Las inconsistencias resaltadas en el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa evidencian un deficiente actuar en el proceso de investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, lo que pone a la propia fiscalía bajo sospecha.
Sara Bruna Quiñonez, ahora ex fiscal de Sinaloa aseguró el 29 de julio que Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, falleció a consecuencia de las heridas producidas por cuatro disparos de arma de fuego, durante un supuesto asalto el 25 de julio en una gasolinera de Culiacán.
Sin embargo, Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa y encargado de despacho de la fiscalía general del Estado, ahora negó que la Fiscalía diera a conocer esa versión y que las investigaciones se basaron principalmente en la versión de un testigo presencial del crimen, Fausto Ernesto ‘N’.
Dijo que la Fiscalía como institución jamás ha mencionado que hubo cuatro disparos, siempre se dijo que era la versión de la persona que arribó al nosocomio con la persona fallecida y se dijo la identidad de la persona por parte de la titular de la institución en ese entonces, “para efecto de que ustedes corroboraran el origen y valoraran la veracidad o no del dicho, la fiscalía nunca dio una versión que eran cuatro o más disparos”.
El funcionario informó que la causa de muerte de la víctima se debió a un choque hipovolémico secundario a la ceración de la arteria derecha producida por proyectil disparado por arma de fuego.
Asimismo, Castro Saavedra defendió la actuación de la Fiscalía de Sinaloa y dijo que la corporación no autorizó, en ningún momento, que el cadáver de Cuén Ojeda fuera incinerado.
La FGR atrajo el caso luego de la detención de Ismael El Mayo Zambada, en Estados Unidos el pasado 25 de julio.
Las deficiencias señaladas por la FGR sobre la carpeta de investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda son descartes de teorías, consideró el vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, negando que las inconsistencias resaltadas en el trabajo de la Fiscalía General del Estado evidencien un mal actuar en el proceso de investigación.
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