A un año de la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas durante el Festival Axe Ceremonia 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tiene identificados a los posibles responsables por el colapso de la estructura que provocó el fallecimiento de ambos trabajadores de prensa en el Parque Bicentenario. Entre ellos se encuentra la empresa encargada de supervisar el plan de protección civil, la firma que lo elaboró, la empresa organizadora del festival y la compañía que instaló materialmente la grúa.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, dio a conocer que la investigación ya cuenta con los elementos necesarios para sostener la imputación y avanzar hacia la vinculación a proceso. “Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión del plan de protección civil, la empresa que elaboró el plan de protección civil y la persona responsable en supervisarlo, la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”, expuso.
La funcionaria explicó que la audiencia inicial para formular la imputación no se ha concretado, pese a que la fiscalía ha buscado realizarla. Según indicó, la razón ha sido el diferimiento recurrente solicitado por la asesoría jurídica de una de las víctimas. En ese contexto, detalló que también se ha explorado la vía de un acuerdo reparatorio, mecanismo previsto por la ley en casos de homicidio culposo, aunque esa posibilidad ha generado inconformidad entre familiares.
“Entendemos que ellos han dicho, entre otras cosas, que se les ha otorgado los mecanismos de mediación para lograr un acuerdo reparatorio, que es una de las vías que permiten el derecho penal en estos casos de homicidio culposo, pero hay descontento de una de las víctimas, quienes han incluso presentado una denuncia en contra de asesores jurídicos”, señaló la fiscal durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El anuncio de la fiscalía ocurre días después de que familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas realizaron un acto de protesta en las inmediaciones del Parque Bicentenario para exigir justicia y denunciar que, a doce meses de los hechos, ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia inicial. En ese acto, descrito como un “anticoncierto”, participaron artistas independientes y se colocó una manta con la frase “No fue coincidencia, fue negligencia”, firmada por la colectiva Hoy Somos Todo por Miguel.
La presión pública sobre el caso también estuvo acompañada de señalamientos sobre recursos legales promovidos por empresas relacionadas con el festival. De acuerdo con lo expuesto por familiares de una de las víctimas, los amparos presentados por partes acusadas han contribuido a frenar el avance del proceso. En enero de este año, además, se informó que la fiscalía imputó a la empresa Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. y a Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. por su presunta responsabilidad en las muertes.
A un año del desplome, la fiscalía sostiene que ya tiene identificados a quienes podrían enfrentar el proceso penal. Lo que sigue dependerá de que la etapa judicial pueda destrabarse y de que las familias obtengan una respuesta en un caso que rebasó el ámbito del festival para convertirse en un tema de seguridad, responsabilidad empresarial y justicia en la capital.
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