Por Claudia V. Arriaga Durán y Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
CAMPECHE.– El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue bajo investigación por la posesión de 47 propiedades inmobiliarias, en las que se incluye su mansión de 128 millones de pesos, una colección de arte y diversos medios de comunicación en Campeche. Además, se le indaga por peculado, uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 82 millones de pesos.
Apenas dejó el cargo como gobernador de Campeche, en junio de 2019, la Fiscalía General del Estado, bajo el gobierno de Layda Sansores, emprendió las investigaciones contra Moreno Cárdenas, Alito, quien desde agosto de ese año se hizo del control del PRI.
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), sin embargo, no ha podido redondear las investigaciones en su objetivo de que la Cámara de Diputados inicie una declaración de procedencia para retirarle el fuero que actualmente tiene como senador y que le impide ser sujeto de alguna acción penal.
La FGECAM ha realizado dos cateos en las propiedades de Moreno Cárdenas, en 2023 y 2022, como parte de las acusaciones que le imputó por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, peculado, abuso de autoridad, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de facultades y atribuciones.
En el cateo de 2022, cuando Alito acababa de ser por tercera vez diputado federal, la Fiscalía ingresó a la mansión y difundió ampliamente las imágenes de las excentricidades del dirigente nacional priista. El resultado del cateo lo integró a la carpeta de investigación C.I.-2-2022-3142 y la envió a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero.
Sin embargo, la FGECAM se vio obligada a retirarla debido a las deficiencias “de forma” en su integración, incluido el error de haberlo identificado aún como diputado federal o el que cometió durante el cateo de 2022, pues ingresó a terrenos de otro propietario, lo cual fue hecho valer por la defensa de Moreno Cárdenas, además de haber logrado varias suspensiones de distintos actos del Ministerio Público.
La investigación, sin embargo, sigue vigente, de acuerdo con implicados en las indagatorias y en las solicitudes del juicio de procedencia. “La investigación está viva, pues no ganó un amparo de fondo”, aseguran. Pero tanto Moreno como su defensa afirman que ya tienen el caso ganado.
El diputado Hugo Erick Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, responsable de los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia, explica que puede ocurrir una solicitud adicional en torno de esas investigaciones y convocar a la sección instructora este mismo año.
La investigación sobre las propiedades es uno de los casos por los que la Fiscalía de Campeche sigue buscando el desafuero. Además de esas indagatorias por los inmuebles, la posesión de obras de arte y la propiedad de medios de comunicación, se han integrado otras investigaciones por 82 millones de pesos.
De ese monto, 14 millones son por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, 27 millones por los mismos delitos, al igual que otros 23 millones por presuntos actos irregulares del Comité de Adquisiciones de su gobierno. Los 18 millones de pesos restantes son por los mismos cargos, además del de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Un anónimo”
En tanto “se perfecciona” la carpeta de investigación sobre las propiedades de Alito, el 29 de septiembre último el gobierno de Layda Sansores expropió tres terrenos “por causa de utilidad pública” para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos.
El consejero jurídico de Campeche, Adrián Serrano, dijo a Proceso que la expropiación de los terrenos nada tiene que ver con la investigación contra Moreno Cárdenas.
“No es un factor que se tome en cuenta. Al final, dentro de los dictámenes que se tienen que realizar, se llevan estudios para la factibilidad de servicios públicos; en este caso, si el proyecto es una universidad al área de medicina, cercanía con instituciones hospitalarias, avenidas principales, transporte público. El tema que estuviera involucrado en estas presuntas irregularidades pues no es un factor”, sostuvo.
Se le preguntó si Moreno Cárdenas interpuso algún recurso contra el procedimiento de expropiación. Sin referirse a esto, el consejero jurídico sólo respondió que el 12 de noviembre se emitió una segunda declaración de utilidad pública porque “no se localizó el domicilio de los particulares”, es decir, de la mamá de Alejandro Cárdenas y del arquitecto Juan José Salazar Ferrer. De acuerdo con la defensa, la expropiación sí se encuentra impugnada.
