2000: ni transición ni reforma; solo alternancia que llevó a restauración
Qué diablos pasó en el 2000 y por qué no estamos donde nos dicen que estamos, sino que seguimos donde dicen que no estamos
1.- La crisis en la crisis en la crisis en la crisis…
Si se quiere establecer un punto de inflexión en la crisis sistémica del México moderno –de la Revolución Mexicana al final del primer cuarto del siglo XXI–, no hay mejor referencia histórica consensuada que la crisis política provocada por el movimiento estudiantil del 68. Paradójicamente, no se trató de una movilización transicionista, reformadora, democratizadora o de cambio social, sino que fue solo un grito de protesta de la clase media y sus alrededores contra el abuso autoritario de la policía: antiautoritaria. Pero el sacudimiento social y político provocó ajustes en el funcionamiento del sistema político/régimen de gobierno/Estado social/Constitución política.
El país comenzó a crujir en sus amarras al comenzar la segunda mitad del siglo XX con movilizaciones sociales de sectores que apoyaron sustantivamente al discurso de la Revolución Mexicana, pero que estaban siendo sacrificados en cuanto a beneficios derivado de un modelo económico capitalista y de concentración de la riqueza a favor del poder económico y social capitalista. La estructura del sistema –que por cierto nunca fue de tranquilidad– dejó de tener capacidad de solución de conflictos y en1962 se percibieron los primeros vientos de rebelión campesina a través del líder agrario Rubén Jaramillo y la posibilidad de poder encabezar en su momento un movimiento guerrillero.
A nivel de élite, el tránsito de los generales gobernantes (1917-1946) a los políticos (1946) se vio trasminado en su interior por lo que ha sido el principal problema social de México: la corrupción pública, y desde luego expansión como la humedad en la sociedad. El discurso revolucionario pasó de consenso nacional a demagogia, el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación del Gobierno del presidente Adolfo López Mateos y luego él mismo como titular del Poder Ejecutivo federal enfrentó los precarios equilibrios sociales y las protestas desbordaron los márgenes institucionales hasta provocar casi de modo natural y previsible el manotazo autoritario del 68 contra un movimiento que surgió de golpes en las calles entre dos preparatorias y terminó como un movimiento social de movilización masiva por la respuesta autoritaria el Estado.
El 68 arribó –en la visión más certera que se tiene hasta ahora: la del ensayista Octavio Paz en su conferencia en Austin en septiembre de 1969 y luego en su ensayo Posdata de febrero de 1970– al punto delicado del agotamiento de los viejos mecanismos conciliadores del régimen y por lo tanto a la orilla de la ruptura social. El dilema, escribió Paz, después de Tlatelolco era muy sencillo: democracia o dictadura.
La opción institucional fue mixta: mantenimiento de las estructuras institucionales autoritarias, verticalistas y piramidales –régimen presidencialista con partido prácticamente único y distensión social a través de subsidios populares del gasto público–, al tiempo que controlar a las fuerzas hasta ese momento solo disidentes y no rebeldes insurgentes a través de reformas aperturistas progresivas que pudieran evitar la reconfiguración del sistema político con instituciones realmente democráticas y de equilibrio idílico de poderes.
El proceso de reforma comenzó en 1969 con la autorización a jóvenes de 18 años en adelante para votar y terminó en 1990 con la transformación de la Comisión Federal Electoral controlada por la Secretaría de Gobernación en Instituto Federal Electoral… controlado por la Secretaría de Gobernación. La gran audacia del presidente Carlos Salinas de Gortari fue hacer creer a la sociedad que se había llegado a uno de los puntos neurálgicos de todo sistema democrático: el respeto al voto. Sin embargo, el IFE fue construido y copado por un grupo intelectual de la izquierda universitaria comandado por José Woldenberg y un Consejo de notables como barones electorales que validaban desde su representatividad sistémica los resultados que antes se obtenían con robo de urnas y en los hechos solo fortalecieron el sistema/régimen/Estado priista.
El IFE coronó un proceso de reforma formal que se inició en 1978 con el proceso caracterizado como “reforma política”, que al final quedó solo en la adecuación del sistema de partidos, un poco de mayor libertad de prensa porque fracasó la reforma al derecho a la información y una primera revisión del padrón electoral con mayor profesionalismo. Las elecciones federales desde 1979 mostraron el nuevo equilibrio que seguía dominando el PRI, pero con un dato que puede ser caracterizado como el factor que hizo fracasar cualquier reforma democrática en México: la izquierda comunista que había sido la única oposición real en los años del endurecimiento priista a través del Partido Comunista Mexicano prefirió la participación electoral que la lucha ideológica y se desinfló la reforma con una votación de apenas 5%.
