El trasfuguismo político —motivado por el rechazo a una candidatura o por supuestas discrepancias con el rumbo partidista— suele desafiar cualquier lógica de coherencia. La renuncia al PAN de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, es un ejemplo nítido de este fenómeno.
Tras denunciar ataques internos y considerar bloqueado su camino hacia la gubernatura —en un estado donde su ahora exequipo ha gobernado por más de tres décadas—, Gutiérrez abandonó las filas blanquiazules. Casi de inmediato, trascendió que su destino apunta hacia Movimiento Ciudadano (MC). Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido naranja, ya extendió la invitación formal con un anzuelo específico: la candidatura al Gobierno del Estado.
Si la ambición electoral es el motor principal, Gutiérrez parece calcular que MC es una plataforma viable. El análisis es pragmático: si figuras como Alma Alcaraz y Ricardo Sheffield no lograron la victoria bajo la marca de Morena —con todo el peso del oficialismo a favor—, ella busca una vía alterna.
Sin embargo, el asunto tiene un ángulo que cuestiona la ética política. Al invitarla, Álvarez Máynez cuidó las formas frente a la gobernadora Libia Denisse García, pero arremetió contra el exmandatario Diego Sinhue Rodríguez, a quien, irónicamente, la alianza PAN-PRD-MC respaldó en su momento.
Más allá de la contradicción de criticar a un antiguo aliado, el dirigente naranja debe explicar cómo un partido que se autodefine como socialdemócrata asimila cuadros de la derecha más tradicional. La disonancia es evidente en temas como la despenalización del aborto, bandera de MC que choca frontalmente con la doctrina panista. Esta falta de cohesión ideológica se extiende también a las visiones económicas y de políticas públicas.
La suma de perfiles como Juan Zavala o Laura Ballesteros —ambos con pasado panista—, sumada al origen priista de Dante Delgado y del propio Álvarez Máynez, confirma que en MC el pragmatismo electoral sepulta cualquier declaración de principios.
Para el electorado, este «chapulineo» solo profundiza el rechazo hacia el sistema de partidos. Es precisamente esta conducta la que aleja a los ciudadanos de las urnas y deja el destino de los comicios en manos del voto duro. El episodio evidencia una realidad cruda: la clase política nacional prioriza la supervivencia de sus carreras personales sobre el desempeño gubernamental o legislativo, una afrenta que la ciudadanía solo puede sancionar el día de la elección.
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