Morena y sus aliados parecen haber encontrado la fórmula para intentar limpiar su imagen rumbo a las elecciones de 2027: trasladar al Gabinete de Seguridad tareas que no le corresponden y convertirlo, en los hechos, en una especie de Comisión Nacional de Honor y Justicia electoral para revisar la vida, antecedentes y relaciones de quienes aspiren a una candidatura.
La coalición Morena-PT-PVEM confirmó que recurrirá al Gabinete de Seguridad y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar que lleguen a las boletas personajes vinculados con corrupción, crimen organizado u otras actividades ilícitas. La decisión fue anunciada durante la reactivación de las negociaciones electorales de la alianza oficialista, que competirá unida en los comicios de 2027, donde estarán en juego 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, congresos locales y cientos de alcaldías.
El anuncio fue presentado como un mecanismo de “blindaje” para garantizar perfiles “adecuados”. Sin embargo, el trasfondo político revela otra cosa: Morena pretende fabricar candidatos “querubines”, políticamente intachables, después de años de escándalos, señalamientos y acusaciones de vínculos criminales que han alcanzado a gobernadores, alcaldes, legisladores y operadores del propio movimiento.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la medida será retomada por toda la coalición y defendió la continuidad de la alianza con el Partido Verde y el PT, argumentando que ha dado “resultados muy positivos” al país. Pero detrás del discurso de “valores” y “principios” surge una interrogante de fondo: ¿desde cuándo las tareas de inteligencia y seguridad nacional deben convertirse en herramientas de depuración partidista?
Porque el Gabinete de Seguridad no fue creado para seleccionar candidatos ni para fungir como oficina de control moral de Morena. Sus funciones constitucionales están relacionadas con la seguridad pública, el combate al crimen, la inteligencia estratégica y la protección del Estado mexicano, no con resolver los problemas de reputación política de los partidos.
La decisión también coloca a instituciones delicadas, como la UIF, en una zona de riesgo político. Utilizar mecanismos de inteligencia financiera para revisar perfiles partidistas abre la puerta a sospechas sobre un posible uso político de información sensible y del aparato del Estado con fines electorales.
MORENA RECONOCE DETERIORO ÉTICO EN SUS FILAS
En los hechos, Morena parece reconocer implícitamente que enfrenta un problema grave de infiltración y de deterioro ético en sus filas. Durante los últimos años, distintos personajes emanados de la llamada Cuarta Transformación han sido señalados por presuntos nexos con grupos criminales, corrupción, desvío de recursos o enriquecimiento inexplicable. La presión pública y mediática ha sido tal que ahora la dirigencia busca construir una narrativa de “purificación” interna.
Sin embargo, la contradicción es evidente. El mismo movimiento que durante años defendió candidaturas polémicas, minimizó investigaciones o cerró filas frente a acusaciones delicadas, ahora pretende presentarse como garante de pureza política. La apuesta parece orientada más a contener costos electorales que a una auténtica transformación ética.
Durante el anuncio de la continuidad de la coalición, los dirigentes de los tres partidos insistieron en hablar de unidad y fortaleza. Citlalli Ramírez afirmó que el objetivo será ganar las gubernaturas, mantener la mayoría en el Congreso y competir “con mucha fuerza” en las principales ciudades del país. Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde, destacó que una de las fortalezas de la alianza es su diversidad y adelantó que buscarán “blindar” el proceso electoral con perfiles adecuados.
El líder nacional del PT, Alberto Anaya, aseguró incluso que la coalición está “más sólida que nunca” y que representa una alianza de “valores, principios y causas del pueblo de México”.
GABINETE DE SEGURIDAD ¿UN FILTRO POLÍTICO?
Pero el intento de convertir al Gabinete de Seguridad en un filtro político podría terminar generando más cuestionamientos que certezas. Especialistas han advertido en otras ocasiones sobre el peligro de mezclar tareas de seguridad nacional con dinámicas partidistas, pues ello erosiona la neutralidad institucional y puede derivar en presiones políticas, espionaje o utilización selectiva de información.
La paradoja para Morena es contundente: mientras busca vender la imagen de candidatos impolutos, termina exhibiendo la profundidad de la desconfianza que existe dentro de sus propias filas. Porque si un partido necesita recurrir a las áreas de inteligencia y seguridad del Estado para revisar a sus aspirantes, lo que realmente está reconociendo es que no confía ni en sus propios mecanismos internos de control.
Así, rumbo a 2027, la llamada Cuarta Transformación no sólo quiere candidatos competitivos; quiere candidatos “querubines”. Y para conseguirlo, parece dispuesta a embarcar al aparato de seguridad del Estado en una tarea que, constitucionalmente, no le corresponde.
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