Alejandra ‘N’ cometió un presunto fraude por un monto superior a los 3.2 millones de pesos en perjuicio de un hombre a quien conocía desde 2017; la imputada aprovechó la relación de amistad que entabló con la víctima cuando los hijos de ambos coincidieron en el mismo plantel educativo.
La acusada convenció a su conocido para entregar distintas sumas de dinero bajo la promesa de ingresar a un exclusivo esquema financiero; la mujer aseguró que la propuesta otorgaría elevados rendimientos, por lo que solicitó transferencias bancarias y datos de tarjetas de crédito para liberar el supuesto capital.
Las indagatorias permitieron que elementos de la Policía de Investigación (PDI) pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rastrearan y capturaran a la imputada en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.
El operativo de aprehensión en contra de Alejandra ‘N’ ocurrió el pasado 19 de agosto de 2026; las fuerzas de seguridad capitalinas ejecutaron la orden judicial.
El historial de operaciones delictivas inició el 23 de mayo de 2025 tras un primer traspaso por 365 mil pesos; la víctima continuó con depósitos periódicos en la cuenta personal de la acusada hasta el 5 de agosto de 2025, sin obtener jamás los beneficios prometidos.
Para comprobar el ilícito, el Ministerio Público recabó la declaración formal del afectado y tramitó autorizaciones judiciales para acceder a los registros bancarios; a través de estas pruebas las autoridades documentaron cada movimiento contable.
Un dictamen especializado en materia de contabilidad emitido por peritos oficiales confirmó el mecanismo utilizado por la acusada; la evaluación de los expertos fijó la afectación patrimonial exacta en una cifra superior a 3.2 millones de pesos.
Durante la audiencia judicial que tuvo lugar el martes 25 de agosto de 2026, la representación social expuso los elementos de prueba; tras revisar la evidencia el juzgador determinó vincular a proceso a Alejandra ‘N’ por el delito de fraude.
El juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra la imputada; además concedió un periodo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria antes de pasar a la siguiente fase del procedimiento penal.
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