“Este texto es anónimo porque quienes lo escribieron temen por su seguridad”, con esta frase da inicio la presentación del estudio La paz como mito: el insostenible modelo de seguridad pública de Yucatán, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, mismo que refleja que la permanencia desde 2007 de Luis Felipe Saidén al frente de Seguridad Pública de la entidad, brinda seguridad, pero con represión. Nota del editor.
En comparación con otras entidades, Yucatán tiene una situación privilegiada. La tasa de delitos como homicidio, secuestro, violación y otras conductas ilícitas vinculadas con drogas y armas de fuego son relativamente bajas. De ahí que los reportes publicados por El Institute for Economics and Peace (Índice de Paz) y World Justice Project (Índice del Estado de Derecho) durante los últimos años coloquen a Yucatán en las primeras posiciones.
Durante 2016 Yucatán fue considerado el estado más pacífico de México, seguido por Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila por sus bajas cifras en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego; no obstante, en otros indicadores registró un número alto de delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada y personas privadas de la libertad sin condena. Para el año siguiente, Yucatán continuó en el primer lugar del Índice de Paz, mejorando considerablemente la disminución de la incidencia de los delitos anteriormente señalados, pero fue clasificado entre los 10 primeros estados con niveles altos de secuestro, extorsión y delitos relacionados con narcóticos. En 2018 y 2019 se ubicó en la misma posición.
En sentido similar, el índice de Estado de Derecho 2018 ofrece un indicador en materia de seguridad púbica. El factor de orden y seguridad mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, particularmente mide la ausencia de homicidios, la ausencia de delitos y la percepción de seguridad. Cabe mencionar que a diferencia del estudio anterior, este índice se alimenta de entrevistas calificadas a profesionales del sector público y privado vinculados con la democracia, libertad de expresión, impartición y procuración de justicia, derechos fundamentales y corrupción. A pesar de que este índice ubicó a Yucatán en el primer lugar durante los últimos tres años, éste quedó por debajo del estándar mínimo aprobatorio.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021 estima que, en 2020, sólo el 7.3% (26,391) de los delitos fueron denunciados ante el Ministerio Público. El 80.7% (21,295) de dichas denuncias resultó en una carpeta de investigación, lo cual representa el 5.9% del total del delito. Esto refleja una cifra negra de 338,755 delitos (333,062 sin denunciar y 5,096 sin carpeta de investigación). En cuestiones de género, de 174,509 delitos ocurridos a mujeres, existe una cifra negra del 92.9%. Este porcentaje es similar en el caso de los hombres, cuya cifra negra representa el 95.2% de los 185 541 delitos ocurridos a ellos. Estas cifras evidencian la prevalencia de la impunidad en el estado
Violencia de género
Como reportó Elementa DDHH en Derechos Humanos en contexto: Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán (2019), el estado presenta principalmente dos manifestaciones relacionadas con la violencia de género: la violencia obstétrica y el feminicidio. En 2017, a raíz de estas problemáticas, organizaciones de la sociedad civil solicitaron una declaración de Alerta por Violencia de Género. Para ese momento, la agrupación Yucatán Feminicida reportó 107 casos de feminicidio, de los cuales sólo 7 fueron tipificados como tal y apenas dos resultaron en sentencias condenatorias. La solicitud fue rechazada por la autoridad federal a razón de que el gobierno del estado había iniciado procedimientos para contrarrestar la violencia de género. Estos esfuerzos han sido criticados por la misma sociedad civil, considerándolos insuficientes.
Durante el 2020 se tipificaron 11 feminicidios, la mayoría durante la pandemia por COVID-19. Datos del SNSP indican que, de enero a noviembre del 2020, el número de emergencias 911 recibió 3,022 llamadas relacionadas con incidentes de violencia hacia las mujeres; 4,796 referentes a violencia de pareja; y 5,697 relacionadas con violencia familiar. Estas cifras evidencian, como presenta Elementa DDHH, que la violencia de género en Yucatán ocurre primordialmente en el espacio privado.
Violaciones a derechos humano
Yucatán es uno de los estados más seguros del país, pero su Secretaría de Seguridad Pública se ha caracterizado por ser una recurrente violadora de derechos humanos. De 2008 a 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) ha emitido 106 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, existen dos graves problemas, el primero es que en las recomendaciones utilizan eufemismos y las violaciones a derechos humanos no se nombran como deberían; por otro lado, no existe un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Adicionalmente, existe un patrón de detenciones arbitrarias y tortura que no se ha atendido de manera suficiente, tal y como ha señalado Elementa DDHH: “las autoridades encargadas de vigilar el adecuado ejercicio de las funciones policiales a nivel estatal y municipal no han demostrado voluntad institucional para investigar y sancionar a los responsables”.
De la información disponible en las recomendaciones emitidas por la CODHEY se desprenden 65 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias que se cometieron con violencia, 18 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias en las que se cometieron actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 2 casos de tortura y 8 casos de lesiones durante detenciones.
Entre las prácticas comunes de tortura se encuentran la privación sensorial, los golpes, asfixia mecánica, simulacros de ahogamiento, choques eléctricos, quemaduras, aplicación de sustancias irritantes, forzamiento de posturas incómodas, desnudez, privación de alimento y agua, así como colgar a las víctimas por largos periodos de tiempo. Por otro lado, se señala que constantemente se coaccionaba a las personas para dar información, aceptar su culpabilidad o inculpar a otras personas por la comisión de los delitos de robo, robo a casa habitación, narcomenudeo y violación sexual.
Debe considerarse, además, que estas prácticas no son exclusivas de la policía estatal, ya que también se ha documentado la realización de actos similares por parte de policías municipales.
Tortura
Aunque desde 2003 existe una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura en Yucatán, pocas son las acciones que se han implementado para atender los casos de tortura. Por ejemplo, en 2009 la CNDH, después de realizar visitas a 34 lugares de detención en el estado, emitió el informe 04/2009 del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, resaltando la poca capacitación del personal en las agencias del Ministerio Público para prevenir actos de tortura. Durante ese mismo año, la CODHEY emitió la recomendación general 2/2009 sobre el ejercicio de la función policial de funcionarios o servidores públicos encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia en el estado de Yucatán. Dicha recomendación fue producto de una revisión de los expedientes de queja y recomendaciones particulares derivados del empleo arbitrario de la fuerza pública, como el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, incomunicación, intimidación, actos de tortura, cateos y/o visitas domiciliarias ilegales.
En el “Diagnóstico General de la Situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán y sus Municipios, las Causas Estructurales de su Violación” elaborado por la CODHEY en 2012, se registraron 196 expedientes por presuntas violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 43 por tratos crueles inhumanos o degradantes, 8 por intimidación y 11 por incomunicación de las personas. El porcentaje de quejas y recomendaciones emitidas por violaciones a la integridad personal cometidas por cuerpos policíacos está muy por encima de cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos.
