El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra ocho personas y 12 empresas mexicanas por su presunta vinculación con “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Las autoridades estadounidenses acusan a este grupo de operar una red de suministro de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo, una droga sintética responsable de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones afectan principalmente a personas y empresas radicadas en Culiacán, Sinaloa, que presuntamente funcionan como fachadas financieras y logísticas para el tráfico de opioides. Entre los señalados se encuentran Martha Emilia Conde Uraga, identificada como una de las principales intermediarias químicas, así como Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García y César Elías López Araujo.
Las compañías incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) son Sumilab, Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab, Store Lab, Importaciones y Nacional Marcelab, Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, señaló que la administración del presidente Donald Trump considera el combate al tráfico de drogas una prioridad de seguridad nacional.
“Estamos comprometidos a desmantelar las redes financieras que sostienen a las organizaciones narcoterroristas. Estas empresas facilitan el flujo de fentanilo que tanto daño ha causado a nuestras comunidades”, expresó Hurley.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y cuentas bancarias bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. Cualquier persona o entidad que colabore con los sancionados podrá enfrentar multas millonarias y penas de cárcel de entre cinco y quince años.
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