En las investigaciones sobre las propiedades de Alito participó la Fiscalía General de la República (FGR), según la carpeta integrada en cuatro tomos y conocida por este medio.
La investigación se inició a partir de un anónimo entregado a Raúl Eduardo Sales Heredia, un funcionario del gobierno de la morenista de Layda Sansores, hermano del entonces fiscal estatal, Renato Sales Heredia, quien renunció al cargo en junio de 2024, pero dejó encaminadas las acusaciones contra el dirigente nacional priista.
Las pesquisas se centran en la manera en que Alejandro Moreno se hizo de 47 lotes, ocho de los cuales los empleó para construir una lujosa y excéntrica casa en la privada Lomas del Castillo, cerca del malecón en la zona histórica de Campeche, por un valor en conjunto de 127 millones 968 mil 210 pesos, de acuerdo con los peritajes y cateos de la fiscalía local.
Otras propiedades de Moreno Cárdenas se ubican en el ejido de Champotón, un municipio costero a tan solo una hora de distancia de la capital y con grandes extensiones de playa.
Después del cateo de julio de 2022, la FGECAM dio a conocer las imágenes que dieron cuenta de la dimensión y extravagancias de la casa, como un cine, un billar, una sala de juntas, área de spa, una estética, piscina o un Cadillac convertido en bar, además de grandes jardines y amplios baños de mármol.
Según la carpeta, el dirigente nacional del PRI simuló donaciones y compraventa de las propiedades con personas cercanas a él. Entre ellos, su mamá Yolanda Mercedes Cárdenas y su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.
En esas operaciones tuvo el apoyo de Claudio Cetina Gómez, quien fue jefe de oficina del gobernador durante el gobierno de Alito, de 2015 a 2019, año en que se hizo de la presidencia del Partido de la Revolución Institucional (PRI).
Las indagatorias se remontaron a las actividades inmobiliarias de Alito desde 2006, durante su primer periodo como senador, cargo en el que repite desde el año pasado y que termina en 2030.
La primera adquisición inmobiliaria mencionada en la indagatoria es la que hizo hace 14 años, cuando junto con su hermano Emigdio compró un departamento y un local en las Torres de Cristal de la capital del estado.
MODUS OPERANDI
De acuerdo con la carpeta de investigación C.I. -2 -2022-3142, integrada por cuatro tomos, los 47 lotes fueron comprados a una tercera parte de su valor real.
Menciona que esas casas, terrenos, oficinas y departamentos las adquirió mientras fue senador, entre 2006 y 2012, y por los que pagó dos millones 450 mil pesos. Los peritajes cifraron esas propiedades en seis millones 942 mil 323 pesos con 53 centavos, a valor de esa época.
Posteriormente, el líder del PRI en México simuló donaciones y compraventa de las propiedades con personas cercanas a él. Además de su madre y su hermano, en la carpeta aparece también el nombre de Juan José Salazar Ferrer, señalado como su arquitecto de cabecera. Las operaciones inmobiliarias fueron protocolizadas por varios notarios públicos.
Según la Fiscalía, esas transacciones tenían como fin lograr que los prestanombres vendieran las propiedades con ganancias de hasta mil por ciento respecto del precio por el cual las adquirió, sin involucrar el nombre de Alejandro Moreno.
Del peritaje de sus declaraciones patrimoniales, la fiscalía dictaminó: “Se observa una sobrevaloración de las cantidades de las operaciones de venta, ya que en algunos casos la venta representa hasta un 1000% de incremento en el valor de la operación”. Cita el caso de un predio que vendió en tres millones de pesos, pero que está registrado con un valor de 285 mil 693 pesos.
Para esas operaciones, los predios se daban de baja y se unificaban, sin manifestar el nuevo valor de las propiedades.
