Desde la administración anterior se mantiene una constante disputa por el control de los medios de comunicación. Desde la Presidencia se ha criticado de manera recurrente a columnistas, articulistas, periódicos, portales, canales de televisión y estaciones de radio. En redes sociales, usuarios afines al Gobierno atacan a quienes expresan opiniones contrarias a su gestión, además de promover campañas de desprestigio contra voces críticas de la administración.
A la par de este escenario, diversos articulistas y comunicadores —como Joel Ortega, Azucena Uresti o los integrantes del programa Primer Plano— dejaron sus espacios en distintos medios. Paralelamente, figuras afines al régimen se incorporaron a diversos espacios de difusión, contribuyendo al esfuerzo propagandístico oficialista.
En contraparte, se han publicado investigaciones periodísticas sobre presuntos malos manejos y tráfico de influencias que involucran a personajes cercanos al poder. Destaca entre ellas la cobertura sobre el denominado “Clan”, que señala a amigos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la adjudicación de obra pública.
De igual manera, se ha dado difusión a los lujos exhibidos por destacados integrantes del movimiento oficialista en redes sociales, donde muestran viajes al extranjero, ropa de marca y joyería de diseñador. Otras investigaciones han expuesto inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y representantes populares, evidenciando propiedades millonarias o donaciones no esclarecidas.
Lejos de un equilibrio, estas escaramuzas perfilan un conflicto prolongado y de desenlace incierto. En una nueva fase de esta contienda, el Gobierno federal busca incidir en la labor informativa mediante una de sus herramientas habituales: la redacción de leyes con términos ambiguos que limitan la crítica e introducen un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico.
Un fenómeno similar ocurrió con legislaciones aprobadas en Puebla y San Luis Potosí —que debieron ser derogadas ante la presión social—, las cuales recurrían a formulaciones imprecisas para sancionar penalmente conductas diseñadas para frenar la fiscalización ciudadana.
La discusión sobre los derechos de las audiencias y los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien afirmó que de querer censurar podrían hacerlo, al tiempo de sostener que la publicidad oficial no debe asignarse a medios críticos como Reforma, El Universal o Televisión Azteca— confirman que la confrontación sigue vigente.
En este entorno, la ciudadanía enfrenta dificultades para informarse de forma objetiva. Por un lado, el aparato de difusión gubernamental busca defender sus posturas y descalificar los cuestionamientos. Por otro, actores oportunistas aprovechan la coyuntura para generar tráfico en portales web o captar audiencia mediante noticias falsas. La saturación de contenidos contradictorios complejiza el entendimiento de la realidad nacional, en medio de propagandistas de ambos extremos que intentan descreditar al adversario.
Esta contienda está lejos de concluir y perfila en los procesos electorales de 2027 uno de sus capítulos más decisivos por el control de la narrativa pública.
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