia, secuestro y asociación delictuosa.
También figura Rogelio León Díaz Villarreal, quien permitió la libertad de un presunto miembro del CJNG, “Don Rodo”, en 2024.
Y otro de los casos más famosos fue el de la liberación de Rafael Caro Quintero en 2013 por parte de la jueza Rosalía Isabel Moreno Ruiz, con respaldo de los jueces Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalo.
En 2017, volvió a liberar a otro criminal de alto perfil: Ernesto Fonseca Carrilo, “Don Neto”.
Aunque este historial pesaba sobre ella, fue homenajeada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando llegó su jubilación en 2023.
LIBERACIÓN DE IMPUTADOS, UN PROBLEMA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Carlos Lortia, exfuncionario de Seguridad Pública en el Edomex, especialista en seguridad y periodista, opina sobre la posible complicidad de jueces con el crimen organizado: “No hay estrategia que funcione.
¿De qué sirve que los detengan si, bajo acuerdos políticos, salen y se vuelve un juego del gato y el ratón, con el desgaste que eso implica para todos los servidores públicos que trabajan en seguridad? Esto incluye operatividad, gabinete e inteligencia”.
Además, subraya que la consecuencia más grave de esta situación es la pérdida de vidas humanas.
Y como lo muestran los documentos, estas vidas son puestas en peligro con sentencias blandas o injustificadas que ponen a generadores de violencia de nuevo en las calles, para que vuelvan a delinquir una y otra vez.
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