Una diputada de Morena en Puebla hizo públicas, a través de un pódcast, bromas sobre adultos mayores que desataron la indignación general. El hecho derivó en la advertencia de la dirigencia nacional de su partido sobre una revisión ante la Comisión de Honestidad y Justicia. El caso escaló hasta la conferencia «mañanera», donde la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en favor de que la agrupación política analice lo sucedido.
La polémica saltó de inmediato a las redes sociales, con exigencias que iban desde la dimisión o sanción de la legisladora hasta su «linchamiento digital» o funación. El caso evoca la controversia protagonizada por el comunicador José Manuel «Chumel» Torres a raíz de un chiste sobre el hijo menor del expresidente López Obrador; un episodio que devino en fuertes presiones públicas y la consecuente cancelación de sus espacios en la televisión de paga.
¿Resultaron inadecuadas sus expresiones? ¿Rebasaron la delgada frontera entre la irreverencia y la falta de respeto? Son interrogantes que suelen quedar sepultadas en el debate público. La indignación colectiva —rara vez satisfecha— persigue como fin prioritario el castigo y la «cancelación» de quien emite una frase incómoda para cierto sector.
Abordar esta problemática resulta indispensable en el contexto actual sobre los derechos de las audiencias. Existe una latente inquietud de que estos mecanismos puedan utilizarse como herramientas de censura, primero contra los medios de comunicación y, posteriormente, contra las redes sociales y la prensa escrita.
La fiscalización de las palabras de periodistas y usuarios digitales se ha transformado en un tema sensible dentro del panorama político actual. La libertad de expresión sufre un menoscabo cuando cualquier ciudadano —sin importar si ostenta un cargo público— queda expuesto a represalias por sus opiniones, con independencia de que sus posturas sean acertadas o cuenten con nuestro respaldo.
Pretender que los discursos de creadores de contenido, periodistas, analistas, legisladores o gobernantes se alineen con el pensamiento propio, se apeguen a la «corrección política» o atiendan a los dogmas del partido en el poder invalida el principio fundamental de la libertad de expresión, reduciéndola a una mera consigna retórica.
Aunque las declaraciones de la legisladora resulten desafortunadas u ofensivas —e incluso calificadas por la CNDH como un reflejo de violencia institucional—, subsiste el principio de que todo individuo posee la libertad de manifestarse sobre el tema que considere conveniente. La propia CNDH avivó la controversia al calificar las declaraciones en un boletín como «discursos de odio y estigmatización». Sin embargo, mientras algunos sectores demandan la remoción del cargo, el organismo garante se limitó a sugerir que la diputada y la legislatura local se sometan a procesos de sensibilización en materia de derechos humanos y vejez.
Llevar la vigilancia del lenguaje a extremos punitivos conlleva el riesgo de erosionar derechos fundamentales. En el debate actual conviene ponderar la célebre máxima atribuida popularmente a Voltaire —y formulada en realidad por la escritora Evelyn Beatrice Hall en 1906—: «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo».
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