En su declaración pública de 2019, integrada en la carpeta, Alejandro Moreno reportó 12 lotes a su nombre. Entre ellos, siete de los ocho sobre los cuales está construida su mansión están a nombre del dirigente político y el otro de Juan José Salazar Ferrer, de acuerdo con lo que informó en julio de 2022 el entonces fiscal Renato Sales, luego del cateo realizado a esa casa. Precisó que en total la fiscalía inspeccionó 29 predios; 22 de ellos son de “prestanombres” del exgobernador, según dijo.
La mansión se localiza en la privada Lomas del Castillo, en la zona céntrica de San Francisco, Campeche, en la que viven las personas de mayor poder económico y está cerca del Malecón y del histórico Fuerte de San Miguel, puntos emblemáticos del estado.
En un recorrido realizado por Proceso donde está construida la mansión fue posible apreciar en una vista panorámica que está asentada sobre varios lotes que se conectan entre sí, además de contar con otros que rodean la casa, ubicada dentro de una de las zonas de más alta plusvalía en la ciudad.
Anuncios de residencias en venta en dicha privada refieren precios de entre siete y 13 millones de pesos.
También se efectuó una inspección a los predios que aparecen a nombre de la mamá de Alito y de sus presuntos “prestanombres”. Entre estos lotes se encuentra uno de los tres que fueron expropiados el 29 de septiembre último. El predio a nombre de Yolanda Cárdenas Montero está identificado con el folio electrónico 542791. Los otros dos son el 557937 y el 545800, a nombre de Juan José Salazar Ferrer, que habían sido cateados por la FGECAM.
Cuatro meses después del cateo, el 16 de diciembre de 2022, mediante la agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, María Isabel Molina Aguilera, pidió asegurar 26 predios relacionados con la investigación, derivado de la carpeta FED/FECC/UNAI-CAMP/0000294/2019, así como la información que arrojaron los actos de investigación de la nueva denuncia.
En el cateo de 2022 la Fiscalía también dijo que en su interior se encontraron 51 objetos de arte de 17 artistas plásticos y que en su conjunto tienen un valor calculado en cuatro millones 313 mil 900 pesos. Entre los autores figuran Romero Brito, Perla Estrada del Río, José Antonio Gurtubay y Gustav Klimt.
La acumulación de la fortuna del priista va más allá de tierras, casas y otras propiedades. Según la Fiscalía, Alito también adquirió varios medios de comunicación de Campeche.
A partir de 2015 compró tres periódicos, una televisora y un sitio web informativo. El primero fue la televisora Mayavisión, que le pertenecía a Miguel Ángel Duarte Quijano, y que puso a nombre de su hermano, Gabriel Emigdio. Adquirió el periódico El Sur a la familia Azar García y Novedades de Campeche, que era de Jaime Ruiz Moreno.
En 2018 se convirtió también en propietario del Expreso Campeche, que era propiedad de Alejandro Castillo Illescas, hermano de Mauricio Castillo Illescas, dueño de Telesur. Además, compró el portal webcampeche.com, que era del empresario y conferencista Jorge R. De la Gala.
LA DENUNCIA
El anónimo, que incluyó registros de compraventa de las propiedades de Moreno Cárdenas, fue entregado en las instalaciones del Sistema General de Televisión y Radio de Campeche. El paquete, que además contenía copia de las escrituras, fue dirigido al director Raúl Eduardo Sales Heredia, quien formalizó la denuncia ante la Fiscalía.
En la documentación se incluyó la venta de cinco de las propiedades de Alito a su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, entre 2011 y 2016. La transacción se efectuó por un millón 982 mil 378 pesos con 19 centavos. Se trata de un departamento y un local sujeto a régimen de condominio, ambos en la Torre B de las Torres de Cristal, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, así como tres lotes de la calle Boulevard de Las Lomas, del fraccionamiento Lomas del Castillo.
