Ricardo Márquez Blas
El presente texto es parte del estudio titulado México: Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis, publicado bajo el auspicio del Wilson Center y el Mexico Institute, y corresponde al penúltimo capítulo de la obra. Nota del editor.
Como en aquella leyenda gnóstica que relata la expulsión del cielo de los ángeles que por indecisión se conformaron con observar la lucha entre partidarios de Miguel y simpatizantes del Dragón (1), en los esfuerzos de México por construir mejores condiciones de seguridad no hay lugar para la contemplación distante. De entre las diversas recomendaciones que sería posible y conveniente formular, referimos solo aquellas que mayor impacto pudieran tener en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el control de la violencia y criminalidad.
Un gran acuerdo político de Estado e intergeneracional
La situación de violencia y criminalidad que asfixia al país no es solo un desafío de seguridad, es también un desafío político. Si bien la Constitución señala que la seguridad pública es una responsabilidad compartida por federación, estados y municipios, sobre este grave problema no existe actualmente un consenso nacional entre los distintos ordenes de gobierno. Tal carencia se expresa no solo en capacidades institucionales aisladas e inconexas, sino también en francos desacuerdos y contradicciones en los esfuerzos operativos de las distintas corporaciones policiales del país. No hay un acuerdo nacional básico que ordene las capacidades institucionales, jerarquice prioridades y organice con lógica de conjunto qué hacer, cuándo, cómo y dónde. A la fecha, por ejemplo, no existe el Programa Nacional de Seguridad Pública, cuyo propósito es precisamente articular las capacidades, objetivos y metas en materia de seguridad de los distintos órdenes de gobierno. Nunca había tomado tanto tiempo consensuar y dar a conocer tal programa. La ausencia del referido consenso también se expresa en notables asimetrías presupuestales, pues mientras que para las corporaciones federales se han autorizado importantes incrementos, los recursos federales para apoyar los esfuerzos de los estados se han estancado, y los correspondientes a los municipios primero se redujeron, luego se eliminaron y posteriormente se restablecieron, pero con montos ajustados a la baja.
Revertir los actuales niveles de criminalidad y violencia requiere de un gran acuerdo político nacional e intergeneracional sin precedentes en la historia contemporánea de país. Debe trascender períodos específicos de gobierno y comprometer a largo plazo las capacidades tanto de los gobiernos federal, estatales y municipales, como de los poderes Legislativo y Judicial. Sin este acuerdo político que comprometa voluntades, recursos presupuestales, capacidades y esfuerzos de órdenes de gobierno y poderes de la Unión, será improbable lograr una mejoría significativa en los niveles de seguridad en general y de violencia letal en particular. Igualmente, indispensable es la participación de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales especializados. Y dado que lograr condiciones aceptables de seguridad tomará largo tiempo, varias generaciones deberán comprometer su interés, participación, capacidades y esfuerzos.
Instituciones de seguridad eficientes, antes que numerosas
La actual administración federal apostó por la cantidad, el número, antes que por la eficiencia y la calidad. Supuso que el control de la violencia y criminalidad se lograría por medio de instituciones de seguridad con más efectivos y de mayor tamaño. Luego de tres años de operación, a pesar de que la Guardia Nacional prácticamente triplica el tamaño de la anterior Policía Federal, y de que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es ahora mayor que en cualquier otra administración, la violencia homicida se encuentra estancada en los niveles más altos de la historia reciente del país.
Esta apuesta por el tamaño ha agudizado y hecho más notorios los problemas de eficiencia en el desempeño de las labores policiales: mientras que, en 2018, con 37,297 elementos, la Policía Federal reportó la detención de 21,702 personas (2); en 2020, con 96,358 elementos, la Guardia Nacional puso a disposición solo a 7,419 probables responsables de hechos delictivos (3). Comparativamente, la desaparecida Policía Federal, con una tercera parte de los efectivos que tiene ahora la Guardia Nacional, hacía tres veces más detenciones. Si en términos de eficiencia operacional ya era preocupante que en promedio 1.7 elementos de la Policía Federal hicieran una sola detención en todo un año, que la Guardia Nacional registre una detención al año por cada 13 de sus elementos es para ruborizar hasta al menos exigente.
Aún es tiempo para que las instituciones responsables de la seguridad pública ajusten su perspectiva general, confieran prioridad a la eficiencia, y reorienten sus recursos y capacidades. En las condiciones en que se encuentra la seguridad pública es posible esperar mejores resultados si se apuesta por la eficiencia y la calidad, antes que por la cantidad. 
El programa general de crecimiento de la Guardia Nacional, por ejemplo, contemplaba que contaría con 150 mil elementos al finalizar 2021. A la fecha cuenta con 99,946 (4). Bien podría considerarse la posibilidad de que al menos los recursos financieros previstos para sueldos y equipamiento de esos 50 mil elementos que aún están pendientes de incorporarse fueran reasignados a temas que fortalezcan la eficiencia en el desempeño. 