El fraude electoral de las elecciones de julio de 1988 condujo en 1990 a otra reforma electoral que fue la misma gata pero revolcada.
El punto central del fracaso democratizador de México en el largo período 1951-1990 fue la ausencia de una ciudadanía educada y participativa.
2.- Reforma sin ciudadanos.
La relectura de las crónicas sobre la movilización estudiantil y popular del 68 genera sentimientos encontrados: la sociedad salió a gritar contra el autoritarismo gubernamental, pero no se organizó para exigir reformas que democratizaran a las estructuras del poder.
En todo caso, el dato más importante que se encontró como explicación racional a las reformas políticas y/o electorales fue acreditarlas a una sociedad despierta, pero con dificultades para funcionar como ciudadanía: las estructuras del poder sistémico del régimen priista permanecieron bajo control del tricornio presidente de la República/partido de Estado/bienestar social. El modelo venía desde el siglo XIX como lo probó Fernando Escalante Gonzalbo en 192 con su indagación Ciudadanos imaginarios (El Colegio de México).
Ahí se encuentra la clave para entender por qué las reformas no derivaron en una democracia. La Constitución de 1917 fijó el criterio de la autoridad máxima del Estado en su forma terrenal como gobierno y la sociedad subordinada a través de controles institucionales a los poderes superiores. El presidente Plutarco Elías Calles le dio estructura ósea al presidencialismo con el Partido del Estado controlado por el Ejecutivo. El presidente Lázaro Cárdenas inventó la estructura corporativa del populismo mexicano con la organización de los cuatro sectores de clase como corporaciones dependientes del Partido de la Revolución Mexicana –es decir, del presidente de la República–: obreros, campesinos, clases medias organizadas como profesionales y militares. El presidente Miguel Alemán reformó el artículo 3º constitucional y ahí fijó los criterios-límite de la democracia mexicana o a la mexicana: no solo el régimen jurídico, sino básicamente políticas sociales de control de masas. La reforma fue muy clara: considera a “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Con estas reformas se escribió el epitafio del sepelio de la democracia real en los regímenes del PRI, del PAN, nuevamente del PRI y de Morena: la democracia es bienestar o populismo y no reglas de convivencia y participación sin interferencias públicas.
En el largo período de movilización 1951-2018, las sociedades mexicanas sin ciudadanos legitimaron el funcionamiento de una democracia desciudadanizada. Los precarios partidos de oposición aceptaron las reglas del juego de todas las reformas para canalizar a través de sus estructuras elitistas –la ley de hierro de la oligarquía en los partidos que denunció en 1919 Robert Michels– la participación del pueblo como pueblo y no como ciudadano. Los partidos quedaron en manos de élites sin ciudadanos.
Las elecciones federales de 1979 probaron una reforma política que no movió los porcentajes electorales de los partidos tradicionales y los nuevos quedaron pululando alrededor de los viejos; las elecciones presidenciales de 1982 solo bajaron 10 puntos porcentuales al PRI para distribuirlo a la oposición y sus nuevos partidos satélites; las elecciones federales de 1985 potenciaron a nivel municipal al PAN; y las elecciones presidenciales de 1988 refrendaron el dominio del fraude electoral como política de Estado.
La disminución de la votación del PRI –de 99% con López Portillo a 76% con Miguel de la Madrid y de ahí a 50.3% con el fraude electoral de Salinas de Gortari– fue resultado no de un activismo ciudadano, sino de lo que siempre se dijo que sería el principio del fin del PRI: la división interna. De la Madrid, Salinas y Zedillo –economistas y no priistas– resquebrajaron la estructura interior del PRI, permitieron la fuga de importantes sectores políticos del viejo cardenismo y del nacionalismo revolucionario y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pudo tejer una candidatura opositora en 1988, pero no logró frenar el fraude electoral.
El primer aviso de que el PRI estaba perdiendo votos de manera apresurada no llegó en 1994 porque la coalición de 1988 se rompió y Cárdenas fundó el PRD sin poder potenciar al Frente Democrático Nacional de 1988. Pero como PRD, Cárdenas inició la debacle electoral del PRI al arrebatarle por la vía electoral la Jefatura de Gobierno del Distrito federal como premonición de lo que llegaría a tres años después en las presidenciales.
