La presión de la opinión pública está obligando a Morena a hacer algo que durante años parecía improbable: tomar distancia de algunos de sus propios militantes cuando su permanencia comienza a representar un costo político demasiado alto. Pero el partido intenta hacerlo sin admitir que está sancionando a nadie y, sobre todo, sin convertir una crisis política en una declaración de culpabilidad.
El caso de Adán Augusto López Hernández es ilustrativo. Cuando comenzaron a acumularse los cuestionamientos sobre el exsecretario de Gobernación y senador morenista, una eventual remoción de la coordinación parlamentaria habría tenido una lectura inevitable. Como ha señalado Roy Campos, quitarle el liderazgo podía interpretarse como una condena política antes de que existiera una determinación judicial. Morena optó por una salida menos traumática: López Hernández dejó la coordinación en febrero de 2026 e Ignacio Mier Velazco asumió el cargo. La versión oficial fue que se incorporaría al trabajo territorial rumbo a 2027. Sin embargo, Adán Augusto conservó su escaño y, con él, el fuero constitucional.
La fórmula resulta políticamente conveniente: se aparta al personaje de una posición estratégica, pero no se le expulsa del espacio de poder. No hay sanción, no hay sentencia y tampoco hay una ruptura formal. Hay, simplemente, una distancia suficiente para intentar reducir el costo de la controversia.
El episodio de Rubén Rocha Moya mostró que esa estrategia tiene límites. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió inicialmente que Estados Unidos debía presentar pruebas sobre las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y cuestionó la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Su argumento fue jurídico: no se puede proceder contra alguien sin evidencias suficientes.
Pero después ocurrió algo políticamente mucho más difícil de administrar. Rocha regresó a la gubernatura tras 112 días de licencia, sin que el Gobierno federal hubiera sido consultado. Morena y la estructura oficialista se deslindaron de la decisión y cerraron filas con Sheinbaum. Apenas unas 33 horas después, Rocha solicitó nuevamente licencia, esta vez por tiempo indefinido. El Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud el 23 de agosto.
El contraste es revelador. Mientras en el caso de Adán Augusto Morena encontró una salida institucional para preservar al personaje sin exponerlo demasiado, en Sinaloa la presión política terminó haciendo insostenible el regreso de Rocha. El problema dejó de ser exclusivamente jurídico y se convirtió en un problema de imagen, autoridad presidencial y viabilidad electoral.
Ahí está el verdadero desafío para Morena. La lista de dirigentes, funcionarios y militantes cuestionados crece, mientras la opinión pública exige explicaciones que ya no pueden resolverse simplemente con el argumento de que «no existen pruebas». El debido proceso es indispensable, pero también lo es la responsabilidad política.
Morena enfrenta así una contradicción incómoda: defender la presunción de inocencia sin convertirla en un blindaje político. Porque una cosa es no declarar culpable a alguien antes de tiempo y otra muy distinta asumir que, mientras no exista una sentencia, el partido debe mantenerlo en posiciones de poder.
La presidenta parece haber entendido que algunas decisiones ya no pueden tomarse solamente dentro de Morena. También deben considerar el juicio de los ciudadanos. Y ese juicio, aunque no sustituye a los tribunales, puede terminar determinando qué políticos sobreviven políticamente a sus propios escándalos.
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