Aún no comienza el proceso electoral de 2027, pero ya abundan los aspirantes que se promocionan en busca de una candidatura. Para ello, aprovechan los vacíos legales o la complacencia ocasional de los tribunales.
Algunos difunden sus actividades en redes sociales con un celo excesivo: cada visita, frase o incluso las felicitaciones de cumpleaños a sus colegas de partido son utilizadas como plataforma de promoción. A esto se suman aniversarios y eventos deportivos o musicales, convertidos en escenarios de autopromoción.
En diversas localidades, aparecen bardas y espectaculares que anuncian al aspirante bajo el pretexto de un informe de labores o actividades de apoyo social. Esta estrategia busca posicionar su imagen en el distrito —si aspiran a una diputación— o en el municipio —si pretenden una alcaldía— de cara a los próximos comicios.
Las encuestadoras han caído en esta dinámica y comienzan a medir a personajes que apenas ganan visibilidad entre el electorado. Destaca el caso del diputado morenista Arturo Ávila, quien aparece en las mediciones de dos entidades distintas, evidenciando una búsqueda pragmática de opciones. Este fenómeno cobra relevancia con el surgimiento de nuevas empresas de opinión que publican sondeos donde los punteros coinciden, curiosamente, con quienes mantienen una actividad más intensa en redes.
Dichas plataformas se han vuelto el campo de batalla principal. Ahí, los aspirantes no solo buscan el ánimo de los votantes, sino que atacan a sus adversarios —internos y externos— para descarrilar sus posibilidades y despejar el camino a sus proyectos personales.
En los espacios públicos, el debate se limita a las posibilidades de triunfo, pero se cuestiona poco el origen de los recursos para costear la publicidad digital, las giras y los equipos de apoyo. Es, en esencia, una campaña disfrazada de rendición de cuentas o de «cercanía con el pueblo».
Tampoco se critica la ambición de quienes buscan el siguiente cargo mucho antes de concluir el actual. Existen casos donde la promoción personal inició apenas asumieron el puesto para el que fueron electos, con la mira puesta en una candidatura a años de distancia. Esta práctica se ha normalizado tanto que la ciudadanía no suele reclamar las inasistencias de los legisladores a las Cámaras o su escasa productividad, siempre que sus visitas al estado que pretenden gobernar sean abundantes y mediáticas.
Quizá el caso que requiere un debate más profundo es el de Omar García Harfuch. Con una amplia cobertura por su cargo en el gabinete, aparece constantemente en encuestas que exploran la lejana elección presidencial de 2030. Su imagen incluso se comercializa en productos como toallas y cobertores, o se utiliza en botargas que entregan flores en Los Cabos, Baja California Sur.
Estas campañas adelantadas, bajo cualquier disfraz, exigen una revisión rigurosa por parte de la autoridad electoral.
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