El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo estado de sitio durante 30 días en todo el país, tras los ataques de pandillas que dejaron ocho policías muertos y varios heridos, así como motines en tres cárceles que involucraron a rehenes.
La medida permite suspender derechos de reunión y manifestación, realizar detenciones e interrogatorios sin orden judicial y refuerza la acción de la Policía Nacional Civil y del ejército contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Arévalo explicó que la decisión busca “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” y actuar contra los grupos que cometen “acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población”.
Tras los motines del sábado 18 de enero, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las cárceles, incluyendo la prisión de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, donde 46 personas, en su mayoría custodios, habían sido retenidas. El operativo, que incluyó tanquetas y gases lacrimógenos, permitió liberar a los rehenes sin bajas. La policía detuvo a líderes de pandillas, incluyendo al cabecilla de Barrio 18, Aldo Ochoa.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que además de los ocho policías fallecidos, otros 10 resultaron heridos, mientras que hubo detenidos y un presunto pandillero muerto. El ejército, señaló el ministro de Defensa Henry Sáenz, permanecerá en las calles para “golpear” las estructuras del crimen organizado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases este lunes 19 de enero en escuelas públicas y privadas para priorizar la seguridad de estudiantes y personal docente.
Desde mediados de 2025, las pandillas han protagonizado motines y protestas en las prisiones del país exigiendo el traslado de sus líderes a cárceles con menores restricciones. En julio de ese año, 31 líderes de Barrio 18 fueron aislados en Renovación I, lo que generó confrontaciones continuas.
Con el estado de sitio, el gobierno busca un mayor control sobre las pandillas y garantizar que las fuerzas de seguridad puedan actuar de manera más eficaz frente a la violencia que ha afectado la seguridad ciudadana en la capital y otras localidades.
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