Las evidentes deficiencias en el control de la criminalidad y en el cumplimiento de las tareas policiales no se subsanarán a través del simple despliegue de más elementos, sino con policías que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desempeñar su trabajo con eficiencia y calidad. Antes que corporaciones de seguridad de gran tamaño, México necesita corporaciones policiales de gran eficiencia.
Mejorar los sistemas de información para la reducción de la violencia letal
Ante el incremento de la violencia e inseguridad, a lo largo de los tres últimos sexenios México paulatinamente ha construido sistemas de información que permiten conocer y dar seguimiento a la violencia letal e incidencia delictiva a nivel nacional, estatal y municipal. Si bien se han registrado avances significativos, aún quedan importantes deficiencias por subsanar y pendientes por atender.
- Confiabilidad de datos e información.
Con el propósito de alimentar con información oportuna las reuniones que diariamente lleva a cabo el gabinete de seguridad -las cuales son encabezadas por el Presidente de la República- y que las decisiones táctico-operativas que ahí se toman cuenten con un sustento básico de datos duros confiables, desde los primeros días de la actual administración se integra un reporte diario de homicidios, el cual ha mostrado significativas limitaciones que, a su vez, impactan negativamente la calidad y efectividad de esas importantes decisiones.
Si se comparan las cifras de homicidios que a través del informe diario se suministran al gabinete de seguridad con los datos del INEGI las diferencias son más que significativas. En diciembre de 2020 la discrepancia en la cantidad de homicidios mensuales entre una y otra fuente superó el 31%. Dado que los datos del INEGI son claramente más robustos y confiables que los correspondientes al informe diario, lo anterior significa que en las reuniones diarias del gabinete de seguridad se han tomado decisiones con base en datos e información con un significativo grado de error e inadecuación, lo cual inevitablemente deteriora su eficacia y calidad. Cabe esperar que en la medida en que se optimice la confiabilidad de datos e información, también se incrementará la eficacia y calidad de las decisiones del gabinete de seguridad, y esto a su vez se reflejará en mejores resultados operativos.
Subsanar deficiencias y optimizar el funcionamiento de los sistemas de información para la toma de decisiones con datos confiables, actualizados y oportunos, representan factores clave para los esfuerzos nacionales por reducir la violencia y la criminalidad.
- Bases de datos binacionales.
Además de ser una de las principales prioridades la sociedad y el gobierno de México, la reducción de homicidios está también entre los acuerdos más importantes del llamado Entendimiento Bicentenario, dado a conocer por autoridades mexicanas y norteamericanas el pasado mes de octubre. Con tal propósito, se contempla la construcción de una plataforma informática para el intercambio de mejores prácticas en prevención de la criminalidad y la creación de una fuerza de tarea binacional que lleve a cabo investigaciones sobre homicidios.
No se ha dado a conocer mayor información, pero al parecer el interés bilateral apunta a la construcción e integración de bases de datos y sistemas de información altamente especializados y focalizados en materia de homicidios. En tal caso, no se partiría de cero, pues además de que existen procesos institucionalizados de intercambio de información, ambos países cuentan con bases de datos y sistemas de información criminalística. México, por ejemplo, cuenta con el ecosistema de bases de datos de Plataforma México, que concentra e interconecta las más importantes bases de datos criminalísticas del país. Sin embargo, dado que se trataría de una nueva plataforma binacional compartida, se requeriría de la construcción e interconexión de bases de datos y sistemas específicos de ambos países, con información altamente focalizada en homicidios, que apoyen los esfuerzos de esa fuerza de tarea binacional.
Más allá de la infraestructura de cómputo, redes de comunicación, sistemas informáticos y recursos financieros que se requerirían, quizá entre los más importantes desafíos de dicha plataforma binacional esté el tipo, cantidad y calidad de la información que cada país estaría en condiciones de aportar o compartir. Muy probablemente en ambos países existen disposiciones normativas que limitan los tipos de datos e información que es posible aportar, e incluso cabría esperar que en el proceso surjan reticencias de carácter político sobre lo que es conveniente compartir; pero, en cualquier caso, lo mejor que puede suceder es que prevalezca la convicción de que la voluntad e interés binacional por reducir los homicidios requiere de la mayor y mejor información disponible.
Detención de capos y lugartenientes
En el México de hoy, resulta imposible propiciar e inducir una reducción significativa y sustentable de la violencia letal sin un esfuerzo serio y eficaz tanto para desarticular a los cárteles del narcotráfico, como para detener y llevar ante la justicia a sus principales líderes.
La posición asumida por las autoridades mexicanas es contrastante, por así decirlo. El propio gobierno reconoce que la violencia letal tiene dos grandes motores: el tráfico ilegal de armas de fuego y las disputas entre cárteles del narcotráfico. Mientras que 7 de cada 10 homicidios se comenten con armas de fuego, el 75% de los homicidios está vinculado a actividades del crimen organizado, especialmente el dedicado al narcotráfico. 
