El rechazo del PAN a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal se presenta como una defensa de la democracia, pero también como parte de una narrativa de confrontación que ya parece estrategia electoral anticipada. En rueda de prensa, el diputado federal César Damián Retes, acompañado de figuras panistas en distintos niveles, señaló que la iniciativa presidencial no es más que una simulación, cuyo trasfondo es, según dijo, acallar a la oposición. El discurso apunta a una supuesta conspiración desde el poder para concentrar decisiones en una comisión presidencial, cerrada a los partidos y a los consejeros electorales, lo que sin duda genera suspicacias sobre el rumbo democrático del país.
El PAN insiste en que la pluralidad del Congreso debe preservarse y que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser defendido como una institución autónoma. El llamado a ‘tomar las calles’ refleja un ambiente de polarización que deja poco margen para el diálogo político. Retes recordó que la credencial para votar, aportación histórica de Baja California, es símbolo de ciudadanía, y que no puede permitirse que se debilite el servicio profesional electoral.
El planteamiento panista incluye la segunda vuelta presidencial, elecciones primarias, eliminación de la sobrerrepresentación y la modernización tecnológica con voto electrónico. Sin embargo, más allá de lo técnico, lo que está en disputa es el control de las reglas del juego político. La denuncia de ‘reformas destructivas’ hechas por Morena y la desconfianza en la reforma judicial evidencian que el PAN busca posicionarse como dique frente al oficialismo.
El problema es que este choque permanente alimenta la idea de que en México no se debate una reforma electoral, sino una conspiración de poder entre partidos. La ciudadanía queda atrapada en un discurso en el que unos se dicen defensores de la democracia y otros promotores del cambio, cuando en realidad lo que ambos buscan es asegurar su permanencia en el tablero político. La crítica del PAN es válida al señalar riesgos de concentración, pero también peca de oportunismo al convertir la defensa del INE en bandera electoral anticipada.
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