La crisis de entendimiento entre Salinas de Gortari y Zedillo terminó por resquebrajar el PRI como consecuencia de un suceso que fue la puntilla para ese viejo partido tricolor: el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, después de haber pronunciado como abanderado presidencial un discurso de ruptura con el neoliberalismo salinista; el candidato suplente, Ernesto Zedillo Ponce de León, salió del fondo del conservadurismo priista para evitar la desviación neoliberal.
Pero la lucha interna fue inevitable, sobre todo por la impericia y arrogancia de Zedillo al desdeñar al PRI en las capitalinas de 1997 y ser bloqueado por las bases tradicionales del PRI con candados a la candidatura de los precandidatos neoliberales: Guillermo Ortiz Martínez y José Ángel Gurría Treviño. Zedillo impuso la candidatura de Francisco Labastida Ochoa, político tradicionalista qué fue aplastado por el lenguaje de campaña de Vicente Fox quesada.
3.- El decenio del fin del PRI.
Salinas de Gortari y Zedillo no pudieron construir una continuidad política al proyecto neoliberal que inició desde Los Pinos el presidente De la Madrid, pero de la mano operativa de Salinas de Gortari como ideólogo y arquitecto de esa continuidad.
La oposición partidista –que no ciudadana ni política– se ahogó en sus propias oligarquías, no pudo frenar la reforma electoral de Salinas, los consejeros electorales no representaron a los ciudadanos sino a la élite intelectual progresista que legitimaba el modelo de continuidad neoliberal y el PRI operado realmente por Manuel Camacho Solís recuperó para el grupo salinista los votos que le había quitado el ramalazo electoral de 1988, y ahí el salinismo recuperó la confianza y construyó la candidatura popular y de imagen de Colosio, pero no pudo llevarlo a la victoria final.
Zedillo marcó el fin del PRI con una declaración que respondía más a su desdén con el PRI que a una estrategia operativa sistémica de que su presidencia iba a mantener una “sana distancia” del PRI, porque el PRI se movió en las asambleas y le puso candados a las posibles candidaturas neoliberales de Zedillo.
Se han estudiado y analizado poco las razones de movimientos sistémicos que llevaron a Zedillo aceptar la derrota del PRI: la imposibilidad de construir un liderazgo propio dentro del partido que impidió las candidaturas de Ortiz y Gurría por carecer de un cargo popular previo, de acuerdo con la reforma de estatutos de una asamblea durante el gobierno zedillista.
Con la frialdad del tiempo se puede concluir que la continuidad zedillista iba a ser imposible con cualquiera de los candidatos políticos del PRI –Francisco Labastida, Manuel Bartlett Díaz, Roberto Madrazo Pintado o Humberto Roque Villanueva– y porque la expectativa de la victoria electoral iba a depender de un viejo fraude como el de 1988. Para Zedillo, en cambio, la continuidad era de proyecto económico neoliberal y no de clase política priista gobernar. El gran pacto secreto de Zedillo con Fox fue aceptar el resultado electoral panista sin fraude priista, a cambio de que el futuro presidente surgido del PAN aceptará al economista Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda, a partir de los datos publicados sobre todo en Proceso de que Gil era considerado el jefe de los Chicago boys mexicanos o economistas del Banco de México de pensamiento único neoliberal.
Y la continuidad gubernamental en el ciclo de la alternancia 2000-2018 –los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto– se dio a partir de convertir a Hacienda en el eje sistémico del Estado mexicano, no el PRI ni Gobernación: Gil con Fox, Agustín Carstens –en el momento de ser designado para Hacienda con Calderón era nada menos que el subgerente general del Fondo Monetario Internacional, la Catedral del neoliberalismo mundial—y Luis Videgaray Caso –del grupo económico del salinista Pedro Aspe Armella, otra de las mentes maestras del neoliberalismo– en Hacienda con Peña Nieto.
El pueblo desciudadanizado votó por Fox en el 2000 por su discurso antipriista, pero ya en la designación del gabinete un día antes de la toma de posesión se percató de que el verdadero poder de continuidad neoliberal estaba en Hacienda; lo mismo ocurrió con el candidato presidencial panista Calderón y el candidato presidencial priista Peña Nieto, los dos con discursos populistas en la lógica de la reforma constitucional de Miguel Alemán de que la democracia era el subsidio a los pobres y no el respeto al voto ciudadano.
