La crisis que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente político. El dirigente nacional panista, Jorge Romero, afirmó que Morena no puede deslindarse de la crisis del INE y anunció que buscará revertir la reforma de octubre de 2024, con la que el oficialismo amplió las facultades administrativas de Taddei. Busca devolver al Consejo General la intervención en los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
En un pronunciamiento difundido el 1 de noviembre, Romero respondió al deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó que Morena sea responsable de la crisis y pidió extender las investigaciones sobre contrataciones a la administración de Lorenzo Córdova, quien encabezó el organismo de 2014 a 2023.
Romero afirmó que Morena no puede desvincularse de Taddei. Recordó que Andrés Manuel López Obrador celebró su nombramiento en 2023 y aludió a la cercanía de la entonces consejera presidenta con integrantes de su familia. Aunque llegó al cargo mediante insaculación en la Cámara de Diputados, el PAN cuestionó sus vínculos familiares con funcionarios y representantes del oficialismo.
BUSCAN REVERTIR LOS SUPERPODERES DE LA PRESIDENCIA
Uno de los principales señalamientos de Romero se refiere a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada por Morena y sus aliados en octubre de 2024. La modificación al artículo 45 permitió que la presidencia del INE designara directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.
Antes, los nombramientos requerían el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General. La reforma retiró esa facultad al órgano colegiado y la concentró en la presidencia, decisión cuestionada por consejeros y que motivó una controversia constitucional.
Acción Nacional pretende restablecer el mecanismo anterior. La iniciativa requiere aprobación del Congreso, donde Morena y sus aliados mantienen la mayoría, y enfrenta un obstáculo constitucional: el proceso electoral federal 2026-2027 comenzó el 10 de septiembre y el artículo 105 prohíbe modificaciones legales fundamentales durante su desarrollo. Deberá determinarse si la contrarreforma puede tramitarse sin contravenir esa disposición.
EXIGEN INVESTIGAR Y ACLARAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS
Romero advirtió que la renuncia de Taddei no debe cerrar las investigaciones por posibles actos de corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración. Exigió esclarecer el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades de funcionarios y particulares que pudieran haber participado.
El PAN dará seguimiento a la denuncia presentada el 27 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicitó investigar posibles delitos relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos. Enumeró seis figuras: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Son señalamientos que deberán investigarse y cuya presentación no acredita responsabilidades penales.
CSP Y EL PAN AMPLÍAN EL DEBATE A CÓRDOVA
Sheinbaum pidió el 27 de octubre que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisara contratos de distintas administraciones y, tres días después, cuestionó a Córdova por los esquemas de contratación con proveedores de materiales electorales señalados por presuntas irregularidades.
El exconsejero rechazó los señalamientos. Afirmó que su gestión, de 2014 a 2023, fue fiscalizada por la ASF sin irregularidades relevantes y sostuvo que Morena debilitó los contrapesos del Instituto al ampliar las atribuciones de Taddei.

PIDEN UN RELEVO INDEPENDIENTE
En medio de las acusaciones y de las exigencias de renuncia para los cuatro funcionarios identificados como “taddeístas” que aún permanecen en el INE, Romero pidió a la Cámara de Diputados garantizar un proceso transparente para elegir a quien sustituya a Taddei en la presidencia del organismo.
Para el PAN, la renuncia no cierra el caso: abre una revisión de decisiones, contratos y facultades concentradas durante su gestión. Persisten nuevas dudas. Morena deberá responder por el respaldo político y legislativo que permitió fortalecer la presidencia del INE, mientras avanzan las investigaciones y se define quién concluirá el periodo.
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