La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y al propio partido retirar nueve publicaciones en redes sociales en las que se relaciona a Morena con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
La decisión fue tomada ayer, durante una sesión extraordinaria urgente de carácter privado, después de analizar una denuncia presentada por Morena ante la posible difusión de propaganda calumniosa.
Los mensajes cuestionados contenían expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura” y “Cártel de Morena”.
Según el denunciante estos calificativos atribuyen falsamente al partido vínculos con organizaciones criminales.
Después de revisar el contenido, la Comisión aprobó medidas cautelares sobre cinco publicaciones realizadas desde cuentas de Alejandro Moreno y cuatro mensajes o republicaciones difundidos en las plataformas oficiales del PRI.
El INE sostuvo que esas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, debido a que lo asocian directamente con actividades de narcotráfico sin que en las publicaciones se presente un sustento fáctico suficiente.
La determinación no constituye todavía una sentencia definitiva sobre la existencia de calumnia ni una sanción contra Moreno Cárdenas o el PRI.
Se trata de medidas provisionales destinadas a evitar que los contenidos denunciados continúen circulando mientras se desarrolla el procedimiento electoral correspondiente.
RECHAZAN UNA PROHIBICIÓN GENERAL
La Comisión de Quejas también rechazó una solicitud de tutela preventiva presentada por Morena, mediante la cual pretendía impedir que el dirigente priista y su partido difundieran posteriormente expresiones semejantes.
Los consejeros determinaron que no podían ordenar una restricción anticipada sobre declaraciones futuras, debido a que se trataría de acontecimientos inciertos.
Por ello, la resolución se limita a los nueve mensajes identificados en la denuncia y no representa una prohibición general para que el PRI formule críticas políticas contra Morena.
La precisión resulta relevante porque Alejandro Moreno aseguró en sus redes sociales que el INE le había prohibido calificar a Morena como “narcopartido”.
Sin embargo, el comunicado oficial del organismo electoral señala que la tutela preventiva sobre publicaciones futuras fue declarada improcedente.
“NO NOS VAN A CALLAR”, RESPONDE MORENO
Tras conocerse la resolución, el dirigente nacional del PRI calificó la medida como un acto de censura, una limitación a la crítica política y una protección institucional para el partido gobernante.
Moreno Cárdenas cuestionó que el INE intervenga sobre las expresiones utilizadas por un dirigente opositor mientras, según afirmó, persisten la violencia, la impunidad y la intervención de grupos criminales en distintas regiones del país.
“La democracia no se fortalece silenciando a la oposición”, sostuvo el senador priista, quien acusó al organismo electoral de pretender convertirse en un escudo para Morena.
También anunció que impugnará la resolución ante las instancias electorales correspondientes y que presentará el caso ante organismos internacionales, con el argumento de que en México se estarían utilizando instituciones públicas para limitar la libertad de expresión y controlar las críticas contra el partido en el poder.
El presidente del PRI afirmó que su organización continuará denunciando los problemas de inseguridad y los presuntos vínculos de servidores públicos con grupos criminales.
Añadió que una resolución administrativa no puede borrar investigaciones, acusaciones o señalamientos conocidos dentro y fuera del país.
La decisión abre un nuevo capítulo en la confrontación entre Morena y los partidos opositores por el uso de calificativos relacionados con el crimen organizado.
En junio pasado, el INE ordenó al PAN y a su dirigencia retirar distintas publicaciones que también presentaban al partido guinda como un “narcopartido”, bajo el mismo criterio preliminar de que se atribuían conductas delictivas sin pruebas suficientes.
El fondo del actual procedimiento todavía deberá resolverse.
Mientras tanto, el PRI podrá recurrir las medidas cautelares ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá la última palabra sobre si la orden de retirar los mensajes se mantiene, modifica o revoca.
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