La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de más de 30 servidores públicos, exfuncionarios y particulares presuntamente relacionados con una red de «aviadores» que habría operado desde 2021 en distintas dependencias del gobierno estatal.
De acuerdo con las investigaciones, el esquema habría provocado un daño al erario estimado en 96 millones de pesos, únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, mediante el pago de salarios, aguinaldos, primas vacacionales y bonos a personas que presuntamente no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas.
La red cobraba cerca de 4 millones de pesos por quincena
Según la Fiscalía, la organización generaba pagos por aproximadamente 4 millones de pesos cada quincena a través de plazas presuntamente irregulares.
Las indagatorias señalan que algunos de los involucrados también se asignaron plazas docentes con sueldos cercanos a 50 mil pesos mensuales, las cuales podrían utilizar para efectos de jubilación o como respaldo laboral en caso de dejar sus cargos de confianza.
Las conductas investigadas podrían configurar delitos como abuso de autoridad y fraude, además de otros que pudieran derivarse conforme avance la investigación.
Exfuncionarios y mandos de distintas dependencias
Entre las personas detenidas se encuentran:
- Dos exsubsecretarios.
- Dos exdirectores generales.
- Dos exdelegados administrativos.
- Un excoordinador de delegaciones.
- Dos delegados administrativos.
- Un coordinador de delegaciones.
- Dos directores de área.
- Cinco subdirectores.
Los investigados pertenecían o habían laborado en dependencias como las secretarías de Finanzas, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Seguridad y la Oficialía Mayor.
Así habría operado el esquema
La Fiscalía señaló que la red presuntamente reclutaba familiares, amigos y personas de confianza para registrarlos como trabajadores del gobierno sin que realizaran actividades laborales.
Las altas eran efectuadas en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y en la plataforma META 4, utilizada para la dispersión de nómina.
Posteriormente, los llamados «reclutadores» retenían las tarjetas bancarias de los beneficiarios y retiraban los recursos para distribuirlos entre los integrantes de la organización.
De acuerdo con las investigaciones, algunos de los supuestos beneficiarios recibían apenas 6 mil pesos por permitir el uso de su identidad, mientras que el resto del dinero era repartido entre quienes operaban el esquema.
Detectan presuntas irregularidades administrativas
Las autoridades también identificaron la presunta utilización de claves de acceso compartidas entre funcionarios para dar de alta trabajadores en planteles educativos inactivos, principalmente en municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Zumpango, Amecameca, Luvianos, Tejupilco, Zinacantepec y Almoloya de Alquisiras, con el fin de dificultar la detección de las irregularidades.
Asimismo, la Fiscalía indicó que las altas de personal se realizaban durante la madrugada y que, tras detectarse las primeras investigaciones, algunos presuntos reclutadores instruyeron a los involucrados a cancelar sus cuentas bancarias y negar cualquier vínculo laboral con el gobierno.
Investigación continúa
La FGJEM señaló que las investigaciones permanecen abiertas para determinar si existen más personas involucradas o si el esquema operó en otras dependencias estatales.
Las autoridades también indagan el origen del patrimonio de algunos de los detenidos, luego de detectar presuntas inconsistencias entre sus ingresos como servidores públicos y su nivel de vida, que incluía viajes internacionales, inmuebles de alta plusvalía y vehículos de lujo.
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