Un Tribunal de Apelaciones autorizó este viernes la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas; esta resolución faculta a la policía estatal para arrestar y expulsar a personas sospechosas de estancia irregular. La corte determinó que las organizaciones civiles carecen de derecho procesal para frenar la normativa aprobada originalmente en 2023. El fallo permite que la entrada ilícita desde México sea castigada como un crimen estatal; las penas pueden alcanzar los veinte años de prisión para quienes reincidan en este delito.
La legislación otorga poder a las autoridades locales para retener a migrantes y faculta a los jueces estatales para ordenar su deportación al suelo mexicano. Grupos defensores de derechos humanos, como American Gateways, sostienen que esta ley usurpa funciones exclusivas del gobierno federal; además, advierten que la medida impide el derecho legítimo a solicitar asilo. Existe un temor fundado sobre posibles actos discriminatorios contra las comunidades hispanas y minorías raciales bajo este nuevo esquema de vigilancia.
El gobernador Greg Abbott impulsa esta iniciativa en un contexto de colaboración estrecha con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE); la presión estatal busca que ciudades como Houston y Dallas eliminen cualquier restricción al trabajo policial conjunto. A pesar del rechazo ciudadano a las políticas de mano dura, el control fronterizo se intensifica bajo la actual administración de Donald Trump. Los cruces irregulares registran hoy sus niveles más bajos; sin embargo, las campañas de detención masiva en el interior del país continúan en aumento.
Investigaciones de la Universidad de California en Berkeley revelan que los arrestos de personas sin antecedentes penales subieron un 770 % en el último año; asimismo, las detenciones en la vía pública crecieron más de diez veces según datos recientes.
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