La FGECAM requirió a la Secretaría de la Contraloría de la Función Pública estatal las declaraciones patrimoniales de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Claudio Cetina Gómez. En un segundo momento, solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado los registros de sus nombramientos en la Función Pública y salarios.
Como parte de las investigaciones, el Instituto de Información, Estadística, Geografía y Catastral del estado entregó información de los predios a nombre de los tres, así como de la mamá de Alito, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero.
En la carpeta también aparecen los nombres de Teodosio Domínguez Vargas, su representante legal, Marco Antonio Marrufo Alcocer y del militante del Partido del Trabajo (PT) Leonel Patricio Cruz León, como quienes vendieron en 2015 a Alito tres lotes de tierras del ejido de Champotón, frente a la playa.
El entonces fiscal Sales Heredia envió una copia certificada de la carpeta de investigación a la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja.
A la carpeta de investigación de 2022 se integró una denuncia de 2019, en la que acusaban por supuestos actos de corrupción a Alito y en la que se había determinado el no ejercicio de la acción penal.
La titular del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía estatal, Daliana Rosales Romero, solicitó a la fiscal María de la Luz Mijangos, de la FGR, copia de la carpeta FED/FECC/UNAI-CAMP/0000294/2019. Requerida por Proceso, la FGR se negó a dar información, luego de que en un primer momento asegurara que se trata de una investigación estatal, pese a que en la carpeta hay actuaciones de la FGR. En todo caso, dijo la vocería de la Fiscalía General que si hubiera una investigación federal en curso, no daría información.
LA DEFENSA DE ALITO
En el segundo cateo, en julio de 2022, que se realizó “de carácter urgente”, estuvo presente el apoderado legal de Alejandro Moreno, Félix Enrique Selem Villanueva, a quien la Fiscalía negó por lo menos en dos ocasiones la carpeta de investigación, según oficios que contiene la misma; uno del 6 y otro del 18 de julio de 2022.
El 25 de julio le respondieron por segunda ocasión con una negativa bajo el argumento de que su cliente “no tenía la figura de imputado, ni de sujeto procesal”.
El litigante también pidió las copias certificadas del cateo. Alegó que, aunque participó como testigo, ese día no se firmó el acta correspondiente, sino hasta 10 días después, pero que no atestiguó todas las actuaciones de los agentes que entraron a la casa. Refirió además que los agentes de la Fiscalía practicaron la inspección en propiedades ajenas a su cliente y para hacerlo tuvieron que derribar un muro.
En las actas circunstanciadas del cateo de los predios fechadas el 18 de julio se detalla que la orden de investigación fue otorgada por la jueza tercero interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, Ana Maribel De Atocha Huitz May.
Ese día, tras llamar a la puerta de la casa y que nadie respondiera, el fiscal ordenó fracturar la cerradura. Sales Heredia fue el primero en ingresar a la propiedad, seguido del vicefiscal Jackson Villacís Rosado. Ahí se encontraron con dos personas, quienes dijeron ser trabajadores de servicio de la casa, pero que no tenían llaves y por eso no atendieron.
En un intento por detener la investigación en su contra, el 4 de agosto de ese año, el propio Alejandro Moreno solicitó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acceso a la carpeta de investigación. Advirtió que “sufrió actos de molestia en la etapa inicial de la investigación, debido a que Renato Sales y la gobernadora Layda Sansores dieron a conocer de manera pública que se le inició una carpeta de investigación”.
De la carpeta de investigación también forma parte un correo en el que se comunica sobre la “Queja número 568/Q-203/2022, iniciada a instancia de los CC. Ricardo Miguel Medina Farfán, Karla Toledo Zamora, Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el H. Congreso del Estado, contra la Fiscalía General del Estado”, quienes promovieron una medida cautelar en favor del dirigente del PRI ante la Comisión de Derechos Humanos del estado, contra Renato Sales y la Fiscalía Anticorrupción “para abstenerse a declarar o comentar cualquier hecho que viole la presunción de inocencia”.
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