En el caso de las armas de fuego, el gobierno mexicano ha insistido en la conformación de grupos de trabajo binacionales (México-Estados Unidos), reclamado regulaciones más estrictas por parte del gobierno norteamericano, ha demandado a fabricantes de armas, y en general ha asumido una posición claramente proactiva. En contraste, su posición respecto al control de las actividades de los cárteles del narcotráfico y la detención de sus principales líderes ha sido francamente displicente. Desde sus primeros días en funciones, las actuales autoridades insistieron en que no perseguirían ni detendrían a líderes de cárteles del narcotráfico porque tal tipo de acciones no formaban parte de su estrategia de seguridad (5). Así, en el caso de uno de los motores de la violencia, el tráfico de armas de fuego, el gobierno mexicano sistemáticamente busca e impulsa acciones enérgicas, pero en el caso del otro motor, el de los cárteles del narcotráfico, no ha mostrado interés alguno por desarticular esas organizaciones criminales ni por detener a sus líderes. 
Esto ha generado diversos incentivos disfuncionales para el control eficiente de la criminalidad y la reducción de la violencia letal. Al saberse fuera de las prioridades estratégicas y operativas de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, buena parte de los nada despreciables recursos y capacidades que anteriormente capos y lugartenientes destinaban a sustraerse de la acción de la justicia, ahora se canalizan a disputar, conquistar, controlar y explotar a través de medios violentos, territorios, mercados criminales y eslabones de la cadena de valor de mercancías ilícitas.
Esta más que tímida posición de México difiere de la firme convicción de dos aliados clave en el continente americano para el combate a las redes de la criminalidad organizada trasnacional: Estados Unidos y Colombia. Para ambas naciones, la detención de capos del narcotráfico y su presentación ante la justicia son componentes esenciales tanto de sus estrategias de seguridad como de sus políticas de procuración e impartición de justicia. Para la fiscalía general de Colombia, por ejemplo, no es posible desarticular las estructuras criminales combatiendo solo los niveles bajos de las organizaciones delictivas, y si las autoridades no van tras los capos y sus bienes la lucha contra el narcotráfico es inexistente.
Las diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos son claras en este asunto. Lo más probable es que continúen y que con el paso del tiempo se vayan ampliando y profundizando. No extrañaría que, como ya ha sucedido en el pasado, en el futuro mediato e inmediato este tema específico entrara en crisis y deteriorara la relación bilateral en materia de seguridad.
Si bien en México la estrategia de detención de capos del narcotráfico registra una mezcla de fracasos y éxitos, sin acciones decididas para llevarlos ante la justicia y desarticular sus organizaciones criminales será mucho más complicado y prolongado lograr una reducción significativa de la violencia letal en el país.
Mirar a Clío sin desdén
El desdén por las numerosas enseñanzas que ofrece la historia nacional en materia de seguridad y estrategias de control de la criminalidad es una sorprendente paradoja, tratándose de un gobierno que no pierde oportunidad de resaltar la magnificencia de su linaje y bagaje históricos.
Muy probablemente, algunos de los reveses más notorios que ha sufrido la actual estrategia de seguridad se hubiesen podido evitar, o al menos atenuar, si antes se hubiera llevado a cabo una rápida revisión de sus antecedentes históricos y se hubiera conferido un mínimo de valor a sus enseñanzas.
El primer revés para la actual estrategia de seguridad, quizá el más importarte hasta ahora, no fue operativo sino
político e histórico. Fue un revés mucho antes y mucho más importante que el llamado “Culiacanzo”, el fallido operativo que buscaba detener a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, que terminó en un escandaloso fracaso. En los inicios de la actual administración se buscó centralizar en el gobierno federal el mando y control de las capacidades policiales del país a través de los denominados superdelegados. Además de haber sido rechazada casi de inmediato por la mayoría de los gobiernos estatales y municipales, tal pretensión inicial socavó la confianza, respaldo y cooperación locales que son indispensables para la implementación y el éxito de cualquier estrategia nacional. Desde la caída del Imperio de Iturbide y el inicio del sistema de gobierno federal (1823-1824), los reiterados intentos por crear una fuerza policial centralizada susceptible de ser empleada como instrumento de control político por la autoridad federal acumulan una prolongada lista de fracasos.
En la búsqueda de alternativas eficaces para hacer frente al grave problema de la inseguridad, la Cuarta Transformación simplemente está desdeñando las enseñanzas de las tres transformaciones previas. Un cúmulo de experiencias históricas aprovechables están arrumbadas, esperando su rescate del cajón del olvido donde han sido confinadas. Como ya mucho tiempo atrás lo expresara Toqueville: se deambula en la obscuridad cuando el pasado ha dejado de arrojar luz sobre el futuro (6). Conviene voltear a ver a Clío, pero sin desdén en materia de seguridad.
Notas:
- Cfr. Cioran, E. M. Desgarradura. México, Tusquets, 2016. p. 11.
- INEGI. Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019. Presentación de Resultados Generales. Diciembre 11, 2019.
- INEGI. Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019. Presentación de Resultados Generales. Noviembre 23, 2021.
- Gobierno de México. Informe de Seguridad. Lunes 22 de noviembre, 2021.
- López Ponce, J. Op. Cit.
Toqueville, Alexis. Democracy in America. Volumes 1&2. Wisconsin, Madison & Adam Press, 2018. p. 729.