La reforma electoral creó el IFE 1990, lo separó burocráticamente de Gobernación en 1996 pero manteniendo el control con la élite de consejeros electorales del grupo Salinas de Gortari-Woldenberg y terminó de consolidar la alianza PRI-PAN con la reforma electoral del Pacto por México firmado por estos dos partidos y el bloque chuchista del PRD al entregarle la dirección del INE a José Córdova Vianello, que había sido jefe de asesores de Woldenberg en el IFE, cerrando el círculo histórico de un Instituto Electoral que abrió expectativas de democracia en el voto y terminó siendo la misma gata de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz en 1988, aunque ligeramente revolcada.
Y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tuvo la gran oportunidad de retomar la bandera de la transición real de sistema/régimen/Estado al final decepcionó las expectativas de democratizadoras porque reformó al INE para tomar el control gubernamental de la oficina encargada de organizar y contar votos, también en la misma lógica de la Comisión Federal Electoral de Bartlett Díaz.
4.- La no-transición.
Con la perspectiva que da el tiempo –un cuarto de siglo, cuando menos–, el análisis político y estratégico de lo ocurrido el 2 de julio del 2000 con la victoria presidencial del candidato panista Vicente Fox Quesada puede proporcionar ya elementos para ir caracterizando lo ocurrido: aunque existieron corrientes políticas y sociales para aprovechar la declinación del PRI y la pérdida de control político del presidente Zedillo e impulsar de manera formal lo que ya se conocía como un proceso de transición a la democracia, –partiendo de la experiencia de otros países iniciada con la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal y de modo simbólico la transición española en 1976-1978—no se configuraron los elementos para caracterizar el proceso como transición: no se desmanteló el viejo régimen priista sino que se afinó.
México sí tuvo la oportunidad de cerrar el ciclo posrevolucionario en el 2000 y buscar un acuerdo de transición pactada entre todas las fuerzas de la oposición. En 1975, algunos miembros de la organización Plata Junta de España –fusión de la Plataforma Democrática del Partido Socialista y de la Junta Democrática del Partido Comunista– visitaron México y se sabe que el líder histórico del comunismo español Santiago Carrillo le sugirió en una charla informal al entonces presidente del PRI Jesús Reyes Heroles que México debería construir una transición a la democracia.
Dominado más por el peso de la burocracia que en función de su carácter de intelectual e historiador, Reyes Heroles montó en furia y dijo que era imposible porque México ya era una democracia y que tenía constantes reformas de perfeccionamiento, pero que aquí no había un Franco dictador, aunque con ciertas licencias literarias y académicas pudiera considerarse que el PRI era un modelo franquista, corporativo y dictatorial.
Carrillo explicó después que su intención era decir que la oposición mexicana debía pactar con el PRI una reforma de reconstrucción de instituciones políticas para llevarlas a los juegos de la democracia institucional, sobre todo porque México había eludido la dictadura en 1968. El realismo político de México terminó por imponerse: Reyes Heroles quiso democratizar tibiamente al PRI desde su interior, pero el manotazo presidencialista de Echeverría le impuso el candidato presidencial en 1975 y desplazó a Reyes Heroles del partido para poner al burócrata acomodaticio y precandidato derrotado Porfirio Muñoz Ledo.
En 1984, el ensayista Enrique Krauze publicó un ensayo seminal en la revista Vuelta sobre una propuesta para transitar a México a una verdadera democracia siguiendo los pasos de la transición española: el pacto entre toda la oposición para desmontar el régimen autoritario y reglas estrictas para que ganara quien acumulará más datos sin fraudes electorales. Manuel Camacho Solís, un teórico de la ciencia política, de la crítica al PRI corporativo y de la transición, le respondió a Krauze desde su cargo de funcionario del Gobierno delamadridista: una transición a la española significaría de entrega del poder del PRI a la oposición. Y Camacho tenía razón, pero de eso justamente se trataban las transiciones.
De la Madrid le dio el último estirón al PRI autoritario como partido corporativo del Estado y pudo poner como candidato presidencial a Carlos Salinas de Gortari, pero a costa de una de las peores fracturas priistas en su historia: la salida del partido del líder histórico Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del presidente Lázaro Cárdenas que transformó el Partido Nacional Revolucionario de partido de caudillos al Partido de la Revolución Mexicana como estructura de corporación de clases productivas que participaban en la creación de la riqueza vía –y a partir del pensamiento marxista utópico del presidente Cárdenas– la lucha de clases reconocida como motor de la organización social, pero anulada en tanto que esas clases no deberían gobernar como clases sino como masas a través de niveles de intermediación del funcionariato.
