El día de ayer, representantes de diversas colectivas e integrantes de familias afectadas por la violencia de género en el oriente del Estado de México cerraron el paso en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Tepalcates; la manifestación buscó evidenciar los rezagos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y las omisiones del Poder Judicial del Estado de México en localidades como Ixtapaluca, Amecameca y Chalco.
Dentro de los expedientes expuestos destacó la anulación de condenas por parte del tribunal de alzada en el caso de María Enedelia García, víctima de feminicidio en 2023 en Ixtapaluca; la autoridad judicial desestimó los 62 años de cárcel previamente dictados contra el presunto responsable y le concedió la libertad plena bajo el argumento de inconsistencias en el testimonio de la hija de la víctima.
Un criterio semejante ocurrió en el expediente de Jimena Sarahí, joven de 14 años que perdió la vida a manos de tres individuos en Ixtapaluca; las autoridades judiciales dejaron sin efecto la sentencia de 103 años de prisión impuesta a los agresores en noviembre de 2024, otorgándoles el beneficio de la excarcelación en enero de 2025.
Las familias manifestantes expusieron además la inactividad de las corporaciones policiacas tras la muerte violenta de Sharoon Valery, registrada el 1 de junio de 2026 en Geovillas de Jesús María, Ixtapaluca; la madre de la joven señaló fallas en el resguardo del área de los hechos por parte de la policía municipal y la ausencia de personas bajo proceso a tres meses del crimen.
La protesta visibilizó la parálisis en las investigaciones sobre la desaparición de María de los Ángeles, vista por última vez en agosto de 2023 en Amecameca, así como las constantes suspensiones de audiencias en el caso de Itzel en Atlautla; a la par, la madre de la menor Martita Tello reprochó una década de impunidad y falta de avances para dar con los responsables del homicidio de su hija.
Defensoras de derechos humanos como Carmen Sánchez y colectivas de la zona oriente criticaron que las autoridades obliguen a esperar 48 horas para iniciar el rastreo de personas no localizadas y posterguen la captura de sospechosos con órdenes de detención activas; las activistas rechazaron también el cobro indebido de peritajes y la oferta de mesas de negociación sin resultados reales.
Durante la movilización en los límites con la Ciudad de México (CDMX), personal de la FGJEM recibió las peticiones de los contingentes sin firmar compromisos ni aceptar el traslado de los expedientes al fuero federal; las agrupaciones advirtieron la continuidad de los bloqueos ante la falta de garantías de seguridad y las liberaciones de personas con fallos condenatorios.
Únete al canal de WhatsApp de El Independiente y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