Cárdenas construyó una candidatura personal que consistió en el apoyo de cuando menos dos de las organizaciones más importantes de la oposición de izquierda real: El Partido Comunista Mexicano ya con registro legal y dirigido por un burócrata conciliador y ajeno a la lucha de clases –Arnoldo Martínez verdugo, con más intenciones de ser funcionario que el líder ideológico de una transición a la izquierda– y el Partido Mexicano de los Trabajadores del entonces líder histórico de los profesores del movimiento estudiantil del 68, Heberto Castillo Martínez.
El saldo electoral de julio de 1988 encontró a un Cárdenas desmovilizado y sin una propuesta de articulación activa de toda la oposición. En 1989 desarticuló el Frente Democrático y lanzó la iniciativa de fundar el PRD, sobre todo con el registro del Partido Comunista Mexicano que enterró una historia de disidencia y terminó disputando algunos despojos del poder. El PRD terminó el proceso de lobotomización Ideológica de la oposición socialista, como virtual partido en un PRI poscardenista y populista y se olvidó que el motor de las clases sociales era justamente la lucha por la riqueza. La oposición a la que le reconocieron 31% de los votos en 1988 cayó a una votación del PRD de 17% en 1994 y 2000.
La oposición que surgió de 1988 se desarticuló y quedó en fracciones sin capacidad de influir en decisiones de Estado. El PRI cayó en contradicciones, promovió el grupo PRI-PAN y desde el fondo del perredismo surgió en 2011 el lopezobradorismo como movimiento de renovación nacional y emprendió su larga marcha por la presidencia de la República hasta su victoria en 2018
5.- ¿Y la transición, apá?
La transición de México a la democracia fue un concepto inventado por los barones del INE para autojustificarse. Salvo el ensayo de Krauze sobre una “Democracia sin adjetivos” a comienzos de 1984, la transición como concepto tuvo más discusión en el sector ideológico de centro y de derecha que a nivel de académicos progresistas. En los hechos fue hasta después del resultado electoral del 2000 en que se comenzó a hablar de una transición democrática, aunque en el modelo de Porfirio Muñoz Ledo de una reforma integral del Estado, lo que al final de cuentas eran dos universos diferentes.
El problema es que en todos los casos hubo solamente una imposición semántica, no se abrieron debates sobre lo que debería ser una transición y si México cumplía con los requisitos. En todo caso, los gobernantes en turno prefirieron hablar de mejoramiento de la calidad de la democracia, sin hacer un planteamiento de cómo un régimen centralista, autoritario, represivo, unitario y presidencialista hasta la sevicia podría estar al frente de un gobierno presuntamente democratizador.
El encargado de imponer en la gramática política el concepto de que México ya había transitado a la democracia y no nos habíamos percatado de ello pero que obligadamente tenemos que aceptarla como algo consumado y dar vuelta a la hoja fue nada menos que José Woldenberg, consejero ciudadano del IFE por recomendación de Salinas de Gortari y su intelectual de cabecera Héctor Aguilar Camín y posteriormente consejero presidente del IFE durante el zedillismo. Previo a su incorporación a la estructura burocrática de la ideología transicionista gubernamental, Woldenberg fue pivote para crear un centro de análisis político titulado Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, y hay que oponer atención en el carácter autoritario e impositivo del organismo: era un instituto “para” la transición, es decir imponiendo la propiedad del concepto de transición, y no un Instituto de Estudios “sobre” la transición a la democracia.
Para Woldenberg la alternancia del 2000 fue posible porque “la transición democrática estaba concluida”. Pero otros académicos mexicanos sin la caja de resonancia del Gobierno/Estado tenían otros datos; por ejemplo, el politólogo César Cansino señaló con claridad transición era un proceso de cambio institucional a nivel de Estado y gobierno de un régimen autoritario a un régimen democrático. Woldenberg fue más superficial y obvio: un resultado electoral no puede ser una transición sino solamente eso, una nueva mayoría determinada por el respeto al voto, pero funcionando en la misma estructura autoritaria del pasado.
El teórico de las transiciones recientemente fallecido Leonardo Morlino definió una secuencia muy clara de los procesos de transición:
–crisis del régimen autoritario, ya sea violenta o pacífica.
–opciones de revolución o pacto negociado.
–transición con cambios institucionales de sistema/régimen/Estado/Constitución.
–instauración de las nuevas instituciones y reglas democráticas que eviten el regreso autoritario.
–consolidación de la nueva democracia en toda la estructura de gobierno y sociedad.
–definición de puntos clave que tienen que ver con la calidad de la democracia, es decir, el reconocimiento que las nuevas reglas tienen que ser institucionales, legales y respetadas por las fuerzas del viejo régimen autoritario.
Tan fueron frágiles y superficiales las reformas estrictamente electorales –sin cambiar la mentalidad autoritaria e institucional del régimen–, que con demasiada facilidad el presidente López Obrador inició un proceso de contrarreforma electoral con el apoyo de los equilibrios supuestamente democráticos que con este retroceso comprobaron que la transición en modo Woldenberg fue de cristal.
Caracterizar una transición –que significa nuevas estructuras de poder– solo por quien gane la mayoría en las elecciones fue una de las frivolidades académicas de Woldenberg. Fox le encargó a Porfirio Muñoz Ledo un proyecto de reforma general del Estado sin mencionar la palabra transición porque no quería ahuyentar a los políticos del viejo régimen autoritario priista que estaban temiendo que la alternancia derivará en órdenes de aprehensión. Muñoz Ledo entregó en tiempo y forma su propuesta de reforma del Estado, pero literalmente el presidente Fox la tiró a la basura y prefirió llegar a un acuerdo conciliador de pacto antitransicionista con los sobrevivientes el viejo régimen priista.
Y tan no fue transición la sola victoria electoral de Fox que las estructuras del viejo régimen siguieron operando la mayoría de la Cámara federal de Diputados y el Senado donde se tenían que aprobar todas las reformas de su puesto a cambio de régimen. Además, en el 2000 el PRI mantenía 21 gobernadores estatales, contra 7 del PAN y apenas cuatro del PRD. Solo hasta el 2022 Morena le quitó la mayoría de los gobernadores al PRI.
Así pues, el discurso transicionista de Woldenberg fue uno de los engaños políticos más importantes de los intelectuales transicionistas similar a los trucos de desaparición de edificios y animales gigantescos del ilusionista David Copperfield.
6.- La Restauración.
A partir de la secuencia del ciclo de transición de Morlino se puede estimar que todos los regímenes que son gobernados por personas necesariamente tienen que responder a la dinámica de contradicciones humanas. Es decir, que después de la consolidación de sistemas democráticos, necesariamente la dinámica del desarrollo social y político conduce nuevos reacomodos electorales que deben encontrar solución en las instituciones democráticas o iniciar un nuevo ciclo a partir de la crisis del sistema consolidado por la transición.
El comportamiento caudillista de López Obrador se saltó por las trancas todas las reformas de reorganización sistémica, construyó una mayoría que liquidó la estructura de partidos que es indispensable para cualquier democracia, restauró el viejo modelo populista de la Revolución Mexicana de consensos a mano alzada y por ese camino logró la mayoría de las instituciones de elección popular para modificar las leyes sin consenso ni acuerdos.
La facilidad con la que López Obrador ejerció su dominación en imágenes sobre la sociedad llegó el caso de que buena parte de las corrientes políticas conscientes que surgieron del 68 hasta el 2018 creyeron en el discurso reformista del tabasqueño, pero una vez con todo el poder absoluto en las manos decidió imponer por la vía de la democracia electoral su propio proyecto de nación.
Si se aplica el método científico político de Woldenberg sobre el criterio de que la transición mexicana comenzó con la victoria presidencial de Vicente Fox, entonces el expresidente del IFE y padre fundador de la transición mexicana tendré que explicar por qué por la vía electoral se puede destruir un modelo democrático también votado en las urnas.
A esta pregunta se lo puede caracterizar como la paradoja Woldenberg y de paso hacer añicos todo el discurso transicionista que Lorenzo Córdova Vianello quiso llevar adelante como el modelo de democracia constitucional, pero a partir de la realidad brutal de que López Obrador ganó en las urnas y en las leyes maniobreras institucionales vigentes del viejo régimen construyó la mayoría calificada para modificar la Constitución con decisiones que no encuentran acomodo en el viejo discurso democrático de Woldenberg y Córdova
En este contexto, a 25 años de la alternancia partidista de la Presidencia de la República que ya se sabe que no fue transición, la sociedad política mexicana tendría una segunda oportunidad de ahora sí debatir la verdadera transición a la democracia y de paso jubilar a Woldenberg y Córdova por sus errores metodológicos que deberán llevar a cancelar todos los reconocimientos académicos y políticos por inventar una transición que nunca fue y un discurso que solo benefició al objetivo antitransicionista de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Peña Nieto.
La transición de Salinas-Woldenberg-Córdova no transicionó a nada y en 2018 sentó las bases de la restauración del viejo régimen priista.
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